InfoRED, 27 de junio.- Por Canal Interoceánico. El 17 de junio de 2014 los señores Steve Eduardo Martin Cuthbert, Presidente del Consejo de Ancianos de la comunidad indígena Miskitu de Tasbapounie; Santiago Emmanuel Thomas, Presidente del gobierno territorial indígena Rama y Kriol (GTR-K).
Rupert Allen Clair Duncan,  Presidente del gobierno comunal afrodescendiente de Monkey Point y la Señora Nora Newball, Coordinadora del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, todos ciudadanos nicaragüenses, de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS).

 

Presentaron en nombre propio y de sus comunidades y territorios, una Petición  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Argumentan que sus derechos colectivos han sido violados; por lo que por ese medio solicitan, la protección de sus derechos a la autodeterminación y al acceso y uso efectivo de sus tierras tradicionales y recursos naturales; base fundamental de su cultura y subsistencia como pueblos indígenas y afrodescendientes.

 

El régimen legal de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe es establecido por la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 5, 89 y 180, desarrollado por la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, y la Ley No. 445.

 

Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.

 

Esta ultima emitida en el año 2003, a raíz del mandato de  la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Indígena Mayangna (sumo) de Awas Tingni Vs. Nicaragua.

 

La Corte Interamericana ya se ha pronunciado también sobre la importancia de la participación política de los pueblos indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua por medio del caso YATAMA Vs. Nicaragua en el año 2005.

 

En esta ocasión los indígenas y afrodescendientes argumentan las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales), 21 (derecho de propiedad), 23 (derechos políticos), 24 (igualdad ante la ley).

 

Y 25 (protección judicial) en concordancia con los artículos 1(1) (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

 

Los peticionario solicitaron a la CIDH que el Estado de Nicaragua les brinde la información pertinente sobre el mega proyecto Canal Interoceánico para conocer y analizar las posibles afectaciones en sus tierras y territorios.

 

Así como una consulta adecuada para conseguir su consentimiento, previo, libre  e informado, como lo establece la normativa nacional e internacional.

 

Buscando una respuesta en Nicaragua, estos pueblos y comunidades presentaron un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en julio de 2013, en contra de la anómala aprobación de la Ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal,  Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.

 

Pero en diciembre del mismo año la Corte Suprema declaró sin lugar el Recurso, junto a 31 recursos más que diferentes estratos y entidades de la sociedad nicaragüense había también presentado.

 

Quedándoles solamente a estos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes la vía internacional, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), para así buscar la reivindicación de sus derechos violentados•