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(José Antonio Vera)
Argenpress, 27 de junio.- Los restos del aparato de dirección de lo que fue, hace unas siete décadas, el Partido Liberal en Paraguay, acaba de recibir una ayuda alimenticia por parte de su viejo adversario cómplice, el Partido Colorado, que acaba de entregarle la presidencia del Congreso a Blas Llano, la cabeza más visible de esa resquebrajada institución política.
La decisión no es producto de un nuevo acuerdo, sino que es parte compensatoria del maridaje que perpetró el Golpe de Estado de junio del 2012, cuando la cúpula liberal, ocupando la Vicepresidencia de la República.

 

Traicionó el proceso de cambios que había comenzado en el 2008, con el triunfo de la Alianza Patriótica, conglomerado variopinto que, en su improvisación y oportunismo ideológico engendró a sus sepultureros.

 

La asunción de Llano, el primero de julio, en virtud de los beneficios del cargo sin dudas le aportará oxígeno a su organización que en estos dos años viene sufriendo efectos pírricos de su osadía golpista, enterrándose en el descrédito interno y social.

 

Pero difícilmente podrá salir de su deslizante ocaso, mal que, objetivamente, sufren todas las estructuras partidarias del país, reflejo de una descomposición política sin atenuantes.

 

Desde hace tres semanas, y nadie puede saber hasta cuándo, cerca de 50 mil familias en todas las riveras del país, sobreviven anegadas por las crecidas inéditas de los principales ríos, en un drama que se repite cada año en la entrada del invierno.

 

Sin que el Estado sea capaz de practicar una respuesta más allá de los discursos y las promesas, dejando librada a la caridad la ayuda al medio millón de esas víctimas de siempre de la exclusión social, del hambre y de infinidad de enfermedades curables que sufren niños y ancianos.

 

La irresponsabilidad estatal es tal que en Asunción la recolección de basuras prosigue por una empresa privada que actúa como en tiempos normales, con la misma irregularidad que habilita la tercerización sin control.

 

Y sus camiones continúan volcando los desechos en el infernal y nauseabundo depósito de Cateura, cuyas pirámides formadas por las palas de arrastre, se van desmoronando hacia el Río Paraguay, en una imparable contaminación ambiental que todo el mundo ve y nadie intenta ni podría detener por la fuerza de las correntadas.

 

El cambio de sitio del vertedero no se produce a causa de una perversa insensibilidad, falta de visión, abuso burocrático y ausencia de voluntad política. 

 

El paramilitarismo ya es una realidad en estas tierras guaraníes, de la mano y la chequera de terratenientes y narcotraficantes, que emplean comandos armados contra los pueblos originarios y las familias campesinas más pobres.

 

Para robarles sus tierras y sus escasas pertenencias, aprovechando la impunidad y corrupción que caracteriza al fallido Estado Paraguayo. Más de un millón de labriegos han sido desalojados en la última década.

 

En la noche del jueves al viernes últimos, unos cincuenta civiles armados, contratados por la Empresa Laguna S.A., de nuevo asaltaron a la Comunidad Ava Guaraní del Distrito Y’apo, del oriental Departamento de Canindeyú, que el Río Paraná separa de Brasil.

 

Bajo pretexto de un amparo de una Fiscal que, en clara violación constitucional, autorizó continuar ocupando ilegalmente un campo estatal de 5.000 hectáreas, parte habitado desde tiempos ancestrales por familias indígenas, según consta en la Dirección Nacional del Registro Público de Propiedad.

 

El 20 de mayo último, se había producido una invasión armada similar, que incendió los rancheríos y arrasó las siembras de autoconsumo, con comprobada participación policial.

 

Con vehículos de tierra y helicópteros de apoyo al empresario, quien reside en San Pablo y opera en Paraguay mediante un Administrador y un Abogado, quienes oficiarían de prestanombres.

 

Fue tal la intensidad de la agresión, esa noche, que los nativos pudieron salvar sus vidas escondiéndose en los montes.

 

Esa nueva agresión se produjo al cumplirse dos años de la masacre de 11 campesinos y seis policías en la vecina localidad de Marina Cué, en una encerrona presuntamente planificada por un fuerte empresario y alto dirigente del gobernante Partido Colorado.

 

También ocupante ilegal de 1.800 hectáreas fiscales que, formalmente, igual que la anterior propiedad, están destinadas a la nunca efectivizada y siempre prometida, por todos los gobiernos, reforma agraria.

 

Desde hace muchas décadas, numerosos capos terratenientes, abrazados al poder, acostumbran correr los alambrados y apropiarse de las tierras estatales, practicando un delito que suma millones de hectáreas en todo el país.

 

La coincidencia de esas fechas, la nueva agresión a esa comunidad indígenas Ava Guaraní, y el Golpe de Estado, es celebratoria de la impunidad que reina en este país desbordado por la corrupción, denunciada a diario por los medios de prensa que llenan sus espacios con listados de fraudes.

 

Sobrefacturación, financiación de obras públicas fantasmas, vaciamiento de hospitales y otros entes y desfalcos diversos que involucran a las más altas autoridades de todo el abanico de las instituciones estatales y empresas privadas.

 

La fecha escogida para perpetrar un nuevo ataque a otro de los pueblos originarios, a los cuales el agronegocio les roba sus tierras ancestrales y los convierte en parias, es interpretada por algunos medios, en particular entre las propias comunidades indígenas.

 

Organizaciones campesinas y otras fuerzas progresistas, como una burla más a la ciudadanía partidaria de impulsar cambios en la conducción política del país, tal como venía dándose desde el 2008 hasta el golpe, que terminó con el más avanzado proceso de políticas sociales de los últimos 70 años.

 

La realidad muestra a las oportunistas y avarientas cúpulas liberal y colorada abrazadas en el proyecto de privatizar las empresas del Estado, asociadas a las corporaciones transnacionales del agronegocio y la megaminería.

 

Con grupos oligárquicos internos en la función de falderos, aplicando un plan con fuerte tufo norteamericano, en comprobada réplica de la destitución, en el 2009, del mandatario de Honduras Manuel Zelaya.

 

Con el pretexto de perseguir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuya existencia está rodeada de misterio, aunque la prensa comercial presente como una guerrilla sin que nunca haya existido un combate con las fuerzas conjuntas policía-ejército.

 

Desplegadas con elevado presupuesto y armamento moderno en el noreste del país, la represión de campesinos continúa con el asesinato de varios dirigentes emergentes en manos de sicarios contratados por terratenientes y narcotraficantes.

 

Decenas de labriegos están distribuidos en las cárceles del país, acusados sin pruebas de subvertir el orden.

 

Al EPP se le atribuye el secuestro, a fines de abril, de un joven de 16 años, hijo de una familia menonita productora de la zona, la cual habría pagado 500 mil dólares y entregado por otros 50 mil comestibles entre la población vecina más pobre, tal como les habrían exigido los raptores, pero estos aún no han cumplido con el trato.

 

Agravando el conflicto en una región con fuerte presencia de una base del Comando Sur norteamericano y de asesores israelíes, los cuales han sido visualizados por algunos agentes del gobierno como potenciales actores en una operación militar de rescate.

 

“Los paramilitares irrumpieron entre las familias indígenas, las encerraron en una choza y disparando sus armas, procedieron a abusar de las mujeres, y obligaron a todos a tirarse al suelo para caminarles encima y golpearles, y una niña de cinco años recibió una bala en una piernita, que el forense constató que era de plomo.

 

Contra la versión de la empresa, que afirma que sus guardias sólo utilizan balines de goma para defenderse de la agresividad de los indígenas y campesinos, a los que incluso la policía tiene miedo, dicen sus indecorosos voceros”, declaró la antropóloga Raquel Peralta, presente en el sitio.

 

Es falsa la versión de la agresividad de los nativos, afirma, “pues aquí estamos sólo tres religiosas y algún funcionario del INDI (Instituto Nacional del Indígena) y quienes vinieron a matarnos no son guardias de seguridad, sino campesinos contratados.

 

Que ni se conocen entre ellos, y es probable que el asaltante que murió de un balazo fuera uno de ellos, pues aquí no hay armas de fuego y el único que fue apresado estaba drogado y hambriento, pero armado hasta los dientes”.

 

El asalto de la comunidad no fue más grave por la intervención solidaria de “hermanos de etnias vecinas”, que al oír los disparos vinieron en ayuda con sus arcos y flechas, destacan los indígenas, al denunciar la complicidad de las autoridades policiales y fiscales con los latifundistas.

 

Como quedó comprobado con la aparición inmediata de una ambulancia, “que no dejamos entrar porque es la misma que vino el mes pasado y con el mismo personal, cuando se produjo la otra invasión de nuestras familias”.

 

http://www.argenpress.info/2014/06/paraguay-ametralladoras-contra-arcos-y.html