InfoRED, Servindi, 14 de marzo.- Sociedad civil de la región evidencia necesidad de transparentar la información de inversiones suramericanas con capital del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).
Organizaciones de la sociedad civil publicaron el estudio “Casos paradigmáticos de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Suramérica”.
 
En este recomiendan la transparencia como requisito esencial para que el BNDES apruebe y financie futuros proyectos, con miras al desarrollo sostenible de la región.
El estudio responde al hecho de que en el sur de América Latina se están ejecutando una serie de proyectos de infraestructura, energía y minería, cuyo principal financista es el Banco Nacional de Brasil (BNDES).
Dicha institución bancaria apoya a por lo menos diez proyectos con potenciales impactos socio-ambientales en las comunidades donde se desarrollan.
Según César Gamboa, director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), “el tema de las inversiones que realiza el BNDES no es un asunto que solo compete a los brasileros”.
Observa que dada la magnitud y envergadura de dichas inversiones en la región “es necesario que el Banco asuma su rol como actor regional con la implementación de políticas de salvaguardas y el fortalecimiento de la transparencia”.
Gamboa destacó que “es necesario que en los espacios de participación como el Foro de Participación Ciudadana al interior del BNDES, que ya es un gran avance, se incluya a organizaciones sociales y movimientos indígenas regionales para garantizar una verdadera participación y mostrar una coherente apertura al diálogo”.
«»El BNDES en Perú.
En el caso de Perú, la publicación incluye al proyecto de generación eléctrica de gran envergadura Central Hidroeléctrica Chaglla, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BNDES.
Pierina Egúsquiza, especialista de DAR, anota que mientras el BID cuenta con políticas medioambientales, salvaguardas sectoriales definidas y políticas de inversión eléctrica para preservar la calidad del aire, agua y tierras no sucede lo mismo con el BNDES.
El banco brasileño carece de una política socio-ambiental clara y exigente. Tampoco cuenta con políticas de transparencia y acceso a la información para sus inversiones fuer de territorio brasileño, al estilo de los grandes bancos con implicancia regional o global, agregó Pierina.
La investigación destaca que a partir del desarrollo del Chaglla se pueden contar con las lecciones aprendidas para que el BNDES “introduzca dentro de sus políticas mejores estándares ambientales y sociales como los del BID”.
Además, “dado que Odebrecht es la empresa encargada de la construcción de la Central Hidroeléctrica Chaglla, el BNDES podría exigir el mismo tratamiento ambiental y social en las futuras inversiones que realice en otras centrales hidroeléctricas y proyectos de infraestructura” dijo la especialista.
«»Inambari.
El libro también incluye el caso de la Central Hidroeléctrica de Inambari, que si bien está actualmente “paralizado” y la participación del BNDES no es certera, todavía “se encuentra priorizado en diversos documentos del Estado y estudios de planificación energética”.
Inambari es señalado como un proyecto que debe entrar en funcionamiento en el 2040 por ser considerada con potencial de exportación al Brasil en el marco del Acuerdo Energético Perú-Brasil, aún en debate, señaló Pierina Egúsquiza.
El estudio de estos casos busca evitar “repetir las experiencias en la implementación de hidroeléctricas por parte de Brasil en la Amazonía – específicamente el caso Paraguay y la Central Hidroeléctrica de Belo Monte- que han generado reacciones y conflictos sociales y ambientales”.
“Asimismo conocer el verdadero rol que jugaría el BNDES como Banco Nacional de Brasil en el financiamiento de las empresas involucradas en el proyecto Inambari y otros proyectos de infraestructura”, indicó Egúsquiza.
La publicación es el resultado de un esfuerzo colectivo de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, de Colombia), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA, de Bolivia).
También la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú, el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO, Argentina),.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Perú), el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, México), el International Rivers (IR, Brasil) y el Instituto Socio Ambiental (ISA, Brasil).
http://servindi.org/actualidad/102900