Ilustración: Mongabay Latam.

Servindi, 5 de mayo, 2021.- Perú figura como el país con más casos en la investigación de Mongabay Latam, que también observa la situación en Colombia, México y Ecuador. Actualmente, 156 defensores ambientales de Perú, Colombia, México y Ecuador enfrentan procesos judiciales por proteger sus territorios, donde en muchos casos el Estado es el denunciante, revela el reciente reportaje de Mongabay Latam.
De ellos, 37 son pobladores indígenas de la Amazonía de Perú y Ecuador. Asimismo, los sectores que más derivan en conflictos con casos de criminalización son la minería y la agroindustria.
Con 77 casos de defensores ambientales demandados, Perú es el país con la cifra más alta entre los investigados. Luego le siguen Colombia con 36, México con 22, y Ecuador con 21 casos.
Para sus hallazgos, el portal revisó Ministerios Públicos, fiscalías, defensorías del pueblo y 11 organizaciones de derechos humanos de los cuatro países observados.
Tabla interactiva elaborada por Mongabay Latam, teniendo en cuenta los datos registrados.
<>Demandas por enfrentarse a la minería ilegal.
Más de la mitad de personas defensoras denunciadas en Perú se relacionan a conflictos con proyectos mineros. Una de las 44 es Virginia Pinares, quien protestó contra la mina de cobre Las Bambas.
Desde hace seis años, junto a otros dirigentes en Cotabambas, exige que se detenga el daño ambiental por el constante transporte de minerales en camiones.
Cada mes, durante ese tiempo, Pinares ha tenido que firmar un documento ante el juzgado para certificar que sigue viviendo en el mismo domicilio, debido a procesos de reiteradas denuncias carentes de fundamentos.
Este tipo de judicializaciones buscan causar miedo para que nadie quiera ser dirigente, señaló al portal David Velazco, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
Así también están los casos de 11 defensores acusados de extorsión, disturbios y violencia contra la autoridad por protestar contra el proyecto Conga de la Minera Yanacocha S.A. en 2012.
La situación se repite a lo largo del país, afectando a personas que protestan por proteger sus fuentes de agua de empresas que depredan minerales sin considerar los daños a la naturaleza.
Enfrentamiento entre las comunidades campesinas y la policía por proyecto Las Bambas en Perú. Foto: Observatorio de Conflictos Mineros.
<>Defensores indígenas sin defensa.
La mitad de casos de defensores criminalizados por conflictos mineros ocurrieron en la Amazonía y las 31 víctimas en total son indígenas, señala Mongabay Latam, que también consultó a Mary Lawlor.
La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) confirma que indígenas, afrodescendientes y defensores de zonas remotas son atacados con mayor frecuencia.
Mientras que en Perú son demandados 10 indígenas awajún por mineros ilegales en la selva norte; en Ecuador, 14 indígenas shuar enfrentan procesos penales por dos mineras que dañan sus tierras y agua.
Pero, el caso más alarmante de Ecuador es el desalojo de una pequeña comunidad en Nankints, en la que vivían 32 indígenas shuar hasta que la compañía minera Explorcobres S.A. compró las tierras.
Desde que la policía los desalojó el 11 de agosto de 2016, diciendo que la tierra era propiedad de la compañía, no quedan vestigios de las ocho familias indígenas, que huyeron obligadas.
Respecto a Perú, se resalta el Baguazo, en junio de 2009. Miles de indígenas wampis y awajún tomaron una estación petrolera para protestar contra dos decretos legislativos que reducían su autonomía sobre sus tierras.
Además de las 33 muertes (policías e indígenas) durante el enfrentamiento, 53 indígenas fueron acusados por delitos de homicidio calificado, desorden público y obstaculización a servicios públicos. Actualmente seis mantienen procesos penales activos.
<>Estado que denuncia defensores ambientales.
Según la investigación, en 118 de los 156 casos las demandas se originaron por conflictos ambientales con empresas privadas, pero en la mitad de ellos es el Estado el que denuncia.
El ejemplo más resaltante es el caso de los defensores colombianos en Arauca, donde la Fiscalía General de la Nación firmó un convenio para investigar delitos que atenten contra proyectos petroleros del sector.
La alianza entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la petrolera Ecopetrol surgió por grupos armados que operan al margen de la ley, se señala; no obstante, se termina judicializando a defensores ambientales.
Marcha en caso Arauca. Foto: Trochando sin fronteras
<>Consecuencias de la criminalización.
Al menos 12 defensores en Colombia, Perú y México están actualmente privados de su libertad mientras su proceso sigue abierto, verificó Mongabay Latam.
Óscar Ramírez, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, señaló al medio que aunque los defensores ambientales suelen encontrar un apoyo legal en las organizaciones de derechos humanos, esto no siempre ocurre.
Además de generar problemas familiares, provocar rupturas en organizaciones y reprimir las protestas, afrontar denuncias genera una gran carga económica para los defensores ambientales, quienes permanecen sometidos a procesos judiciales durante años.
<>Lee el reportaje completo de Mongabay Latam en:
https://es.mongabay.com/2021/05/mordaza-legal-al-menos-156-defensores-ambientales-demandados-por-proteger-su-territorio/
https://www.servindi.org/actualidad/05/05/2021/latinoamerica-hay-156-defensores-ambientales-denunciados-por-proteger-su <>