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(Por Javier Orozco Peñaranda)*

Recibido de Javier Arjona, <Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.>, internacionalista, corresponsal de Prensa Indígena.org – 2 de mayo de 2021.- En Colombia no está el horno para bollos. Cuatro días de paros, una decena de asesinados, crispación social, mucha organización y valor ciudadano.
Movilizarse en plena pandemia es un acto insolidario con los médicos y salir a las calles es exponerse a la infección por el virus, fueron las advertencias del gobierno el 27 de abril pasado en vísperas del paro nacional “Por la vida, la paz, la democracia y contra el paquetazo de Duque”.
Un presidente que militarizó el país, que quiso paralizar por miedo a la población e imponer una reforma tributaria regresiva con el argumento de que se necesita más dinero para inversión pública. De hecho, la militar es la única presencia del Estado en muchas regiones.
Cuatro días después, millones de personas siguen movilizadas, indignadas con un gobierno que simula estar cumpliendo los acuerdos de paz mientras los excombatientes son asesinados, un país rico en el que mueren a diario decenas de personas por desnutrición…
En La Guajira y el Chocó y en el que aumentan las violencias y las desigualdades pues se gobierna para beneficio de los monopolios de sectores como el financiero, el energético, el farmacéutico, el minero y el agroindustrial.
Puestos a escoger entre morir de hambre confinados en las casas o tomar las calles y exponerse a un balazo de la policía, o al contagio, millones de personas escogieron…
Tomar medidas de bioseguridad, dejar el miedo y salir en masa a los espacios públicos a luchar con la esperanza de poder vivir algún día en paz y con dignidad.
Los cuatro días de huelgas, movilizaciones y enfrentamiento en las ciudades capitales y en cerca de quinientos municipios, muestran el malestar que hay en amplias capas de la población y el cabreo de 17 millones de personas…
Hundidas en la pobreza desde antes de la pandemia y que, un año después, ya pasan 21 millones, lo que significa que cada día más de 10 mil personas están siendo empujadas a vivir en condiciones de miseria, sin esperanza.
<>El inútil y peligroso gasto en defensa.
Un diplomático español comentó en marzo en Bogotá a la Delegación Asturiana, que uno de los problemas de Colombia es que los ricos no quieren pagar impuestos. Y es así.
El otro, añado, es que la mayoría del presupuesto de la nación se gasta en defensa, en mantener sanos, bien pagos, mejor armados y en condiciones de combatir –o de agredir- a medio millón entre policías y militares…
Muchos de ellos violentos, intoxicados por la doctrina gringa del “enemigo interno” y cuya sola presencia no inspira seguridad sino temor, por sus alianzas con delincuentes y por los reiterados actos de brutalidad impune…
Gracias a que tienen en la justicia penal militar su propio y permisivo aparato que hace de tribunal y en el que gozan de la “solidaridad de cuerpo” que no es segura si les toca comparecer por sus crímenes ante la justicia penal ordinaria.
El gobierno afirma que falta dinero para fortalecer la salud pública en plena pandemia, pero autorizó la compra –éste año- de 24 aviones de guerra con la excusa de prevenir una agresión exterior, es decir, para seguir armándola contra Venezuela al hilo del plan de agresión de los Estados Unidos.
No hay plata para la salud, pero sí la hay para comprar aparatos de muerte contra nuestros hermanos vecinos.
Paradójicamente el gasto en defensa más que inútil resulta peligroso: no se refleja en más seguridad para la población, sino en el incremento de las violaciones más graves de los derechos humanos con responsabilidad de la fuerza pública…
Mientras en las barbas de los policías y militares –y en muchos sitios con su complicidad- crecen el narcotráfico y sus grupos paramilitares, se agravan los ataques con ribetes de genocidio impune contra la dirigencia social y continúa la ocupación violenta de los territorios…
De los pueblos indígenas y de las comunidades negras, como lo pudo constatar hace poco más de un mes una Delegación asturiana ligada al Programa de protección temporal que funciona en Gijón para la dirigencia social colombiana en riesgo de ser asesinada.
Pero también están creciendo los grupos insurgentes, refalfiados por la traición del gobierno de Duque al Acuerdo de Paz que se firmó con las FARC cuatro años y 1.273 muertos atrás.
En estos cuatro días de movilización ya hay más de diez personas asesinadas por la fuerza pública que toma como excusa el combate a los vándalos infiltrados en las marchas…
Y que se inspira en el irresponsable llamado de ayer del expresidente Uribe Vélez para que se dispare con fuego real sobre ciudadanos inermes:
“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico.”
El gobierno que con su arrogancia y violencia generó este estallido social, habla de hacer cambios en el texto de la reforma tributaria. El Comité de Paro y la Central Unitaria de Trabajadores CUT pusieron como plazo al gobierno el 19 de mayo para que la retire o se van a otro paro nacional.
Por ahora el paro sigue en ciudades como Bogotá, Medellín, Pasto, Armenia, Neiva, Bucaramanga y otras capitales.
Se siguen sumando sectores a la movilización, los camioneros, los taxistas y la gran minga indígena que crece a diario y ya ocupó la ciudad de Cali, con la mira puesta en la capital de la república.
El conflicto colombiano se agudiza, cambia, se traslada en parte de la zona rural a la urbana, y sigue sin espacios de diálogo.
Los pueblos indígenas, la clase obrera, la juventud, las mujeres, los sectores populares muestran su capacidad de organizarse y movilizarse incluso en los entornos más adversos. Son conscientes de que es un camino largo y peligroso, pero preferible al de esperar la muerte en casa.
Ojalá las élites criollas entiendan por fin que hay que dejar de simular el cumplimiento de los acuerdos de paz, hay que dejar de simular democracia, hay que dialogar con la población movilizada y priorizar la inversión social sobre el gasto en defensa.
Esto va en serio. En Colombia ya no está el horno para bollos, ni el palo para cucharas.
* Javier Orozco Peñaranda. Colectivo de Colombianos-as Refugiados-as en Asturias “Luciano Romero Molina”. Valles del Sumapaz, 2 de mayo del 2021.
Javier Orozco Peñaranda. Coordinador. Programa Asturiano de Derechos Humanos. Tel. 0034687003737.<>