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(Por Ximena Hernández)

Mural "Quién dio la orden". Campaña de la verdad.
Pressenza, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 18 de marzo de 2021.- El pasado 21 de febrero la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de hechos de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) en su auto 033 reveló que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 civiles a los que las fuerzas militares asesinaron y fueron presentados como bajas en combate.
Este fenómeno Macro criminal lleva el nombre de Ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”.
Los civiles a los que el Ejército Colombiano, desapareció y asesinó eran engañados con promesas de trabajo, llevados hasta diferentes partes del interior colombiano…
Asesinados y posteriormente presentados como bajas en combate para de esta manera responder a la política de seguridad democrática, directriz del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Esta cifra es mucho más alta que cualquiera presentada anteriormente que haya hecho referencia al fenómeno, incluso es tres veces mayor a la presentada por la Fiscalía General de la Nación, la cual responde a un registro de 2.248 casos ocurridos entre 1988 y 2014.
“Aunque para las organizaciones de DDHH que vienen trabajando con este tema hace años, esta cifra revelada por la JEP no es novedosa, es importante que se empiecen a conocer las dimensiones de lo sucedido entre el 2002 y 2008, los años mas intensos de la seguridad democrática”…
Señaló Sebastián Escobar, representante de víctimas ante la JEP y miembro fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) quien nos explicó lo que implica el auto de la JEP en términos judiciales y sus apreciaciones sobre el mismo.
La primera consecuencia a la que hace referencia el abogado responde a la exposición de las dimensiones de un fenómeno masivo y macro criminal que tuvo una magnitud bastante alta focalizada en el tiempo…
“Porque si bien este es un fenómeno que se viene presentando hace bastante tiempo, es a partir de un momento muy concreto que se vuelve macro criminal, ese momento es a partir de la política de seguridad democrática”, explicó Sebastián Escobar.
En ese sentido hay algunos puntos que se pueden tener en cuenta en términos de la política. En principio la puesta en marcha de incentivos y las presiones a altos mandos…
Para producir la mayor cantidad de bajas, lo que puede ir exponiendo en el tiempo que hubo una política de incentivo para que este fenómeno llegara a tal magnitud, según nos explicó el abogado.
Otra de las consecuencias que nos explica Sebastián Escobar tiene que ver con el papel que jugó la Fiscalía General de la Nación detrás de estos hechos en la disparidad de casos en comparación con el auto de la JEP. En esa línea se denota que la Fiscalía no investigó con la debida diligencia.
La tercera apreciación por parte del abogado, es el papel de la Jurisdicción Penal Militar, ya que muchos de estos hechos no se conocían, lo cual responde a que hubo una estrategia inherente a este fenómeno criminal que tiene que ver con el encubrimiento…
Que pasaba desde el hecho de presentarlos como bajas en combate y que implicaba toda una narrativa para exponerla ante los medios de comunicación y ante la Jurisdicción penal militar, que terminaba asumiendo la investigación…
A pesar de no tener competencia y lo que hacía era archivar rápidamente esas investigaciones para que no fueran conocidas y poder encubrir la magnitud de ese hecho criminal. Cabe resaltar que al día de hoy la Jurisdicción Penal Militar todavía no rindió informe de los casos ante la JEP.
La cuarta anotación no menos importante que se puede hacer frente a lo que implica este informe, pasa por el lugar del impacto social y la opinión pública, ya que se empieza a poner en evidencia la criminalidad de la fuerza pública…
En la violencia y en el conflicto armado colombiano, y desarma la visión romántica de los colombianos frente a la fuerza pública presentados como “Héroes” y que por lo contrario están vinculados con hechos criminales muy fuertes que es necesario que se esclarezcan.
El trabajo de la JEP frente al auto, es un proceso que esta en marcha, es decir que la cifra puede aumentar o disminuir. La JEP utilizo tres fuentes:
La Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y de esta manera contrastó la información en el auto que se refiere a ejecuciones extrajudiciales.
En su trabajo la JEP tiene como objetivo exponer hechos y conductas, los responsables y la lógica de los asesinatos, lo cual desarrolla la magnitud del problema y el modus operandi de la institución, además de las responsabilidades de la fuerza pública en el marco de una política fascista.
En ese sentido ha generado por parte de los simpatizantes de Álvaro Uribe toda una campaña de desprestigio y hostigamiento a las organizaciones que trabajan e investigan sobre el tema.
Lo cierto es que con el avance de las investigaciones se van a ir decantando cada vez más las prácticas y quiénes dieron las órdenes para que durante 7 años fueran engañadas, desaparecidas y asesinadas 914 personas por año, para responder a una política de guerra abanderada por Uribe.
Si bien el reto de la JEP es grande porque se va a generar de manera progresiva, el aporte que hace en la construcción de verdad y la memoria histórica será fundamental para identificar quién dio la orden, cuáles son los máximos responsables y cuáles las practicas y patrones en los hechos.
“El impacto que ha tenido en términos de opinión pública el mural “quien dio la orden” de la campaña de la verdad, es un ejemplo.
El mural ha sido replicado y ha generado discusión, hecho que hace 5 años atrás era imposible pensarse, por la idealización frente a la fuerza pública”, concluye Sebastián Escobar.
Por su parte la organización de las Madres de los falsos positivos (MAFAPO) ha manifestado que son más los casos ocurridos durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los cuales se van a ir exponiendo a medida que las investigaciones avancen…
Mientras tanto estas madres de Soacha y de Colombia que en el 2008 destaparon la olla podrida de la corrupción al interior del Gobierno y el Ejército colombiano, siguen cultivando la lucha que ha permitido que se conozca la corrupción al interior de la institución.
Estas mujeres que le abrieron los ojos a todos los colombianos, siguen luchando por la verdad y por la no repetición a pesar de las amenazas y los constantes hostigamientos. Su búsqueda constante de que los familiares de las victimas sigan denunciando los casos, continúa. Ellas no se rinden.
https://www.pressenza.com/es/2021/03/que-implica-6-402/ <>