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(Por Tom Kucharz)*

Protesta en la huelga por el Clima, el pasado 7 de octubre en Madrid. Álvaro Minguito.
Recibido de Javier Arjona, internacionalista, corresponsal de Prensa Indígena.org – 4 de noviembre de 2019.- La cumbre anual de Naciones Unidas sobre cambio climático será en Madrid. Tras el ofrecimiento electoralista del Gobierno de Pedro Sánchez a acoger el evento —oliendo votos para el 10N y blanqueando la represión violenta en Chile— estamos llamados a la movilización.
La 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) iba a realizarse en Santiago de Chile entre el 2 y el 13 de diciembre, pero el Gobierno derechista de Sebastián Piñera se vio forzado a cancelarla por el estallido social.
El país andino vive una profunda crisis causada por un modelo neoliberal, impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar de Pinochet, cuyas consecuencias han acabado en las recientes movilizaciones.
Se han organizado marchas multitudinarias, huelgas y asambleas en todo el territorio. Muchas demandas de las protestas tienen que ver con las crecientes desigualdades y conflictos socioambientales y se originan en las luchas locales por justicia ambiental.
Aunque la COP25 se traslade a Madrid, la comunidad internacional debe condenar al Estado chileno
con la suspensión de la cumbre climática y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
El Gobierno chileno pretende ocultar este conflicto social y político así como la brutal represión contra las protestas que dejó —por lo menos— 20 muertos.
Según los últimos informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se han registrado 4.316 detenciones, 1.574 heridos en hospitales y 179 acciones judiciales que incluyen denuncias por homicidio, violencia sexual y torturas.
Aunque la COP25 se traslade a Madrid, la comunidad internacional debe condenar al Estado chileno y a las fuerzas policiales y militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, así como permanecer profundamente vigilante sobre la represión continua en Chile.
La anulación de la COP25 en Chile es una derrota grande de Piñera, que se esforzaba por mostrarle al mundo un “país exitoso” y la “cara amable del neoliberalismo”…
Y un triunfo del pueblo chileno en rebeldía, aunque muchas organizaciones querían que estos eventos internacionales sirvieran como oportunidad para aumentar la presión sobre el gobierno.
Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, una de las plataformas de ONG, se subrayó que la cumbre de Naciones Unidas no se puede celebrar en un país donde se vulneran los derechos humanos y apostaron a que se lleve a cabo “pero en contexto de democracia plena”.
“El estallido social tiene una estrecha relación con razones ambientales”, afirma Maisa Rojas, coordinadora del Grupo científico de la cumbre sobre cambio climático.
El lamentable panorama está caracterizado por la minería a cielo abierto, hidroeléctricas y centrales térmicas de carbón, monocultivos de árboles y desertificación, la escasez de agua, la cría intensiva de salmones, la contaminación de aire e incendios forestales.
La reubicación de la cumbre a Madrid será la excusa perfecta de algunos gobiernos para retrasar la puesta en marcha de medidas necesarias en la región latinoamericana
Las movilizaciones —que reclaman entre otros una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución— son parte de las largas luchas contra la impunidad de la dictadura, el neoliberalismo.
De allí el lema “No son 30 pesos, son 30 años”; y en torno a los diferentes conflictos por la defensa de territorios, el acceso y control de recursos o contra la contaminación.
De hecho, 2018 fue el año con más conflictos socioambientales en Chile, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que registró 116, aunque puede haber más. Muchos de ellos causados por empresas transnacionales o para la exportación de recursos naturales al exterior.
Teniendo en cuenta el creciente peso de los conflictos socioambientales en la articulación de cualquier movimiento popular, podemos observar similitudes entre, por ejemplo, las protestas de los Chalecos Amarillos en Francia y el estallido en Chile.
Eso plantea un gran desafío: “Las transformaciones sociales que se exigen hoy se deben pensar necesariamente a la par con las dimensiones y relaciones socioecológicas en la base de todo proyecto económico alternativo en el país”, como afirma el científico chileno Cristian Alarcón.
Con la COP25 el Gobierno español intenta ocultar su inacción en la lucha contra el calentamiento global, así como sus políticas negativas como subvencionar combustibles fósiles o el aceite de palma,
pero las cumbres de la ONU están muy lejos de eso:
Ni logran avances ante la emergencia climática ni cumplen con lo que indica la ciencia que se debería hacer. Eso sí, la reubicación de la cumbre a Madrid será la excusa perfecta de algunos gobiernos para retrasar la puesta en marcha de medidas necesarias en la región latinoamericana.
En este contexto, las organizaciones chilenas han decidido mantener la convocatoria de la Cumbre Social por la Acción Climática y la Cumbre de los Pueblos bajo el lema “Salvemos la Tierra cambiemos el sistema” para construir alternativas al neoliberalismo y justicia climática.
<> Razones para ser pesimistas.
Traer la cumbre a Madrid no era una “generosa oferta”, como lo calificó Piñera, sino una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez con fines electoralistas que socava la lucha por los derechos humanos de la sociedad chilena y blanquea la represión contra los manifestantes.
Cuando debería exigir a Piñera el fin de las violaciones de derechos humanos, que se depuren responsabilidades y atienda las demandas del movimiento popular, Sánchez le ayuda a zafarse del foco internacional.
Es posible que el PSOE exprima la preparación de la cumbre para sacar votos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre intentando subirse a la “ola verde” que ha causado alguna que otra sorpresa electoral en otros países.
Asimismo, con la COP25 el Gobierno español intenta ocultar su inacción en la lucha contra el calentamiento global, así como sus políticas negativas como subvencionar combustibles fósiles…
O el aceite de palma, concesiones a la industria automovilística y de aviación, amortización de las grandes eléctricas o construir infraestructuras innecesarias, que están agravando la emergencia climática.
Los movimientos ecologistas llevan meses pidiendo a la ministra de “transición ecológica”, Teresa Ribera, que incremente sustancialmente la ambición del proyecto de ley de cambio climático y energía y el borrador del Plan Nacional integrado de Energía y Clima.
Algo que no ha hecho. Pero España necesita enmendar su acción contra el cambio climático, reduciendo sus emisiones un 55% para 2030 (tomando como referencia el año 1990)…
Apostando a un sistema eléctrico 100% renovable en 2030, pagando su deuda climática con el Sur global y cambiando radicalmente varias políticas sectoriales.
Es inaceptable la idea de recluir en un edificio blindado las negociaciones sobre la implementación del Acuerdo de París, mientras que en Chile, Ecuador, Haití, Líbano o Nigeria las manifestaciones son duramente reprimidas.
* Tom Kucharz. Investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña “NO a los Tratados de Comercio e Inversión”.
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/cop25-madrid-urge-marea-justicia-climatica <>