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(Por Eliana Gilet)

SinPermiso, 11 de mayo de 2019.- Aunque el gobierno de México justifique su política migratoria con un discurso humanitario, la llegada de la cuarta caravana migrante estuvo signada por engaños y represión. Las organizaciones sociales denuncian que la migración es considerada por el Estado mexicano como la principal amenaza a la seguridad nacional.

Unas 4 mil personas provenientes del norte de Honduras ingresaron a Chiapas, a comienzos de abril, en otra de las caravanas migrantes que desde el año pasado buscan atravesar México rumbo a Estados Unidos.

Presionada por el gobierno de ese país, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apunta ahora a que la gente se instale en el sur mexicano...

Algo que fuerza mediante engaños y el cambio de la entrega de visas humanitarias –recibidas por 18 mil personas en enero– por una de visitante regional, que no permite salir de la zona fronteriza con Guatemala.

La caravana, que aún tiene como destino el norte –incluso es así para sus integrantes que piensan quedarse en México–, es objeto por estos días de la atención mediática y el despliegue policial, que se centra sobre esta forma…

Autoorganizada de transitar y no se replica en otras rutas, usadas para el tráfico de drogas y regenteadas por el crimen organizado, por donde transita la migración “que no se ve”, según dicen los expertos.

Entre los que sí están bajo el foco de las autoridades hay –además de centroamericanos– cubanos, haitianos, pakistaníes e indios que exigen un documento que les permita viajar con la garantía de que no serán deportados por el primer retén que se les cruce.

Ellos han recorrido una parte de la ruta migratoria que comienza en Sudamérica, gracias a la cual han conocido más de una decena de países del continente, Uruguay incluido. Brecha acompañó una nueva ola de este éxodo moderno en su entrada a México desde el sur del país.

<>Una jugada sucia.

Sobre la calle que une a este pequeño pueblo chiapaneco con la ruta México 200 hay un arco que muestra a unos mapaches jugando con niños.

Mapastepec (“Cerro del Mapache”, en náhuatl) está en la ruta del Soconusco, que de un lado tiene playa y del otro montañas donde crece el aromático café de altura mexicano.

Aunque la localidad tiene voluntad turística, la llegada de la caravana no pasó desapercibida para ninguno de sus 50 mil habitantes.

Cualquiera puede señalar el camino a la unidad deportiva donde la autoridad les montó un campamento, con la promesa de que allí les darían papeles para continuar su viaje con libertad.

El Instituto Nacional de Migración mexicano ha concentrado a la gente en este pueblo, que pronto se ha visto saturado, despertando el resquemor de la población local.

Desde fines de diciembre de 2018 hasta el último día de enero de 2019 el gobierno mexicano entregó visas humanitarias con vigencia de un año a unas 18 mil personas, según los datos oficiales anunciados. La nueva administración ensayó así, a pocas semanas de haber asumido, una respuesta novedosa a uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente.

Pero luego canceló este programa ante la presión que el gobierno estadounidense ejerce en pos de la “contención” y deportación de toda esta gente en movimiento antes de que llegue a su frontera.

La presión para que México reprima a la población centroamericana en tránsito tuvo su inicio oficial a fines de 2014 con el Programa Frontera Sur, diseñado por la Armada mexicana tras un reclamo de Washington ante la llamada “crisis de los niños migrantes”.

El programa implicó la militarización de la ruta del tren llamado “La Bestia”, entonces el medio de transporte usual para quienes atravesaban el país de manera clandestina.

Además garantizó la instalación, en los pasos fronterizos, de “quioscos” donde se recaba información genética de quienes cruzan legalmente, información que es luego guardada por el gobierno estadounidense.

Como la estación de tren de Tapachula –que iniciaba la línea en México– fue destruida en 2005 por el huracán Stan y nunca reconstruida, La Bestia dejó de pasar por Chiapas.

La compañía Chiapas-Mayab, que operaba la línea, dejó de prestar el servicio de la costa hasta Guatemala y trasladó el comienzo de su ruta a Arriaga, la última localidad chiapaneca antes de Oaxaca, el estado vecino.

Así, lo que se militarizó en Chiapas como parte del control migratorio fue la carretera México 200, desde donde se ve el arco con los mapaches.

La ruta del Soconusco está llena de retenes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, además de al menos uno en manos del Ejército. No hay forma de pasar a bordo de un vehículo que pueda evitarlos.

Es la ruta que han seguido las caravanas previas y también la de quienes hoy están en Mapastepec. Allí los migrantes dijeron a Brecha que atravesaron caminando sin problemas una de las aduanas, ubicada en Huixtla.

Pero días más tarde, cuando varios grupos buscaron salir de Mapastepec camino a Oaxaca, fueron emboscados y detenidos por la “migra” para ser deportados: 200 el viernes 19 de abril y otros 400 el martes 23.

Antes de llegar hasta aquí, viniendo de Guatemala, pasaron por Escuintla, Huixtla, Tapachula y la fronteriza Ciudad Hidalgo; hacia adelante esperan Pijijiapan y Arriaga, donde termina Chiapas y empieza Oaxaca, y el istmo de Tehuantepec, zona codiciada en los planes del gobierno de AMLO.

Según los anuncios que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo el 26 de marzo de este año junto a la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, el istmo es la próxima zona donde se expandirá el “control migratorio”.

Junto con él, AMLO espera afianzar los recursos para su megaproyecto ferroviario que recorrerá la distancia más corta entre la costa de Oaxaca, sobre el Pacífico, y la de Veracruz, en el Golfo de México.

En Mapastepec los migrantes denuncian que pasaron más de 40 días engañados y que ahora se consideran amenazados y presionados a aceptar una estancia legal restringida, que no responde a sus intereses. Se sienten estafados.

La visa de visitante regional era otorgada a los ciudadanos guatemaltecos que tienen una vida binacional, como casi todos los habitantes fronterizos.

Ahora se busca que esta visa “ancle” aquí a la población migrante de la región, para que esta funcione como un “polo de desarrollo” del nuevo gobierno, en el que los migrantes representarían el papel de la mano de obra precaria y abundante.

Ya lo han sufrido en Mapastepec: denuncian que quienes aceptaron trabajar en la limpieza del campo donde la autoridad los tiene hospedados recibirán 80 pesos por jornal, cuando el mínimo legal es de 102.

Y la frase está conjugada en futuro, porque así les hablan del pago: que sigan trabajando que luego les pagarán.

El de Mapastepec es similar al campo de refugiados que el gobierno armó en Tijuana en noviembre pasado para una caravana anterior, pero tiene más problemas de abastecimiento de agua.

La comida, igual que en aquel, es brindada dos veces al día por la Armada, en estricto régimen de frijoles y arroz; tampoco alcanza para todos, y los migrantes suelen reservarla para los más chicos, según dicen.

Para enfrentar las privaciones, el asedio policial y poder seguir adelante, muchos de ellos obtienen su fuerza de la fe, y creen que su desplazamiento tiene un origen bíblico y sagrado, según pudo constatar Brecha en diálogo con los migrantes.

En las alusiones al éxodo presentes en la Biblia y en la invocación a Dios encuentran un mínimo refugio al hostigamiento que sufren.

Bajo una “palapa” con techo de hojas de palma hay agentes de migración que les emiten únicamente una constancia de que solicitaron su visa de visitante regional.

Los integrantes de la caravana que hablaron con este semanario dijeron que han sufrido un trato racista por parte de algunos funcionarios, y también que varias personas han sido amenazadas con multas por haber dejado truncos, supuestamente, trámites anteriores ante la “migra”.

<>Tapachula global.

Antes de que el gobierno instalara ese campo de refugiados en Mapastepec –y concentrara allí la entrega de papeles que para muchos funcionan como un candado legal en su camino hacia el norte–, el punto que se saturó fue Tapachula, 90 quilómetros más cerca de la frontera chiapaneca con Guatemala.

“No han dejado de pasar”, explicó a Brecha una madre joven que vive con su familia en uno de los “ranchos” (establecimientos rurales) de esa localidad, antes de expresar su resquemor ante la inseguridad que representa la llegada improvisada de tanta gente.

Ella sabe que el trato que los migrantes reciben es discriminatorio, que a los cubanos los han estafado una y otra vez abogados que les prometen papeles que luego no existen; pero Tapachula se ha puesto más violenta, dijo.

Y esta mujer mexicana tendría razón si nos atuviéramos a la información que publica el grueso de los diarios locales, presentando una visión xenófoba en la que delitos como robos, asesinatos y violaciones se habrían incrementado con la llegada de los migrantes.

Esta versión proviene de los discursos de la autoridad, la única fuente que los medios locales usan para su trabajo periodístico.

Sin embargo, las cifras oficiales de delitos que fueron publicadas por Elena Reina (El País, 19-IV-19) señalan que la violencia en Tapachula no ha aumentado, si se compara el período que va de octubre de 2018 a febrero de 2019 con el mismo período del año anterior.

La ciudad es la sede de la principal oficina migratoria del sur, así como punto de atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)…

Que desde el “apriete” represivo de 2014 a la ruta de La Bestia multiplicó la cantidad de gente que debe permanecer en Tapachula, un lugar que antes era sólo de paso.

Según datos publicados por Mathieu Tourliere en la revista Proceso del 7 de abril, la Comar tiene un rezago de 33.650 solicitudes de asilo pendientes en México, además de otras 12.716 que recibió durante los tres primeros meses de 2019.

Para que el trámite ante la Comar no cayera, los interesados debían firmar una vez por semana en las oficinas que ésta comparte en Tapachula con la “migra” (una de las cuatro en el país, la única en Chiapas).

Pero, como sus instalaciones fueron cerradas el 5 de abril (tras las protestas de siete comunidades distintas que están varadas aquí y que exigen documentos para avanzar de manera segura al norte)…

Ahora los solicitantes de asilo deben viajar cada semana hasta la aduana de Ciudad Hidalgo, a 40 quilómetros y 35 pesos (dos dólares) de distancia en transporte público, para rubricar su interés de obtener asilo en México.

Una familia de salvadoreños, de la que el papá es el único hombre que no fue asesinado en su país de origen, dijo a Brecha que ellos consiguieron iniciar su solicitud tras esperar dos meses por su turno para iniciar el trámite, y ahora firman cada semana.

Saben de casos de otras familias que llevan más de 28 semanas firmando regularmente sin obtener avances en el trámite.

Lo preocupante para el gobierno de AMLO es que su cifra de detenciones (12.770 personas en marzo) es ligeramente superior a las realizadas durante el mismo mes del año pasado por Enrique Peña Nieto, cuando recibió la primera de las caravanas migrantes.

De las 16 mil personas detenidas en enero y febrero de 2019, más de 13 mil fueron deportadas, entre ellas 2 mil niños menores de 11 años. La política de detener y deportar no ha cambiado esencialmente.

Las personas detenidas son recluidas en la estación migratoria Siglo XXI, que está rebasada en su capacidad y mantiene a la gente en condiciones de hacinamiento. Así lo denuncian también los haitianos que protestan en las puertas de la estación, la mayor cárcel para migrantes en México.

Una mujer de unos 25 años espera que su nombre salga en la lista. A su lado, decenas de personas se agolpan contra las rejas de la Siglo XXI mientras aguardan lo mismo. La mayoría son haitianos como ella, que llevan algunos años fuera de su país, instalados en Chile o en Brasil.

La mujer está con su hija, que nació en Brasil. A la nena le habla en portugués, a los demás manifestantes en francés o creole, y a Brecha, en español. La sensación de desconfianza es palpable en esos y en otros idiomas.

Hay un grupo grande de asiáticos, mayormente ciudadanos provenientes de India, Nepal, Bangladesh y Pakistán.

Estos y aquellos transitaron una ruta que comenzó en Ecuador, pasó por Colombia, los obligó a caminar entre cinco y siete días por la selva centroamericana y, tras cruzar Panamá –el otro nudo migratorio del continente–, los depositó sin más en Costa Rica, donde el Estado les dio papeles.

De ahí viajaron por tierra cruzando Nicaragua, Honduras y Guatemala, para ahora estar varados en México, donde las autoridades les niegan o retacean un “oficio de salida” que les permita circular libremente, como cualquier otro ciudadano del mundo.

Atania, una de las manifestantes que conversaron con Brecha, denunció un trato discriminatorio contra los haitianos, ya que ninguno de los que se han entregado a la autoridad migratoria ha recibido papeles. Todos han sido deportados.

En la noche del 25 de abril, unas 600 personas “se amotinaron” –según el relato de la autoridad– y escaparon de la Siglo XXI, que albergaba entonces a 1.745 personas, casi el doble de su capacidad. Otras 12 lo hicieron el domingo 28, de una cárcel migratoria más pequeña, en Comitán.

<>Inseguros.

Tras el revés que la llegada de esta nueva caravana significó para el gobierno, un número importante de organizaciones civiles que trabajan el tema en México denunció el 26 de abril la continuidad de una política de “control, gestión y administración de los flujos migratorios”…

Que ha vinculado la migración con un tema de “seguridad nacional, que favorece la persecución y criminalización de las personas migrantes y necesitadas de protección institucional.

Lamentamos que este enfoque se haya incorporado dentro de la estrategia de seguridad pública. Exigimos que se retire la catalogación de los ‘flujos migratorios descontrolados’ como la primera amenaza y riesgo a la seguridad nacional”.

Las organizaciones alertaron sobre la posibilidad de que esa clasificación justifique “actos de autoridad que pueden llegar a constituir graves violaciones a los derechos humanos, como tortura y desaparición forzada”.

Que todos estos miles de personas dejaran de ser clandestinas sería tan fácil como levantar la restricción de la visa y que tuvieran que pasar por la aduana como cualquier otro extranjero.

No habría así peligro de que entrara gente con antecedentes penales, uno de los grandes mitos no comprobados que usan las autoridades para promover la represión contra la gente autoorganizada para el tránsito.

Sabrían así exactamente quién entra y la gente podría tomarse un autobús como cualquier turista. Eso, claro, acabaría con el millonario negocio del tráfico.

Rubén Figueroa, uno de los expertos en la ruta migrante, no duda en señalar siempre que existe un “cártel migratorio” que extorsiona y usa el traslado irregular de gente para su beneficio.

Esas son las otras rutas, dice, que la autoridad no ha tocado, porque todo el ojo mediático está sobre la caravana de desarrapados que no traen nada…

Y creen, firmemente, que son parte de una predicción divina que los ha llamado a moverse, aunque así alimenten la trama oscura de la precariedad laboral y el desarraigo.

* Eliana Gilet. Es corresponsal del diario uruguayo Brecha en México.

<>Fuente: https://brecha.com.uy/, 10 de mayo 2019.

http://www.sinpermiso.info/textos/mexico-amlo-y-su-nueva-politica-migratoria <>