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Recibido de Javier Arjona, internacionalista, corresponsal de Prensa Indígena.org – 12 de mayo de 2019.- En Colombia en 2018 una población de 218.000 personas, equivalente a la de todo el concejo de Oviedo, fue desplazada forzadamente por la violencia, que tiene en el gobierno de extrema derecha uno de sus promotores. O al menos sus políticas de exclusión.

Y desde luego la negativa y zancadillas promovidas por Duque para desconocer el Acuerdo de Paz de 2016, lo que incrementa la impunidad de los actores armados y alienta el exterminio de líderes sociales.

La semana anterior los Grupos Parlamentarios de la JGPA recibían en sede parlamentaria el Informe de la XVª delegación asturiana a Colombia, en el que de nuevo se sistematiza el trabajo de observación de los derechos humanos vulnerados masivamente en Colombia.

http://pachakuti.org/spip.php?rubrique77

También hace pocos días llegaban a refugio temporal en Asturias cinco personas defensoras de ddhh amenazadas en Colombia por sus actividades cotidianas, como abogado, como autoridad indígena, como defensor de derechos de negritudes en el Chocó, como sindicalistas de la salud o la siderurgia.

Para las organizaciones asturianas que acompañan el Programa Asturiano de DDHH, el PAV-DDHH que permite esa permanencia temporal en Asturias, resulta cada vez más preocupante la incapacidad institucional y social de atender mínimamente el creciente exterminio social en Colombia.

Casi no da tiempo a contar los asesinatos. “De tanto contar los muertos nos vamos a quedar sin palabras: y entonces a los muertos nadie los nombrará, ¿nadie dirá nada?”, ha dicho estos días un exiliado colombiano desde Sevilla.

Cuando la premio ambiental Goldman de 2018 Francia Márquez sufrió junto a su comunidad atentado la semana que concluye, la Unión Europea se sintió obligada a referir una leve protesta ante las autoridades colombianas:

No en vano hay proyectos de por medio con financiamiento europeo con la lideresa reconocida por el “Nóbel Verde” en la defensa del medio ambiente…

Por la incansable lucha que lidera desde su territorio en contra de la minería ilegal y los intereses económicos reflejados en licencias mineras entregadas sin consulta previa.

“Expresar nuestro firme y contundente rechazo a todo atentado y amenaza contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que aquí en Colombia están construyendo democracia”.

No hay el mismo nivel de protesta en otros casos de crímenes, como el del bebé wayúu Samuel David, asesinado en acción violenta contra su padre y su madre en la Guajira.

O en el del campesino Dimar que había sido miliciano pero había confiado en la paz pactada y fue secuestrado, desaparecido, torturado, asesinado y castrado por militares en el Catatumbo.

El general de la zona pidió perdón por los hechos, y ahora se arriesga a sanción pues no tenía el “permiso” del ministro de defensa para pedir esa disculpa a la comunidad.

Ayer se conoció del asesinato de Gionvany Murillas, excombatiente guerrillero firmante del Acuerdo de Paz, que cumplía con su proceso de reincorporación en el departamento del Guaviare.

El día antes... “Condenamos el homicidio hoy en Arauquita del cineasta Mauricio Lezama, consejero de cine del departamento de Arauca y promotor de derechos de la juventud, la cultura y la paz“, indicó la Oficina en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“¿Por qué persiguen y asesinan a quienes quieren contar el conflicto? ¿Qué ganan con matar a un artista? Es grave la crisis humanitaria y la ausencia del estado en la Colombia profunda“, dijo una senadora sobre el crimen de Lezama.

Las niñas y niños Wayúu afectados en su salud por el mega proyecto minero Carbones del Cerrejón (cuyo carbón llega al puerto del Musel) están a la espera que la Corte Constitucional profiera el fallo definitivo…

Por su salud y proteja sus derechos a la vida, salud, dignidad, agua, niñez y ambiente sano, que están siendo vulnerados por el incesante impacto contaminante de la mina transnacional Carbones de Cerrejón.

Pazororidad, es el nombre del proyecto en el que le apuestan a la reconciliación y el empoderamiento con enfoque de género en la región del Meta altamente golpeada por el conflicto armado.

Desde la propia Defensoría del Pueblo, han señalado al gobierno esta semana: “desde febrero del año pasado, en 67 alertas tempranas hemos advertido de manera municipal las amenazas que tienen los líderes en sus regiones y no hemos tenido una respuesta efectiva del gobierno“.

“Si estamos advirtiendo a tiempo es el colmo que el Estado y las autoridades de Gobierno no hayan dado una respuesta efectiva. Ya estamos cansados de sobre advertir, hay que dar un paso y aterrizar esto en medidas“.

Y eso que la Defensoría fue una instancia del Estado de alta importancia creada con la Constitución de 1991.

Y sin embargo.. el Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu recibía anteayer otro nuevo panfleto con membrete del grupo paramilitar “Las Águilas Negras”, con amenazas de muerte contra las mujeres wayúu.

Amenazas y crónicas de muertes anunciadas que se cumplen porque el gobierno lo permite, cuando no ampara y protege a esos grupos paramilitares, como es el caso en San José…

Apartadó, pese a las constantes informaciones, denuncias internacionales y ubicación exacta de dichos grupos que la Comunidad de Paz traslada, pero los militares no quieren ver.

http://pachakuti.org/spip.php?article1042

#NiUnLiderSocialMenos #niunlidersocialmenos #NiUnLiderSocialMas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=IJOKfMaMh3w

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https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2019/05/12/colombia-defender-a-quienes-defienden-derechos-esenciales/ <>