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Recibido de Javier Arjona, corresponsal de Prensa Indígena. 10 de mayo.- Amnistía Internacional de Asturias invitó, y numerosos colectivos sociales acudieron hoy a la plaza del ayto de Oviedo para oponerse a la ley mordaza del gobierno, reclamar contra la vulneración de derechos elementales de expresión, reunión y manifestación, y defender las libertades. Así de simple.
Desde la PAH-Stop Desahucios a la Marcha Dignidad, desde la Escuela Pública a la Ruta contra el Racismo, desde el Frente Cívico al 15-M... desde Alambique contra la exclusión hasta ambientalistas...
 
Participaron en la actividad, que tuvo a un notificador de la represión de traje gris, representando y declamando la persecución a los  colectivos, hasta que fue convencido de su nefasto papel y se quitó el traje y apareció una camiseta amarilla... pasándose al bando de la ciudadanía..
 La iniciativa de AI  rechaza explícitamente la ley mordaza del gobierno, y sirve para señalar acciones represivas abundantes en Asturias: contra movilizaciones obreras, la persecución de la diputada Maniega a la PAH, los intentos de criminalizar al 22-M-Dignidad, los juicios contra activistas contra la ley del aborto, o la multa antiindígena de Xixón por una actividad de aniversario zapatista.
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En nuestro estado, la crisis económica y las medidas de recortes sociales y económicos a beneficio de capitalistas y banqueros  han supuesto recortes en servicios básicos que afectan a los derechos de miles de personas.
Además, muchas personas han sufrido restricciones a sus derechos a la libertad de expresión y reunión. Se han aumentado las sanciones administrativas arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifiestan pacíficamente.

Casos como el de Jorge o Consuelo son un ejemplo de cual está siendo la respuesta de las autoridades ante quienes reivindican sus derechos mediante la protesta pacífica.
Jorge fue falsamente acusado por agentes policiales de haber intentando agredir al Consejero de Sanidad cuando, en un acto público en un hospital madrileño, reclamaba una sanidad pública y de calidad. En otra ocasión fue multado por un agente de policía por estar en una manifestación en la que no llegó a participar.
A Consuelo, su solidaridad con los mineros en la Marcha Negra de julio de 2012, le costó muy cara. El impacto de una pelota de goma lanzada por un agente antidisturbios, la tuvo dos meses en un hospital, más de uno en la unidad de cuidados intensivos; a día de hoy, ese agente sigue gozando de impunidad.
Junto a esto, se han anunciado reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que ponen en peligro el ejercicio del derecho de reunión y expresión.
El Gobierno de España no debe coartar el derecho de las personas a manifestarse y reunirse pacíficamente sino todo lo contrario: Debe garantizar el derecho de expresión y reunión pacífica, de acuerdo a las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Debe garantizar el derecho a la protesta espontánea cuando no haya posibilidad de notificación. Las sanciones no pueden utilizarse como elemento disuasorio para impedir que la gente ejerza su derecho a la protesta.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza o de material antidisturbios contra las personas que se manifiestan de forma pacífica.

Cualquier decisión de dispersar una manifestación debe ser realizada bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, cuando pueda haber algún riesgo para el resto de las personas y debe ser claramente comunicada y explicada.
La policía debe abstenerse de llevar a cabo tratos sexistas, racistas o discriminatorios contra las mujeres, migrantes o personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero.
Por nuestro derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, decimos muy alto: ¡NO PENSAMOS CALLARNOS!