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(Por Javier Arjona, corresponsal de Prensa Indígena.org)

Siero, 1 de febrero de 2019.- En el día escolar de la paz se realizaba bajo la lluvia de Xixón una concentración de rechazo al genocidio de líderes sociales en Colombia. Se recordaba que justo un año antes, y en la misma plaza se realizaba otra concentración exigiendo la libertad de la menor Ahed Tamimi.
Y que otra concentración en el mismo espacio había exigido que no se vendieran armas a Arabia Saudí, que tienen por destino destruir Yemen y asesinar a decenas de miles de guajes y guajas.
Lo mismo que se recordaba el desastre humano y ambiental de Brumadiño en Brasil, con 60 muertos y 300 desaparecidos, en una empresa minera de hierro cuyo mineral llega en parte a puertos asturianos.
Después, los testimonios de dos mozas de AMA, que recibieron una misiva de una de sus compañeras que colabora con protección a defensoras en Colombia, y el de Yuri, cuyo hijo fue asesinado por la policía de Bogotá un Primero de Mayo...
Dieron marco y contenido al objeto de la concentración, y es que el año 2018 en Colombia dejó una cifra escandalosa de líderes y defensores de derechos humanos asesinados, y que el problema es que este 2019 esas cifras se disparan.
Con licencia abierta y blindada para matar... así titula la Comunidad de Paz de San José Apartadó su penúltima nota de denuncia de la complicidad entre paramilitarismo y fuerza pública para atacar a su Comunidad de Paz.
Y es una frase que retrata este periodo de gobierno de Duque en que los crímenes se recrudecen, y ni da tiempo a contar las Vidas de cada una de estas personas exterminadas.
En reclamo por un proceso de paz traicionado por el gobierno, que ha traicionado también a la comunidad mundial y al derecho Internacional, pero que las organizaciones colombianas siguen auspiciando, y nos corresponde acompañar.
Los crímenes de líderes y lideresas sociales, activistas comunitarios, gestores culturales, autoridades indígenas, activistas ambientalistas y de excombatientes, no son hechos aislados, son actos premeditados y planificados: se trata de una operación deliberada que proyecta reventar el proceso de paz.
Se consolida el dominio terrateniente en amplias zonas agrarias, alienta la implantación de agresivos proyectos extractivistas como el de las carboneras extranjeras que envían su carbón al Musel, o de economías ilegales, y avanza programas políticos reaccionarios.
El estado colombiano recibió el año pasado 4 condenas de la Comisión Interamericana de DDHH. Ningún otro país ha recibido tantas.
Cada crimen genera miedo en las comunidades, pretenden eliminar la oposición social a la acumulación de capital mediante el despojo.
Todas eran personas irremplazables en los procesos sociales de sus regiones y siguen cayendo en actos planificados, sistemáticos, impunes, con participación de grupos paramilitares y la connivencia de la policía y del ejército nacional...
Pues ocurren en zonas militarizadas de interés para las multinacionales, los terratenientes y los narcotraficantes, de hecho muchas eran personas que desde su activismo por los derechos humanos reclamaban la restitución de las tierras usurpadas con violencia por los paramilitares.
El periodista de RTVE Martín Medem ha escrito esta semana que el gobierno colombiano y la CIA engendraron a los paramilitares, y éstos son responsables de haber inundado nuestro país de cocaína.
Martín Medem tiene publicadas varias investigaciones y demuestra con documentación lo que es de sobra conocido: Narcoparamilitares introducen cada año 800 toneladas de cocaína en la Unión Europea a través de España. Un negocio de 25.000 millones de euros.
La instancia del Estado Defensoría del Pueblo estableció que en el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.
Según la Defensoría en el año 2018 cayeron por acción de las balas un líder social cada 48 horas.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo convocará, para el próximo 21 de febrero en Bogotá, una Audiencia Defensorial en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo...
Que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.
El objetivo es impulsar, de manera determinante, la protección de los derechos de quienes representan a las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
<>Pero los datos de 2019 son todavía más horribles...
El relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst ha dicho que ser defensor de ddhh en Colombia es un alto riesgo. "Esta violencia no es aleatoria.
He llegado a la conclusión de que estos incidentes no son actos aislados. Son ataques orquestados contra quienes intentan incorporar el ideal de la Declaración Universal de Derechos Humanos para llegar a un mundo libre de miedo y miseria."
Según INDEPAZ la tasa de homicidios registrada en 2018 es de un crimen cada 35 horas, y cuantifica en 566 líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos que han sido asesinados desde el 1 de enero de 2016 - al 10 de enero de 2019.
Ante la ofensiva de terror y exterminio del movimiento y su liderazgo de base, nos queda la denuncia, la movilización y la resistencia. La defensa de los DDHH.
La exigencia a las instituciones que hagan cumplir compromisos y programas y leyes y Declaraciones universales y asturianas que permitan PROTEGER a las personas defensoras, entre ellos el veterano Programa Asturiano de DDHH.
Las Queremos con Vida. Los Queremos Vivos.
https://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/33439/contra-exterminio-social-colombia.html <>