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Colombia: Reclamantes de tierras en Urabá esperan que la JEP les devuelva su dignidad

(Por Yeison Camilo García y Yhobán Hernández)

En la imagen: Con un acto performático, afrodescendientes, indígenas y campesinos hicieron entrega del informe a la JEP en Bogotá.
Recibido de El Zenzontle, 21 de enero de 2019.- Tras la desilusión que dejó el proceso de Justicia y Paz iniciado en 2005 con la desmovilización de los paramilitares, hoy las esperanzas están puestas en este segundo ciclo de justicia transicional que se abrió con la firma del acuerdo final entre el Gobierno colombiano y las FARC.

 

Víctimas y organizaciones sociales dicen que hasta ahora prima la impunidad frente a la relación que existió entre fuerza pública, paramilitares, empresarios y funcionarios del Estado para concretar el despojo.
Agencia de Prensa IPC, 10 de enero, 2019.- Invasores, mentirosos, oportunistas. Estos son varios de los señalamientos que algunos empresarios, políticos y hasta funcionarios públicos, han lanzado contra los reclamantes de predios durante los procesos de restitución de tierras.
Por eso, además de esperar justicia y verdad, las víctimas anhelan que la Jurisdicción Especial de Paz les devuelva la dignidad a miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes, que luego de ser despojados fueron excluidos, perseguidos y estigmatizados.
Carlos Yamil Páez Díaz es una de esas personas que sufrió la violencia, el desplazamiento y el despojo de tierras. Y, peor aún, fue revictimizado por el mismo Estado que lo señaló de ser una falsa víctima y hasta ordenó investigarlo.
Esto en medio del proceso de reclamación de la finca que le fue arrebatada a su familia en la vereda Las Guacamayas, ubicada en el municipio de Mutatá en el Urabá antioqueño, dentro del territorio del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó.
“A nosotros nos despojó el empresario ganadero, Juan Fernando Mejía Montoya”, asegura Carlos Yamil.
“Nos tocó salir porque se endurecieron los asesinatos a los campesinos, las amenazas, y luego llegó ese señor y nos dijo que teníamos que venderle. El precio que puso fue de 200 mil pesos por hectárea. Dio la mitad y la otra mitad nunca la dio”.
Después de diez años de litigio jurídico, en 2018 en decisión final, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón Carlos Páez y a otras seis familias de la zona ordenando la restitución de los predios a los reclamantes.
El caso de Las Guacamayas es emblemático, no solo por el impacto mediático y los alcances jurídicos que tuvo, sino porque permite entender la manera como un sector del empresariado actúo en medio del conflicto armado beneficiándose del despojo violento de tierras.
Así mismo, porque testimonia la escabrosa lucha judicial que tienen que enfrentar los reclamantes al exigir verdad, justicia y reparación. Y, finalmente, porque evidencia la manera como algunos opositores y grupos posparamilitares continúan agrediendo a quienes demandan la restitución de predios.
Por eso, considerando que la JEP en el caso 004 se ocupará de investigar los hechos victimizantes ocurridos en diez municipios de Urabá entre 1986 y 2016, el presente informe periodístico retoma el caso de Guacamayas.
Para luego analizar algunos retos que tendrá la Jurisdicción en cuanto al despojo y la lucha por la tierra en esta zona, así como la expectativa que tienen las víctimas y las organizaciones sociales frente a este segundo ciclo de justicia transicional.
<>En medio de la violencia, ganaderos se quedaron con Guacamayas.
“La finca la montó mi papá, Víctor Páez Medrano en el año 1965 cuando llegó a Las Guacamayas con unos amigos. Eso era un terreno baldío y él empezó a tumbar monte para construir la casa y cultivar la tierra.
La llamó La Candelaria, como mi mamá: María Candelaría Díaz. Yo nací ahí. Y ahí crecí junto a mis seis hermanos, porque fuimos siete hijos, cinco mujeres y dos hombres”, recuerda Carlos Páez.
En sus primeros años la familia Páez Díaz se dedicó al cultivo de arroz, maíz, yuca y plátano para el sustento familiar. El panorama mejoró a finales de los ochenta cuando el Incora les adjudicó el predio y les entregó título de propiedad por medio de la resolución 1184 del 11 de mayo de 1987.
Eso le permitió al señor Víctor Páez solicitar créditos bancarios para mejorar sus cultivos y comercializar con ganado.
“Cuando a mi papá le tocó salir tenía más de cien cabezas de ganado que las había adquirido a través de su esfuerzo, de hacer préstamos en los bancos y de cosechas de pan coger para levantarnos a nosotros, darnos estudio y poder montar la finca”, se lamenta Carlos Yamil.
El desplazamiento en Las Guacamayas comenzó diez años después. Así como los Páez a la vereda habían llegado otras familias que montaron sus fincas cuando todo era monte y luego recibieron la adjudicación de baldíos.
La vida era tranquila y próspera para estos campesinos, pero en 1996 empezaron a sufrir la violencia de los grupos paramilitares y, un año después, aparecieron las ofertas de empresarios que querían comprar las tierras.
Para la familia Páez Díaz, el desplazamiento y el despojo se concretaron el 10 de mayo de 1997.
Los últimos en salir fueron Carlos Yamil y su papá, porque la señora Candelaria y seis de sus hijos se habían ido desde principios de ese año, atemorizados por las insistentes ofertas de compraventa y la violencia...
Que generó en la zona el frente Alex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, comandado por el exjefeparamilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro bonito”.
Asesinatos, desapariciones, desplazamientos y torturas se habían extendido por toda la zona.
Un documento de la Fundación Forjando Futuros establece que entre 1996 y 1997 fueron desplazadas 21 familias de la vereda Las Guacamayas por paramilitares del frente Arlex Hurtado[i] que, anotó Carlos Yamil, tenía una base militar a 200 metros de La Candelaria, en una finca conocida como Las Tres S.
“Eso pasó con todas las familias que vivían allá. Les tocó salir casi que por lo mismo: llegaba el empresario ese Juan Fernando Mejía Montoya comprándoles a bajo precio y tenían que venderle.
Además los paramilitares hicieron una reunión en la vereda, en la escuela de Las Guacamayas y dijeron que necesitaban el área para combatir a la guerrilla, que el que no vendiera tenía que irse”, cuenta Carlos Yamil.
La llegada del paramilitarismo a Urabá estuvo liderada por los hermanos Castaño Gil que desde 1985 conformaron el grupo de autodefensas conocido como ‘Los Tangueros’ o ‘Los Mochacabezas’ y en 1987 dieron origen a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
“El grupo se creó en el departamento de Córdoba y tuvo como centro de adiestramiento una de las haciendas del jefe paramilitar conocida como Las Tangas.
Desde allí, ‘Los Tangueros’ coordinaron masacres y acciones militares para luego expandirse hacia el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés”[ii].
Con la expansión de los paramilitares se intensificó la violencia en la región. Solo en 1996 hubo 26 masacres en Urabá, de las 55 que ocurrieron ese año en Antioquia.[iii].
Para ese entonces estaba consolidado el Bloque Élmer Cárdenas, comandado por Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán.
Así como los frentes Bananero y Turbo, comandados por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, y Hebert Veloza, alias H.H.; en la década del 2000 estas dos estructuras serían conocidas como el Frente Alex Hurtado o Bloque Bananero.[iv]
A la par con esta violencia, empresarios del sector bananero, palmicultor y ganadero acumularon tierras para consolidar sus proyectos agroindustriales.
Por estos hechos, años después la justicia investigaría a empresas como Banacol, Banadex y la multinacional Chiquita Brands, esta última condenada en Estados Unidos por financiar a los paramilitares.
En relación con el sector ganadero, según las investigaciones de la Fiscalía, entre los años 1994 y 1995, “los hermanos Vicente y Carlos Castaño, jefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) despojaron de sus tierras a más de 130 familias campesinas...
De la región de Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, desde el Golfo de Urabá hasta la zona baja del departamento de Córdoba.”[v]
La investigación del ente acusador indica que el 1 de diciembre de 1997 en la finca La 52 —uno de los primeros predios despojados en Tulapas—...
Se concretó un acuerdo entre la Casa Castaño y el Fondo Ganadero de Córdoba para evitar el retorno de los campesinos desplazados y adelantar la legalización de las propiedades despojadas.
En este acuerdo estuvo presente Sor Teresa Gómez, hermanastra de los Castaño, quien dentro de las AUC tuvo la tarea de legalizar predios valiéndose de compraventas y faltos títulos de propiedad, en muchos casos a través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).
Algo similar ocurrió en Las Guacamayas donde, en medio de la violencia, un grupo de empresarios se hizo a las finca de los campesinos a bajos precios para consolidar un proyecto de ganadería extensiva.
Según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el señor Jairo Alberto Lopera Giraldo urdió la compra de varios de los predios con los que los empresarios Humberto Duque Peláez, Rubén Darío Ruíz Pérez, y Luis Alberto Vallejo, constituyeron la Sociedad Las Guacamayas S.A. Ltda., el 21 de agosto de 1997.
Posteriormente, el 29 de diciembre de 2005, la sociedad Las Guacamayas fue absorbida por la inmobiliaria Inversiones ASA S.A., de propiedad de Humberto Duque y de los ganaderos, Jaime Uribe, Arley Muñoz y Francisco Castaño.
<>Una lucha jurídica con múltiples revictimizaciones.
Solo fue hasta la desmovilización de los paramilitares con la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, que se abrió una oportunidad para que Carlos Yamil y otras víctimas pudieran reclamar ante el Estado los predios que les fueron despojados en medio del conflicto.
“En noviembre de 2009 la desaparecida Comisión Regional para la Restitución de Bienes le había solicitado al Tribunal de Justicia y Paz de Medellín resolver, de manera urgente, la situación jurídica de 18 predios, entre ellos doce de Guacamayas”[vi].
En ese momento, esa ley de justicia transicional abrió una luz de esperanza para Carlos Yamil y las demás familias reclamantes. Pero más pronto que tarde, el ánimo de las víctimas decayó porque las diligencias judiciales se dilataron tanto que estancaron el proceso.
Sin embargo, otra puerta se abriría tres años después con la sanción de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras...
Que proponía brindar mayores garantías a los derechos de las víctimas y hacer mayor énfasis en la restitución, fortaleciendo y creando para ello nuevas instituciones administrativas y judiciales.
Por fin en junio de 2012 tuvo lugar la primera audiencia en el marco del proceso de restitución de tierras para resolver este caso. Lo que Carlos Yamil no sabía aún, era que el proceso tendría tantas adversidades para las víctimas.
De hecho, el fallo de primera instancia proferido el 21 de abril de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, les negó el derecho a la restitución de tierras a las siete familias reclamantes, argumentando que existió una venta voluntaria de las fincas por parte de los campesinos.
Porque, según la magistratura, no se pudo probar que hubiera existido coacción, o que las ventas fueran producto de la violencia que existía en la región.
Además, en esta sentencia, el magistrado ponente, Olimpo Castaño, calificó como mentiroso a Carlos Yamil Páez y ordenó que se le investigara por falso testimonio, al igual que a Iván Darío Vélez, uno de los testigos presentados por la Fiscalía.
Esta decisión fue impugnada por la Fiscalía que solicitó revocar la primera instancia argumentando que sí existió nexo causal entre la violencia y el despojo de los bienes, qué hubo vicios en la negociación de las tierras y que no hubo buena fe exenta de culpa por parte de los empresarios.
Obviamente el fallo también fue apelado por los abogados de la Fundación Forjando Futuros que venía haciendo el acompañamiento jurídico a las víctimas en su proceso de reclamación de predios.
Fue así como en 2016, los reclamantes interpusieron una acción de tutela ante dicho tribunal exigiendo garantías en el proceso a la luz de los derechos que las víctimas adquirieron con la ley 1448 de 2011.
La apelación, explicó el abogado de Forjando Futuros, Julio Custumal, llegó a la Corte Suprema de Justicia, institución que el 13 de abril de 2016 también negó la solicitud de los reclamantes y reitero la decisión de primera instancia.
La alternativa de las víctimas y sus abogados fue presentar una acción de tutela contra la providencia de la Corte, pero esta fue negada en primera y segunda instancia.
El último recurso, anotó Julio, fue “solicitar a la Corte Constitucional que revisara el caso Guacamayas, en esta instancia el alto órgano judicial emitió la Sentencia SU-648 de 2017.
En el que declara la nulidad de todas las decisiones judiciales en contra y le ordena a la Corte Suprema de Justicia revisar nuevamente el caso”.
Pero tal vez la mayor dificultad han sido las intimidaciones y agresiones que aparecieron tan pronto avanzó el proceso de reclamación.
Los reclamantes de Guacamayas fueron nuevamente víctimas de amenazas, agresiones físicas y expulsiones por parte de hombres armados al servicio de los opositores.
E incluso de funcionarios públicos que emitieron órdenes de desalojo contra los campesinos que habían retornado a sus antiguas fincas esperando la restitución.
De hecho, para detener estas agresiones, el 12 de diciembre de 2014 el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó emitió el auto 00181 que dictó medidas cautelares ordenando detener los desalojos judiciales y exigiendo la protección de los reclamantes de tierras.
Beatriz Elena Mestra, líderes reclamante de tierras en Urabá cuya historia se cuenta en la serie Positiva.
Que hacen parte del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, que cobija a Macondo, Blanquicet, Guacamayas y otros 36 corregimientos y veredas ubicados entre los departamentos de Antioquia y Chocó[vii].
Y es que a la fecha han sido asesinados 22 reclamantes de tierras, en Urabá y Bajo Atrato, desde el año 2008 cuando inició el proceso de restitución.
El mismo Carlos Páez ha recibido varias amenazas en su contra, no solo por el proceso de su familia, sino por su liderazgo en la asociación Tierra y Paz que agrupa a víctimas del despojo en esta región.
Los ataques contra los reclamantes de Guacamayas estuvieron a su vez acompañados de estrategias de persecución judicial y señalamientos públicos contra las víctimas y las organizaciones que les acompañan, como la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Todo esto ocurrió en un ambiente en el que sectores políticos y económicos del país se oponían al proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.
En Urabá, un grupo de empresarios ganaderos, bananeros y palmicultores se autodenominó “víctima de la restitución” y conformó una asociación para oponerse a los procesos.
A pesar de los obstáculos, por fin la justicia llegó para estas siete familias reclamantes de Guacamayas.
En decisión de última instancia, del 11 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia[viii] les restituyó los derechos a las víctimas de Guacamayas, al revocar el auto del 21 de abril de 2014 proferido por la Sala de Justicia y Paz.
De esta manera, la Corte Suprema ordenó la anulación de los títulos de propiedad que habían adquirido los opositores y les devolvió la titularidad de los predios a los campesinos...
Argumentando que no existió buena fe exenta de culpa por parte de los empresarios, ya que conocían el contexto y, aun así, adquirieron los predios a bajo costo.
<>Queda el vacío de la impunidad.
Aunque piensa que es un gran triunfo para los reclamantes, Johana Roldán Galeano, auxiliar de investigación del IPC en el tema de Tierras en Urabá, considera que la sentencia de Guacamayas no garantiza que la restitución de estos predios sea efectiva.
Para ella, la sentencia tiene vacíos porque no hay claridad de que la restitución vaya acompañada de otras medidas que les permitan a los campesinos reconstruir sus vidas antes del despojo y reconstruir sus proyectos económicos.
Además de eso, la investigadora identifica otros aspectos que quedaron sin resolver, como el hecho de que no se ordenara compulsar copias para que se investigue a los empresarios por otros delitos cometidos.
Esto es importante si se tiene en cuenta las circunstancias en que se dio el despojo.
En el caso de la familia Páez Díaz, el relato judicial cuenta que después de rechazar la oferta de Juan Fernando Mejía en dos ocasiones, el empresario se presentó en La Candelaria con un notario y con hombres armados vestidos de civil.
Entonces se sentó a hablar con Víctor Páez, quien fue intimidado por uno de los acompañantes de Mejía que puso dos armas de fuego sobre la mesa.
De esa forma, relató en su declaración Carlos Yamil, el empresario impuso las condiciones del negocio. Como el notario llevaba listos los documentos de la compraventa, el señor Páez no tuvo más alternativa que firmar y recibir una parte del pago.
De igual gravedad es la conjetura a la que llegó la Corte Suprema luego de analizar todos los casos. Según concluye el alto tribunal, Jairo Alberto Lopera Giraldo, un reconocido zootecnista de Urabá que murió baleado en Medellín el 24 de junio de 1997[ix],
Fue el hombre que elaboró el plan de compras y eligió los terrenos para el proyecto de ganadería extensiva de Las Guacamayas, siendo conocedor de la situación de orden público y “teniendo en mente que se avizoraba un cambio en las ‘condiciones de seguridad’ (…)
En consecuencia, dable afirmar que para conformación de la sociedad ganadera se aprovechó el estado de cosas imperante en el Urabá antioqueño”. (Corte Suprema de Justicia. 2018: 95).
En la misma página, la sentencia precisa que el proyecto de Lopera tuvo gran acogida entre las personas que lo recibieron —accionistas de la naciente sociedad—, quienes según la Corte eran “suficientemente informadas y sabedoras de lo que ocurría por aquel tiempo en la zona.
Se tiene probado, además, que visitaron y percibieron de forma directa lo que acontecía allí…”
La conclusión de la Corte es que: “en suma, la razón social Guacamayas Ltda., aprovechando la alteración de orden público en Urabá, se hizo a la propiedad de los inmuebles en discusión por vía de la acumulación que de ellos se logró por vía de terceros.
Que se presentaron ante los originales dueños para realizar las negociaciones en nombre de esa empresa o para sí mismos traspasándolos luego al haber societario.
Con el propósito de destinarlos, valga acotar, a un objeto diferente a la tradicional explotación agrícola, esto es, la ganadería extensiva. (Corte Suprema de Justicia. 2018: 96)
De manera que se hubiera esperado que el alto tribunal compulsara copias para investigar a los empresarios que, por todas las vías, se opusieron a la restitución, dado que en su conclusión final, la Corte estableció que hubo un despojo de tipo jurídico.
“Concretado en el uso ilegal de figuras jurídicas, a saber, la compraventa de propiedades en las cuales primó el contexto de violencia que incidió en la autonomía de los compradores” (Corte Suprema de Justicia. 2018: 103).
Lo anterior, luego de advertir que “la apariencia de legalidad que tienen las negociaciones”, tanto en las figuras de compraventa seguidas de la suscripción de escrituras como en la creación de la sociedad Las Guacamayas, “no oculta o elimina el trasfondo de violencia que obligó a los reclamantes a vender”.
Más aún cuando “la violencia producida por la incursión del frente Arlex Hurdado de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, es el común denominador de todas las transacciones...
Subyacen a ellas las flagrantes vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario y los graves crímenes contra los Derechos Humanos que los habitantes de la región sufrieron directa o indirectamente”. (Corte Suprema de Justicia. 2018: 99-100. Subrayado propio).
Por otra parte, Johana Roldán agrega que la sentencia tampoco brinda medidas de seguridad y protección para los campesinos reclamantes.
“Es necesario que el Estado sea garante de medidas de seguridad y protección, en un escenario de amenazas exacerbadas contra sus vidas, donde hay continuidad de actores armados relacionados”.
Ella concluye que la sentencia brinda una justicia a medias. Y esa lentitud ha tenido implicaciones. La restitución no va acompañada de otras medidas para que fuera integral, completa, sin exponer otros derechos como la seguridad y la vida.
Previendo riesgos para los reclamantes, Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros, expresó que ya se solicitó a la Policía y a las autoridades civiles...
“Que hagan cumplir el fallo para proteger la vida y la integridad de esos campesinos que tienen derecho hoy de volver a sus tierras”.
Vega Medina expuso además otra inquietud, y es que la sentencia “es una decisión sobre 7 familias campesinas víctimas del despojo en Guacamayas, pero inicialmente fueron 21 las familias las desplazadas, ¿qué va a pasar con esas otras?”, se pregunta.
Algunos de los vacíos hasta aquí planteados, dejan vislumbrar parte de los aspectos que las víctimas y las organizaciones sociales esperan sean investigados y juzgados por la JEP.
En palabras de Martha Lucía Peña Duque, coordinadora territorial del IPC en Urabá, la mirada de la Jurisdicción debe cubrir todo el territorio.
Y abordar aquellos aspectos estructurales del conflicto, que hasta ahora la justicia ordinaria y el primer ciclo de justicia transicional derivado de la Ley 975 de 2005 han evitado tocar.
Lo que hay de fondo para Martha Peña, es que a través de la violencia “se ha impedido que unas comunidades campesinas, afros e indígenas puedan desarrollar sus proyectos de vida en Urabá”.
Sin embargo, aunque en este segundo ciclo de justicia transicional la JEP priorizó la región de Urabá, en el auto 040 de 2018, la Jurisdicción especificó que solo están priorizados los municipios priorizados:
Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en el departamento de Antioquia; y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el departamento de Chocó[x].
Siendo así, quedan por fuera de esta priorización los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro y San Juan de Urabá.
Es decir la zona norte de la región, por donde precisamente penetraron los paramilitares desde Córdoba para expandirse hacia el eje bananero y el Bajo Atrato, y donde, como ya se anotó, se concretó el despojo del Fondo Ganadero de Córdoba.
Eso es lamentable, advierte Martha Peña, “porque esta es una región en la que, a pesar del proceso con los paramilitares, si se quiere no hubo justicia para los campesinos, incluidos los de la zona norte, donde hubo un despojo de tierras que todavía no acaba de ser reconocido por el Estado.
Y hoy esa zona está siendo objeto de desarrollo de mega proyectos sin que se hayan resuelto las situaciones de despojo y victimización”.
De hecho, la zona norte es uno de los sectores que presenta mayor oposición al proceso de restitución, con intimidaciones de grupos armados no sólo a los reclamantes sino también a la institucionalidad.
El pasado 11 de abril de 2018, en la vereda El Tomate de San Pedro de Urabá, ocho policías murieron durante un ataque con explosivos.
Al paso de una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras compuesta por un juez de restitución, dos escoltas y un abogado, quienes iban acompañados por la Fuerza Pública.
Y un aspecto que para la investigadora del IPC es importante tener en cuenta en este territorio, “es que pese a que existía presencia del Estado, en Urabá sucedieron muchas de las victimizaciones y violencias ejercidas por los paramilitares, grupos que aún hoy continúan en la región.
Este será un asunto que deberá examinar la JEP, esa conducta del Estado en la zona”.
Alicia Carupia, indígena reclamante de tierras en la vereda Los Cedros, corregimiento Nuevo Oriente, Belén de Bajirá.
Frente a todos estos desafíos, lo único que Carlos Páez espera de la JEP es que “al menos se pueda demostrar que hubo complicidad entre ganaderos, empresarios, militares y grupos paramilitares.
Y a los empresarios, no que los pongan presos, sino que al menos dejen trabajar tranquila a la gente, porque los campesinos lo que queremos es trabajar en paz, y que a raíz de eso haya mayor inversión en los campos y que la restitución sea efectiva”.
<>Notas:
[i] Forjando Futuros. (17 de mayo de 2018). http://www.forjandofuturos.org/noticia_interior.php?id_ent=723
[ii] Hernández Cifuentes, Yhobán Camilo. (2015). “Hacienda Monteverde: historia de las víctimas de despojo”. Relecturas 38. Instituto Popular de Capacitación IPC. Medellín, Colombia.
[iii] Angarita C Pablo E. y otros. ¿Hacia dónde va Colombia? Una mirada desde Antioquia. IPC. 1997. Página 108.
[iv] Barajas Velandia Diana Marcela, et. Al., 2012, Conflicto y formas expresivas de la violencia en contextos situados: aproximación a cuatro territorios de Antioquia, serie Relecturas, Instituto Popular de Capacitación (IPC), Medellín, p. 146
[v] Fiscalía General de la Nación – Colombia, 2014, septiembre, Informe de casos de connotación, p.8.
[vi] Verdad Abierta. (6 de agosto de 2013). “Los desplazamientos, despojos y desalojos que rodean a Guacamayas”. Recuperado de: https://verdadabierta.com/las-denuncias-de-desplazamientos-despojos-y-desalojos-que-rodean-a-guacamayas/
[vii] Hernández Cifuentes, Yhobán Camilo. (12 de abril de 2016). “Intimidan a reclamantes de tierras en Turbo, Antioquia”. El Espectador. Recuperado de:
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/intimidan-reclamantes-de-tierras-turbo-antioquia-articulo-626753
[viii] Colombia. Sentencia de segunda instancia AP5414-2018 de la Corte Suprema de Justicia, radicación Nº 43707, del 11 de diciembre de 2018.
[ix] Verdad Abierta. (23 de abril de 2014). “Niegan restitución.
[x] Juridicción Especial para la Paz. (25 de septiembre de 2018). “JEP prioriza situación territorial en la región de Urabá. Colombia. Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-prioriza-situaci%C3%B3n-territorial-en-la-regi%C3%B3n-de-Urab%C3%A1.aspx
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2019/01/10/reclamantes-de-tierras-en-uraba-esperan-que-la-jep-les-devuelva-su-dignidad/ <>

 

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