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(Por Patricia Wiesse y Gerardo Saravia)*

Foto: El Comercio.
Servindi, Ideele, 28 de noviembre, 2018.- Admirables testimonios de dos mujeres indígenas defensoras de DD.HH. Flor de María Paraná, madre indígena del Cuninico relata: Una mancha negra ennegreció nuestra vida. Yo soy del pueblo Kukama, del distrito Urarinas, comunidad Cuninico.

 

En Nauta, Loreto. De Iquitos hay carro a Nauta y de ahí se toma un rápido a mi comunidad. Se demora un día. Vivo por el Marañón. Hay una Quebrada Cuninico, ahí es.
El 2014 hubo un derrame a media hora de Cuninico. Era negro, no como aceite sino espeso, bolas negras. Era invierno, un 30 de junio estaban trabajando obras comunales: hay una fecha indicada a fin de mes en la que todos trabajan para limpiar el pueblo, se recoge la basura.
Las mujeres bajamos a traer el agua y vimos que tenía espumita encima. Cuando crece el río espumea, salen burbujitas en el agua. Pensamos que eso había pasado.
Durante un mes pensamos que era eso. Seguimos comiendo el pescado en chilcano, pero sabía raro. Pensamos que eran los peque- peque que estaban botando gasolina.
En el río nos bañamos, lo niños juegan ahí porque nuestro río parece una piscina, ahí lavamos la ropa. Vimos que pescados hinchados estaban bajando muertos por el río.
Nos preocupamos porque nosotros tenemos un manejo de recursos naturales, cuidamos nuestra quebrada Cuninico donde hay varias cochas. Ahí hay varios tipos de peces: tucunari, bocachico, sábalo, lisa, espaco.
Llamamos a las autoridades cuando vimos al pescado hinchado. Pensamos que los habían envenenado vecinos de otras comunidades que a veces van a pescar a las cochas y echan barbasco. Nosotros cuando desova usamos redes.
Se formó una comisión para investigar donde participó mi esposo César, que es el fiscal de la comunidad. Se han ido en deslizador y han visto el derrame de petróleo.
Olía feo a petróleo crudo y una cantidad enorme de peces muertos. Palos negras, hojas negras, canto de la tierra negro. Fue la gente a mirar y han tomado fotos.
Como era invierno, el río estaba cargado de agua. La rotura era bien al fondo, metimos palos de 3 metros y no encontramos la rotura del tubo. Seguía derramándose. El PCO estaba oxidado, pelado, se había zafado.
Son tuberías que Petroperú ha puesto hace 40 años y nunca ha hecho mantenimiento. Encima de la tubería crecían los aguajes, los renacos. Ahora tampoco arreglan tuberías en los bombeos que hacen.
En unos cuadernos que ellos donan encontramos el número de teléfono de Petroperú, Piura. Les dijimos que vengan a mirar la tubería que se ha roto. Ellos dijeron que era un corte, nos echaron la culpa, dijeron que lo habíamos roto.
No vieron con buena intención. Les ofrecieron trabajo a las autoridades para que no dijeran nada. Las autoridades son apu comunal, teniente gobernador y yo que soy madre indígena, pero a mí no me ofrecieron.
La madre indígena es autoridad como el apu. Cumple casi la misma función, pero a la madre indígena le tienen más miedo que al apu porque es más derecha y más responsable.
Estoy presente en las reuniones con organismos del Estado. Además hago mi chacra, siembro plátano, maíz, crío mis gallinas. En mi casa cuido a mis hijos.
Dijeron que les iban a pagar 100 soles diarios. Vinieron en avión varios ingenieros y se instalaron en la comunidad. Eran 20 y vinieron más. Usaban nuestro teléfono, nuestro local comunal sin pedir permiso. Era estado de sitio.
Nosotros trabajamos con la parroquia de Santa Rita: con el padre Miguel, padre Manolo. Y no podíamos comunicarnos con el padre, no querían que hablemos con ellos. Mi esposo le dio el número para que el apu llame, pero apu no llamó.
Yo pensé que el padre iba a venir en el rápido. Eso me dijo el apu. De Nauta salimos a las 10 de la noche y llegamos a las 2 de la tarde del día siguiente.
Yo esperaba al padre con su almuerzo y no llegaba. Me di cuenta de que el apu Galo me estaba engañando. Me fui a llamar al padre y la madre Nancy de Santa Rita me contestó que el padre estaba bautizando por abajo y que no sabía nada.
Eso fue a los 15 días del derrame. El padre me llamó casi inmediatamente. Le dije que había ocurrido un derrame grande en Cuninico, que ingenieros de Petroperú se habían adueñado del pueblo.
Que venga a mirar, que queremos su apoyo. Él me dijo que iba a mandar primero a Radio Camara. El padre me dijo: “Dile a César (el fiscalizador) que mañana quiero hablar con él al mediodía, que vaya a San Francisco y yo lo voy a llamar”.
Seguía saliendo el petróleo. No podían encontrar de dónde salía porque cañería estaba hondo. En ese tiempo ya Petroperú se había juntado con la gente. Ya no se podía hablar desde la comunidad. Había personas en contra de nosotros.
No se dividió la comunidad, solo que gente hablaba así y una parte estaba dispuesto a aceptar lo que Petroperú les decía. Al final se querían adueñar de Cuninico. Llegaba una prensa y la ingeniera de Petroperú con su talonario venía a preguntar cómo se llamaba.
Yo le dije: “Tú no eres viviente de aquí, fuera de aquí. Yo soy la que debo pedir sus datos. Tú eres de Piura, vete a pedir datos en Piura”. Yo les reñía a los ingenieros, les hacía retroceder en una.
En mi huerta tengo como 190 árboles de aguaje y por ahí pasa la otra calle. Los de Petroperú se metían por ahí y clavaban su clavo para que pasen sus cables para instalar su internet. Yo le dije al ingeniero que informe lo que hacen en mi aguaje, y que saque todo de ahí, si no yo lo sacaba.
Siempre he sido así de enfrentarme. Cuando tenía 15 años, mi hermana se había separado de su esposo en Yurimaguas. Tenía cuatro hijos. Yo me fui para trabajar allá y encontré a mis sobrinos llorando de hambre.
Yo le dije a mi hermana que me iba a llevar a sus hijos donde mi mamá a Cuninico, y me los llevé en la lancha. Uno de ellos tenía un año.
No tenía un sol, y me iba a pedir comida a la bodega y me regalaban gaseosa grande y comida, y les daba de comer. Ya no me daba vergüenza porque era por ellos que lo hacía. En la lancha los puse en una colcha y los hice dormir. Ahí aprendí a cuidar los niños.
Tengo cuatro hijos y una está trabajando en Yurimaguas. Ya no quiero mandarlos, soy una madre sentimental. Mi otro hijo es pintor. Los dos menores tienen 11 y 7 años. A mi esposo le ofrecieron pagarle un sueldo. Semanal le ofrecían tres mil soles por cinco meses.
Con eso estudiaran nuestros hijos en mejor colegio, tendríamos nuestra casa de material noble. Nosotros somos una familia bien humilde, bien pobrecitos somos. Y todo hemos despreciado por nuestra comunidad. No nos hemos dejado comprar por la empresa.
Mi esposo es fiscal de la comunidad. Fiscaliza a las autoridades, si están haciendo bien su trabajo. Pero en ese momento ya no podía hace nada porque las autoridades principales ya estaban con la empresa: el teniente gobernador, el apu.
Cuando llegó la radio y los periodistas, Petroperú se ha asustado. Después llegó “Panorama”, parroquia de Santa Rita, vicariato, IDL. En local comunal se han reunido. Todas las mujeres estuvimos ahí. El padre ha preguntado si queríamos hacer demanda y dijimos que sí.
Estamos perjudicados. El tubo lo sellaron en ocho días, y se demoraron cinco meses en limpiar. Terminó de juntar el petróleo de arriba y se fueron. Ahora vienen de vez en cuando. Querían juntar a las mujeres para hacer un proyecto de artesanía, pero nosotras no trabajamos artesanía.
Vienen a ofrecer trabajo. Nos dicen que les mandemos solicitud para centro de salud, colegio, cuando al principio cuando pasó el derrame y les pedimos dijeron que eso no era su competencia. Yo no quiero eso porque después no puedes reclamarles nada.
El agua sigue contaminada. La tierra donde se ha roto la cañería es un cernidor, es aguajal, es como un tejido de ramas, de raíces. El petróleo se ha sumergido adentro. No van a poder limpiar ni cuando nunca... Petroperú ha llevado una empresa para limpiar, pero no han podido.
Se limpia bien cuando la tierra es dura, sólida. Con tractor juntan el petróleo y lo levantan. Por ahí teníamos nuestras plantas medicinales nosotros.
Nosotros no pedíamos al Estado por el agua, por comida. Teníamos pescado. Pescábamos con trampa: al hilo (red) se le echa corcho y rodeamos la cocha, y vendíamos pescado en Yurimaguas, Iquitos, Nauta, y comprábamos el uniforme y zapatos de nuestros hijos.
Entre las familias nos regalábamos pescado. Ahora el kilo está a ocho soles; antes costaba dos soles. Nos alcanzaba para vivir, pero ahorita ya no tenemos eso.
Cuando llueve para nosotros es alegría porque juntamos nuestra agua para tomar, para cocinar, para lavar. Pero cuando no llueve tomamos el agua por necesidad. Peor es el agua cuando le hierves. Cuando cocinas el plátano con el agua de la quebrada o del río parece negro, cuando está guardado.
El chilcano ya no es espeso, rico, con mantequita; ahora el agua se asienta al fondo de la olla y parece que fuera un barro. Antes del derrame las mujeres poníamos trampa para cazar palometa, carhuaso, lisa.
Ahora los hombres tiene que ir dos, tres días al centro, lejísimos, para traer cinco, diez kilos de pescado todo flaco y que adentro tiene tumores negros.
En agricultura ha afectado. Teníamos tres hectáreas al fondo de la quebrada, y producía bien. Las flores se caen. Los tallos del plátano se pudren. Las cosas subieron porque Petroperú estaba en el pueblo.
Nos tenemos que bañar en el río y sufrimos alergia, manchas, infecciones de estómago, enfermedades desconocidas. Yo tengo un niño de siete años y él me dice: “mami, mi cabeza me duele”. Las autoridades no nos dicen nada.
No tenemos un buen centro de salud. No hay atención, no hay medicinas. Llegan equipos del Ministerio de Salud, a los que les decimos que tenemos metales pesados en la sangre, sacan análisis de sangre, nos dan Paracetamol y se van.
"Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL y asesor de las comunidades de esa zona, afirmó que la sentencia no se llegó a implementar porque el MINSA había apelado y argumentado que la institución encargada de ejecutar esas medidas es la Dirección Regional de Salud de Loreto".
<>Tomar agua con petróleo.
Distrito de Urarinas, Loreto. Han pasado cuatro años desde que ocurrió el derrame de petróleo cerca a la quebrada Cuninico. El 30 de junio de 2014 los pobladores vieron bajar por la quebrada a los peces cubiertos de una grasa negruzca.
Ya se habían derramado casi 100 mil galones cuando, una semana más tarde, Petroperú halló un hueco en la tubería del oleoducto Norperuano, en el kilómetro 42 del tramo 1. Ahora se sabe que los derrames ocurrieron porque se retiró una placa de protección que tenía la tubería y que originó su corrosión.
La auditora internacional KPMG hizo un informe y recomendó a Petroperú que revise su sistema de alerta temprana para los casos de derrames.
LA OEFA, en la resolución 844-2015, responsabiliza a la empresa estatal de no dar mantenimiento interno ni externo al oleoducto y de no haber detectado ni controlado a tiempo el derrame. Concluye que Petroperú ha causado daño a la flora, fauna y a la salud humana.
Por otro lado, el año pasado el Instituto Nacional de Salud del ministerio del mismo rubro publicó un informe con las muestras tomadas a pobladores de Cuninico que confirmó la presencia de metales pesados (cadmio y mercurio por encima de los límites máximos) en la sangre de la mitad de los examinados.
Sin embargo, dicha entidad estatal nunca ha enviado especialistas en toxicología al lugar, sino ocasionalmente a pediatras y médicos que no pueden brindar un tratamiento adecuado a los afectados.
Esto a pesar de que un grupo de pobladores presentó una demanda y que el Juzgado Mixto de Nauta emitiera una sentencia que ordena al MINSA velar por la salud del pueblo kukama y que se monitoree la calidad del agua.
Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL y asesor de las comunidades de esa zona, afirmó que la sentencia no se llegó a implementar porque el MINSA había apelado y argumentado que la institución encargada de ejecutar esas medidas es la Dirección Regional de Salud de Loreto.
El peloteo continuó. Petroperú sostuvo que no indemnizará a las comunidades porque “no ha habido afectación personal o material alguna” producto del derrame de los 2500 barriles de petróleo y “porque el hidrocarburo derramado fue confinado en el canal de flotación del oleoducto y no alcanzó fuentes naturales de agua o ríos aledaños”.
¿Las manchas negras que flotaban en el río, los peces muertos o con el interior descompuesto, el agua oleosa fueron una alucinación de los pobladores?
¿Los cólicos, las manchas en los pies, las infecciones a la piel, el dolor de cabeza, las diarreas y los vómitos de los niños también lo fueron? ¿La subida del costo de vida, la disminución de la pesca, la ingesta de alimentos contaminados, el cadmio y mercurio en la sangre son inventos?
Petroperú cuenta con un contrato de seguro en la empresa Rímac, con cláusulas específicas para compensar a la población civil en caso de derrames de petróleo.
Y con el que puede asumir la indemnización de las personas afectadas, seres humanos con iguales derechos a los de cualquier funcionario de esa empresa. ¿O no?
<>Aymarazo: las furias y las penas.
Yolanda Flores nos relata: Soy aymara, de la provincia de Yunguyo, comunidad indígena Imicati, en la frontera con Bolivia. Mi abuelita es boliviana y cuenta que en aquellos tiempos había sequía. A ella la vendieron al lado de Perú por una arroba de chuño y unos kilos de papa.
Va a cumplir 100 años ya. Cuenta que era difícil vivir siendo extranjera acá, trabajando en una casa en la que la maltrataban, dormía en un cuero. La señora que la cuidaba decidió que se case con un peruano. Ella tenía 25 años y mi abuelo 15 años. Tuvo tres hijos. Mi mamá es la mayor.
Mi papá tenía 30 años y mi mamá 16 años, él tenía terrenos inmensos. Antes la gente se iba en caballo y marcaba su tierra hasta donde podía. Así hizo mi abuelo. El que tenía hijos varones podía tener más terrenos.
Después les quitaron los gamonales. Hubo sequía y les fueron cambiando tierras por comida. Después nuestros abuelos trabajaron para ellos. Luego hubo la reforma agraria con Velasco y las tierras retornaron ya como comunidad.
La Iglesia adventista a escondidas les enseñó a leer y escribir porque los gamonales no lo permitían. Si el gamonal te encontraba, te cortaba el dedo.
Somos seis hermanos. De la comunidad a la escuela corriendo es una hora. Antes la escuela era en la mañana y en la tarde. Teníamos nuestra rueda que empujábamos y eso nos ayudaba a correr. Íbamos en ojota, era un honor tener zapato de suela.
Yo terminé secundaria y quería estudiar. Mi padre sacó a mi hermana de la escuela antes de que terminara. Él tiene una mente muy machista. Las mujeres para qué van a estudiar, decía. Mi padre era obrero, trabajaba en Lima en la fábrica de ollas Record.
Yo me he venido a Lima como a los 10 años. Trabajaba como empleada durante mis tres meses de vacaciones. Acá había familiares de Yunguyo y ellos nos ayudaban a buscar trabajo. Yo trabajé en el Rímac donde la familia Escajadillo.
Me pagaban 400 soles. Regresé porque mi papá no quería que estuviera sola. Decía que era muy rebelde, contestona, no me callaba. Me mandaba telegramas. Yo siempre miraba a mi mamá y me ponía a pensar: su esposo le pega, ella aguanta, cuida a sus hijos.
Así es su vida, la mujer tiene que soportar, no puede separarse. En mi familia sería pecado que alguna de nosotras se separe. Mi mamá piensa igual: la mujer tiene que soportar, tener paciencia.
Yo no quería eso. Mi papá dijo que sus hijas tenían que buscar un esposo de la comunidad. Me casé con uno de mis vecinos y tuve mi hija. Él es un chico muy bueno, nunca me ha maltratado, sigo con él.
Hemos pasado momentos muy difíciles, pero los hemos superado. Los buenos consejos de mis papás fueron que tenía que aprender a solucionar mis problemas.
Ahora mi papá es pescador, vivimos a las orillas del Lago Titicaca. Pescamos echando las redes desde el bote. Nosotras las mujeres aymaras somos muy trabajadoras.
En la frontera por el contrabando comercializamos productos, además de dedicarnos a la agricultura. Yo siembro papa, oca, habas, todos los granos. Donde yo vivo parece un paraíso.
Un día me encontré con un sacerdote Maryknol, el padre Edmundo Coxson. Me invitó a leer la Biblia, quiero que las mujeres te vean y sepan que sí se puede evangelizar, me dijo. Yo le respondí que ni siquiera sabía leer bien.
Me dijo que leyera en aymara. Luego me contrató para trabajar con las mujeres en la parroquia. Ahí aprendí el trabajo pastoral. Después me invitaron a trabajar en la Prelatura de la Vicaría de Juli donde se trabaja el tema de los derechos humanos.
Ahí aprendí bastante. Ya había nacido mi segunda hija, y en los cursos se hablaba de cómo debe tratar una madre a sus hijos. Yo me cuestionaba si era una buena madre, no sabía cómo criar hijos, no sabía cómo educar a mi primera hija. No le daba el cariño que necesitaba.
Los aymaras no somos muy afectuosos, no nos besamos. A mí me cuesta cuando me saludan con besos, nosotros damos la mano. Las mujeres se esconden, ni siquiera te miran.
Desde el año 2002 trabajé en la Vicaría. Iba de comunidad en comunidad y les hablaba en aymara. No soy dirigente, yo no he sido elegida por mi comunidad para representarlos ni tener un cargo. Una vez fue dirigenta del club de madres. Yo soy una líder natural, pero nadie ha votado por mí.
La madre Patricia me encargó la secretaría de la oficina. Yo le dije a la madre que nunca me iba a quitar mi pollera y mi sombrero. Me puso a manejar la computadora que no sabía cómo se usaba, a contestar el teléfono.
Cuando traían las notificaciones, las personas buscaban a la secretaria y yo era la secretaria. La gente se quedaba sorprendida por mi forma de vestir. La gente del campo también se sorprendía que una persona como ellos les atendiera y les hablara en su propio idioma.
Ahora el Opus Dei dice que a nosotros no nos corresponde hacer este trabajo sino al Estado. Entonces formamos la ONG Derechos Humanos y Medio Ambiente con la preocupación de que no se vulneren los derechos de las comunidades.
Hemos aprendido a hacer procesos constitucionales. Había que entender qué es una acción de amparo, qué es un proceso de cumplimiento. Los convenios, tratados internacionales que no conocíamos. Antes yo tenía mucho miedo del Poder Judicial, pensaba que ahí entraban los pecadores.
En el 2008 estalló el caso Santa Ana en provincia de Chucuito y en distrito de Huacullani y distrito de Quellullo. La Empresa Bear Creek le hace pedir la concesión a la secretaria Karina, que es peruana. A las concesiones les han puesto Karina 1, Karina 2. Es una mina de plata.
La empresa se ha reunido solo con las autoridades de Huacullani. Después de que obtuvo la concesión, la secretaria Karina le ha transferido sus permisos a la empresa. Han repartido de casa en casa su gaseosa, su manzana.
Han hecho evento un 23 de febrero y ha presentado EIA. Yo fui para ver qué era un estudio de impacto ambiental. Fuimos con abogado. Me dieron mi poncho, mi gorro, mi polo. Había como 200, 300 personas. Estaban los alcaldes. Afuera en la calle había una manifestación en contra.
Los que viven junto al río son los que más han reclamado. Estaban los profesionales de la mina. El agua la vamos a sacar del subsuelo decían en lenguaje técnico, y preguntaron si habían entendido. La gente de la comunidad, que estaba al otro lado, no sabía qué decir. Todo era en castellano.
Después de tres años, toda la zona sur hizo paro. Walter Aduviri fue elegido como portavoz: veíamos a un joven comprometido que no se iba a vender. Esas quemas que ha habido no hemos sido nosotros.
No sé de dónde ha venido esa gente encapuchada, eran jóvenes que venían corriendo, y nos han echado la culpa a nosotros los aymaras. ¿Por qué no salió la policía? ¿Dónde estaban?
Ese año dieron muchas concesiones mineras. Todos los distritos estaban concesionados al 100 por ciento. Esa mina estaba a 50 kilómetros de la frontera, cuando la ley dice que debe estar a 100 kilómetros.
El decreto 083 ha dicho que era necesidad pública. Pedimos que el decreto se derogue. En el 2011 salimos con banderas blancas, velitas, pidiendo paz.
Antes no sabíamos nada de las concesiones mineras. Cómo vamos a defender nuestras tierras comunales. Si comunidad tiene su título y la empresa minera tiene un título de la concesión, ¿cuál de los dos es el que vale? No ha sido fácil.
<>Si no hay agua, no hay vida para nadie.
"El tiempo le dio la razón a Patricio, a Domingo, a José, a Yolanda y a todos los líderes aymaras que se alzaron en contra de un contrato ilegal que perjudicaba a todo el país".
<>Las furias.
En la parte sur de Puno, desde hace siglos, no se practica la minería. Sus pobladores se dedican a la agricultura y a la ganadería, y son ajenos a cualquier actividad extractiva.
Por ello, cuando se enteraron de que la empresa Bear Creek obtuvo la concesión de los distritos de Huacullani y Kelluyo, en la provincia de Chuchito, se desató una ola de indignación. Sintieron que su medio de vida estaba amenazado; que el Estado y la empresa confabulaban en contra de ellos.
Razón no les faltaba. La incursión de la minera canadiense en el subsuelo sureño estuvo plagada de vicios. Pero les falló el cálculo. Al frente tuvieron a una población avisada que no estaba dispuesta a conceder su territorio.
La empresa canadiense ha estafado al Estado peruano. Primero: han usado a una empleada peruana llamada Karina para que compre las concesiones. Por eso, las siete concesiones tienen su nombre. Una vez que obtuvo la concesión se la vendió a la mina.
Segundo: el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió que informen, en coordinación con ANA, sobre cómo quedarían las dos cuencas que comprende el proyecto.
Hasta el 24 de junio del 2011 ese informe no existía. Es como si hubieran dado DNI sin haber presentado partida de nacimiento ni dirección domiciliaria.
“Así, las empresa obtuvo irregularmente el permiso, estafando al Estado, porque los requisitos no se han cumplido”, denuncia Patricio Illacutipa, actual presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la región sur de Puno.
Patricio es un profesor de escuela que ha quedado a cargo de la dirección del movimiento. Él dice tener 48 años, pero parece de 60. La persecución y la lucha continua ha afectado la salud de muchos dirigentes.
“Este juicio nos ha destruido a todos, pero si esa empresa o cualquier otra insiste en explotar su suelo nos va a encontrar parados”, sostiene.
La zona que estaba prevista para el desarrollo del proyecto se encontraba a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia.
Sin embargo, la Constitución prohíbe la explotación de recursos naturales a cualquier empresa extranjera que esté a menos de 100 kilómetros de distancia. Durante cuatro años la población advirtió de esa ilegalidad, pero el gobierno fue indiferente.
También reclamaban que el proyecto no tenía licencia social. Si bien la Ley de Consulta Previa recién se promulgó en el gobierno de Ollanta Humala -en agosto de 2011- desde el año 1993 el Perú había suscrito el convenio 169 de la OIT que establecía la necesidad de consultar cualquier proyecto extractivo que afecte su zona.
El decreto supremo 083-2007, que autorizó las operaciones de la empresa canadiense, no deja ninguna duda respecto a la definición del gobierno de Alan García. Dice así:
“Declarar de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin de que Bear Creek Mining Company, sucursal del Perú, pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios…
Para el mejor desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de la frontera sur del país, en los lugares donde se ubican los derechos mineros que se detalla en el artículo 2 del presente decreto supremo”.
Pero no solo el gobierno central, sino que el Estado en su conjunto se mostró indiferente ante las demandas indígenas. El presidente regional de Puno de ese entonces, Mauricio Rodríguez, prometió en campaña que no iba a avalar concesiones mineras en la zona sur de Puno.
Su palabra no la mantuvo. A pesar de que el Consejo Regional remitió una ordenanza que ratificaba ese compromiso, él no lo quiso ratificar:
“El Consejo Regional acordó que su presidente Mauricio Rodríguez debía asistir a una reunión convocada por el Frente de Defensa en la ciudad de Juli, para que emita ahí la ordenanza regional en contra de la actividad de la empresa minera.
El aymarazo empieza con la no llegada de Mauricio Rodríguez a Juli, a pesar que él se comprometió y que se le dieron todas las condiciones para que fuera. Si hubiese ido, no hubiese habido aymarazo. A partir de ahí, empiezan todos los disturbios”, señala el comunicador y líder aymara José Cupi Claros.
La lucha se concentró entonces en que se derogue el decreto 083. Para ello, los pobladores realizaron una serie de acciones de fuerza. El conflicto, que tuvo como centro el proyecto Santa Ana, llegó a involucrar a toda la región, incluso a los quechuas y al sector norte de Puno.
El 26 de mayo del 2011 Puno ardió. En medio de protestas contra proyectos extractivos se produjeron saqueos en la Sunat, la Gobernación y la Contraloría. Las oficinas de la Aduana fueron incendiadas. La protesta contagió a Juliaca e invitó a otros sectores a sumarse.
En este caso, fueron los pobladores de Azángaro que protestaban por la contaminación del río Ramis, sumados a un grupo de maestros y estudiantes.
Ahí el enfrentamiento fue mayor, intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac y la represión fue brutal. La policía mató a seis personas, una de ellas de un tiro en la cabeza. No todas eran manifestantes.
Walter Aduviri, presidente del Frente de Defensa y líder principal del Aymarazo, dijo que habían sido infiltrados, y ese fue el discurso que asumieron los demás dirigentes.
“Nos están calumniando. Nosotros estábamos en las comunidades; acá han venido algunos hermanos para protestar, pero ha sido educadamente.
Yo he visto en la televisión que los vecinos han sacado los productos, algunos delincuentes también han aprovechado. Lo extraño es que la policía no hizo nada por detenerlo”, señala Domingo Quispe, otro de los dirigentes de la protesta.
<>Las penas.
Como suele pasar, el castigo fue para los manifestantes. No se enjuició a nadie por los muertos en Juliaca, ni por la ilegal concesión que provocó el levantamiento. Más de 100 personas fueron investigadas por lo sucedido en Puno, de las cuales se procesó a 19.
Durante siete años tuvieron que atravesar un duro juicio que marcó sus vidas. Todos los procesados provienen de familias pobres y se vieron obligados a destinar lo que no tenían para solventar el juicio: abogados, viajes y hospedaje. No todos vivían en Puno. Por eso, muchas familias quedaron endeudadas.
Luego de siete años hubo un condenado. La justicia solo halló responsable a Walter Aduviri. Lo acusaron de autor inmediato, pero quienes lo acompañaron en esa lucha no están de acuerdo. Consideran que la sentencia es abusiva porque no entienden la lógica de los aymaras.
“En la población aymara el presidente no maneja a la población, es la población la que maneja al presidente.
Es lo contrario de lo que sucede en Lima en donde la palabra del presidente es ley. El presidente para nosotros tiene que llevar el clamor de la comunidad” sostiene el dirigente Domingo Quispe.
El tiempo le dio la razón a Patricio, a Domingo, a José, a Yolanda y a todos los líderes aymaras que se alzaron en contra de un contrato ilegal que perjudicaba a todo el país.
Cuatro días antes que culmine su mandato, Alan García derogó el decreto 083 en un texto enrevesado en el que alude al mismo texto de la Constitución que prohibía la explotación minera en zona fronteriza.
En ese mismo documento se dispuso la prohibición de dicha actividad en los distritos de Huacullani y Kelluyo.
Desde aquella vez han pasado muchas cosas.
Ocho años después de que el Estado peruano diera marcha atrás con este proyecto y reconociera su ilegalidad, Walter Aduviri espera que la Corte Suprema no ratifique su sentencia de siete años (le pedían 28).
Mientras tanto, es el candidato que encabeza las encuestas para el gobierno regional de Puno.
Ocho años después de que el Estado peruano diera marcha atrás con este proyecto y reconociera su ilegalidad…
El gobierno peruano presentó al parlamento un proyecto de ley para que se le pague 103 millones de soles a la empresa minera Bear Creek Mining Corporation por el concepto de reparación, producto de un laudo arbitral.
Hace unos días el gobierno retiró- a regañadientes- el proyecto, pero el ministro de Economía dice que se incrementarán los intereses. Recomienda pagar nomás.
Los aymaras del sur de Puno, mientras tanto, siguen en vigilia.
* Patricia Wiesse es directora de la Revista Ideele y Gerardo Saravia se desempeña como editor de la Revista Ideele.
<>Fuente: Publicado en la Revistsa Ideele N° 282: https://revistaideele.com/ideele/content/madres-tierra?
https://www.servindi.org/actualidad-opinion/27/11/2018/admirables-testimonios-de-dos-defensoras-de-derechos-humanos <>