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México: Ostula en alerta ante restauración del narcogobierno

Foto Obtenida de twitter.
Colectivo del Periódico El Zenzontle, 12 de noviembre de 2018.- El 29 de junio, la comunidad indígena de Santa María Ostula, en la Sierra-Costa michoacana, celebró el noveno aniversario de la fundación de Xayakalan, un pueblo de lucha.
Luego de intentarlo por la vía jurídica y política, en 2009, la comunidad encabezada por su policía comunitaria recuperó, por la vía de los hechos, mil 200 hectáreas invadidas por pequeños propietarios.
La ubicación de Ostula con sus 24 encargaturas es estratégica en la costa pacífica, pues es un corredor de maravillosas playas entre el puerto industrial de Lázaro Cárdenas en Michoacán y el turístico de Manzanillo en Colima, además, cuenta con árboles maderables, y ricas minas de cobre, oro y hierro.
Pero para los indígenas de Ostula, el simple hecho de vivir armoniosamente en comunidad con la naturaleza, los impulsa a detener el despojo y defender sus tierras con organización y valentía.
Aunque el ambiente era de fiesta, la preocupación por elecciones del primero de julio era notoria. En Ostula, la tensión se hizo evidente en abril pasado.
En un comunicado, la asamblea general, máximo órgano de gobierno de la comunidad, denunció la reorganización de las células de los Caballeros Templarios en la región, comandadas por Juan Hernández, presidente municipal en el periodo 2012-2015.
La presidencia municipal de Aquila, donde se encuentra la comunidad de Ostula, era el objeto de la mayor disputa: quien la ocupara tendría el control político y económico de la región.
El candidato del PRD fue César Olivares Fernández, primo del presidente en funciones y por el Partido Verde compitió Mohammed Ramírez, primo y compadre de Juan Hernández. Morena, a su vez, postuló a Ebenezer Verdía, comunero de Ostula.
La jornada del primero de julio se realizó en relativa calma en Santa María Ostula. La asamblea decidió permitir la instalación de casillas electorales e incluso, la policía comunitaria garantizó la realización de los comicios y la entrega de paquetes electorales.
El resultado fue el peor escenario para la comunidad de Santa María Ostula: Mohammed Ramírez Méndez, candidato del PVEM, consiguió la presidencia municipal de Aquila.
Ramírez, ingeniero conocido en toda la región por ser familiar de Juan Hernández y uno de los actores principales de la red de políticos vinculados al cartel de los Caballeros Templarios.
Fue precandidato por el PRI al mismo cargo en 2012, pero el Tribunal Electoral del Estado invalidó su postulación. Ocupando la candidatura Juan Hernández, su primo y compadre, quien fue alcalde hasta 2015.
Durante su mandato, los Templarios asolaron la región y asesinaron a más de treinta comuneros de Santa María Ostula. Hernández, además, abrió la puerta al despojo de recursos madera, minerales, etc. que se intensificó bajo el control del cartel.
En las elecciones de 2015, Ramírez compitió por el Partido Verde. Al perder la elección, Mohammed Ramírez volvió a la comunidad de Pómaro, de donde es originario.
Allí fue elegido, bajo presión del crimen organizado como comisariado de bienes comunales. Concesionando proyectos mineros a caciques y a los antiguos líderes de los Caballeros Templarios.
El triunfo de Mohammed Ramírez este 2018 significa, la restauración del narcogobierno en el municipio de Aquila. Se trata de un grupo compacto y organizado, sostenido en relaciones familiares y de compadrazgo.
A las viejas estructuras caciquiles, típicas del priísmo mexicano, se suma el poder de fuego del crimen organizado.
Ramírez y Hernández son la punta de lanza política y visible de un grupo que pretende controlar de manera total la región:
Controlar el tráfico entre los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, fomentar la entrada de empresas mineras, hacerse cargo de la producción agraria y ganadera, recomenzar la tala de maderas codiciadas, cobrar plaza a quienes quieran.
Pero el principal problema que enfrenta la comunidad, es la lamentable grieta que se abrió a su interior, con la actitud traidora del que fuera su líder y comandante general de la policía comunitaria, Cemeí Antonio Verdía, quien ya desde su rápida liberación en diciembre del 2015, había despertado ciertas suspicacias.
En realidad su actitud final, fue más detestable y burda, cuando secretamente se postuló como candidato a diputado por la coalición PRD-PAN-MC, abandonando todo principio comunitario y dando la espalda al Concejo Indígena de Gobierno.
La indignación del pueblo no se hizo esperar y en abril del 2018, lo destituyen de su cargo y desconocen todo compromiso con él, como quedó expresado en un comunicado de la Asamblea General de Comuneras y Comuneros fechado el 10 de abril.
Finalmente, cuando el vendido Cemeí intenta boicotear con un grupo pequeño, pero fuertemente armado, la asamblea general de los comuneros del 20 de julio, es prácticamente corrido entre gritos y abucheos de mujeres y hombres,
Por eso los comuneros saben, también, que podrán resistir si fortalecen su asamblea, su policía comunitaria, su organización. Luego de las divisiones generadas por la democracia partidista, el pueblo nahua de Ostula sabe que es momento de volcar toda la energía a la organización comunal.
«Aquí nuestra máxima autoridad no es el presidente municipal, ni siquiera el presidente de la República. Aquí nuestra máxima autoridad es la asamblea» dijo un comunero el día siguiente de las elecciones.
Frente a la restauración del narcogobierno, en Ostula es claro que fortalecer su autonomía significa defenderse, sobrevivir. (Con información de SubVersiones y El Zenzontle)
<>Triunfos de defensores del territorio de los pueblos y nuevas represiones.
Durante los últimos meses, la resistencia de los pueblos y comunidades originarias ha obtenido triunfos en diversas regiones de México, de forma jurídica, pero con un fondo de movilización organizada con gran capacidad para unir decisiones de asambleas y concejos con la asesoría técnica y jurídica.
A la vez, se han sumado nuevos asesinatos, cárcel y desapariciones de defensores de los bienes comunes.
Son casos triunfadores el del pueblo chinanteco que el 22 de agosto pasado se anotó una victoria cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo pública su decisión de negar a la empresa Generación ENERSI la autorización…
Que necesitaba para construir una hidroeléctrica en los cauces de los ríos Perfume, Santiago, Verde y Grande, afluentes del río Usila, tributario a su vez del Papaloapan, autorización que por tercera vez había solicitado.
Otro caso de triunfo contra presas hidroeléctricas es el del pueblo de Temacapulín en el estado de Jalisco obtenido después de 13 años de lucha.
Pues el 2 de octubre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les notificó a las personas que se habían amparado para no ser expropiadas, que desistía de su intención de hacerlo ya que el proyecto de construir la cortina a 105 metros había sido declarado judicialmente inexistente.
Un tercer megaproyecto detenido es el de las mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ubicadas en municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla.
Donde el juzgado quinto de distrito ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones mineras. Un triunfo del pueblo masehual bien organizado y en crecimiento.
A estas victorias hay que sumar los del pueblo mayo de Sinaloa, a quienes el 15 de octubre el juzgado sexto de distrito en el estado otorgó una suspensión provisional de la construcción de la planta de amoniaco que se levanta en la bahía de Ohuira, en Topolobampo.
Y, también, el 19 de octubre, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa en el estado de Jalisco, negó al empresario Guillermo Moreno un amparo para seguir usufructuando 12 hectáreas del pueblo Coca, de Mezcala, desde hace años invadido.
Dos triunfos más son los del pueblo yaqui de Loma de Bacum contra el gasoducto que los empresarios planeaban pasar por sus tierras y el del pueblo rarámuri de Chorechi que había sido despojado de sus tierras.
Y para cerrar este recuento y transitar hacia la parte dura de estas luchas, está el Juicio popular a las empresas Mineras que expolian y depredan Oaxaca y que el 11 y 12 de octubre reunió a medio millar de personas de 52 comunidades de los pueblos:
Cuicateco, chatino, chontal, ikoots ayuuk, ñuú savi, binizaá y mestizo; algunos llegaron de muy lejos, como la región de la Sierra Sur, el Istmo, la Cuicateca y la Mixteca, por los daños que han causado a los pueblos y a la madre tierra.
Las comunidades indígenas decidieron enjuiciar al Estado mexicano por su permisividad con las empresas mineras y a éstas por los daños que causan para apropiarse del patrimonio nacional. Y apelaron más allá de la ética y la moral, a su derecho a la autonomía.
<>Los costos de la lucha en defensa de la tierra.
Noel Castillo Aguilar, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), fue asesinado a balazos en la comunidad Barra de la Cruz, municipio de Santiago Astata en la región del istmo de Tehuantepec, informó su organización.
Castillo Aguilar, de 44 años de edad, protector de la playa y el río Copalita en Santiago Astata, se dirigía a su domicilio al medio día, cuando fue interceptado y ultimado a balazos.
Noel era integrante del grupo local del Codedi, que se dedica a la legítima defensa de playas y territorio.
Este asesinato es el tercer atentado contra integrantes del Codedi en lo que va de 2018; pues el pasado 18 de julio fue ultimado a balazos Abraham Hernández González, de 42 años, coordinador del Codedi en la comunidad de Pochutla en la costa oaxaqueña.
Y la segunda agresión se registró en febrero de este año, cuando asesinaron a tres miembros de la Codedi de la Sierra Sur, entre ellos un menor de 17 años, e hirieron al cofundador del organismo, Abraham Ramírez Vázquez, sin que hasta el momento exista justicia.
"Primero matan a tres compañeros; los velamos frente al aeropuerto de Huatulco, de este hecho todo es impunidad, después contra nuestro compañero de Pochutla y ahora en Astata.
Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca atender nuestras demandas y dar con los responsables", demandó el Codedi.
En la misma semana, el defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez, fue asesinado en la comunidad de Coloradas de la Virgen, Chihuahua.
Luego de que exigiera, junto con otros pobladores, la nulidad de permisos de aprovechamiento forestal que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a mestizos para la explotación de su territorio.
No es casual su cobarde homicidio, cuando el Tribunal Superior Agrario resolvió un litigio a favor de la comunidad aledaña de Choreáchi, donde también se lucha por la protección de tierras y bosques ancestrales.
Además a este compañero rarámurí le habían ido matando a varios de sus familiares, lo que muestra que la defensa del territorio es defensa de la vida y se hace arriesgando la vida misma.
Pero los pueblos originarios ni se rinden ni se venden ante el terror del Estado y las empresas.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/author/colectivo-del-periodico-el-zenzontle/ <>

 

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