Recibido de Javier Arjona, internacioalista, corresponsal de Prensa Indígena.org – 1 de noviembre de 2018.- Tras la consulta a los territorios, queda ratificada así la Declaración de La Calzada. Encuentro estatal por la justicia social, la paz y los Derechos Humanos.
Desde Xixón declaramos que Colombia quiere y merece conquistar la paz con justicia social y que seguiremos acompañando esos anhelos por encima del cerco mediático que oculta la realidad de los derechos humanos en Colombia y de los sabotajes desde Estados Unidos.
Y de las élites colombianas contra los Acuerdos de Paz firmados con las FARC, mismos sectores que por estos días condicionan de manera unilateral la continuidad de la Mesa de Diálogo con el ELN.
Para mantener un conflicto interno a la medida de los planes imperiales de guerra desde Colombia contra Venezuela.
Hemos venido de diversos territorios del estado español hasta Asturies para continuar los esfuerzos de Extremadura y Madrid con el propósito de coordinar voluntades y esfuerzos que ayuden a la superación del conflicto armado interno de Colombia.
De manera enfática exigimos del gobierno colombiano que otorgue las garantías para que ser dirigente social no cueste la vida.
La proliferación de amenazas de muerte y el asesinato de más de 380 personas defensoras de los Derechos Humanos en los últimos 30 meses confieren a esos ataques el carácter de sistemáticos e impunes, mientras se habla hipócritamente de posconflicto con las FARC.
Muchos de estos asesinatos se dan en zonas de interés minero-energético para las multinacionales y en regiones de agronegocios.
Coincidimos en exigir del gobierno colombiano que supere el esquema de paz gratis basada en desarme –desmovilización– reinserción, y que dé cumplimiento a los Acuerdos suscritos con las FARC, de manera especial a los que apuntan a resolver problemas estructurales que generan conflicto, como la inequitativa concentración de la propiedad de las tierras.
Denunciamos la violencia paramilitar constante que sufren las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en muchas regiones, con el objeto de despojarlas de su territorio en beneficio de las empresas agroindustriales, minero-energéticas o del narcotráfico.
Rechazamos los montajes judiciales de la fiscalía colombiana cumpliendo consignas del gobierno estadounidense para extraditar a dirigentes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como Jesús Santrich, desconociendo la Jurisdicción Especial para la Paz.
Nos pronunciamos por la continuidad de la Mesa de diálogos con el ELN en La Habana retomando la agenda pactada el 30 de marzo del 2016 en Caracas.
Y llamamos a las partes a pactar un segundo cese bilateral del fuego y de las hostilidades similar al que terminó en enero de este año. Pedimos la apertura de una mesa de diálogo con el EPL.
Rechazamos la continuación de la guerra química contra medio millón de personas que sobreviven de los cultivos de uso ilícito y la reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato sin que el gobierno impulse alternativas de producción agropecuaria para sustituirlos.
Nos preocupa el cierre de los espacios de Consulta Popular a la ciudadanía ante los proyectos minero-energéticos de las multinacionales que amenazan con acelerar la destrucción medioambiental.
Y el tejido social en los territorios, dejando como único camino para las víctimas del extractivismo la movilización con las posibilidades ciertas de ser apresado o asesinada.
La eliminación de la Consulta Popular para beneficiar a las multinacionales, eliminación de la acción de tutela creada para proteger derechos fundamentales, la creciente presencia paramilitar en los territorios, el exterminio impune de opositores sociales y políticos…
La criminalización de la protesta social y un presupuesto nacional centrado en la continuidad de la guerra, de manera previsible harán subir el conflicto social en defensa del territorio, de la vida y de los derechos fundamentales, convocatorias que merecen ser acompañadas desde aquí.
De manera especial saludamos la movilización estudiantil por el fortalecimiento de la educación pública, las acciones de los pueblos indígenas, afros y campesinos en defensa de la vida, el territorio, la soberanía alimentaria.
Y en lo local, apoyamos al exigencia del exilio colombiano que pide el retorno digno y con garantías.
Así mismo, pedimos al gobierno español que asuma una posición firme en favor de la Paz en Colombia exigiendo al gobierno de Iván Duque el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las FARC.
Avances en los diálogos con el ELN, así como un compromiso real en el desmantelamiento del paramilitarismo, responsable del genocidio contra la dirigencia social colombiana.
http://pachakuti.org/spip.php?article955
http://pachakuti.org/spip.php?article936 (con tres videos)<>