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CIDH cuestiona convenios entre la policía y empresas mineras en el Perú

Foto: Red Muqui

Servindi, 3 de octubre, 2018.- Se usa la fuerza policial contra la población civil en zonas de conflictos socio ambientales y existen convenios entre la policía nacional peruana y empresas mineras.
Así lo sustentaron organizaciones civiles ante el 169° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos, en audiencia del 1 de octubre, donde la CIDH cuestionó estos convenios y fue enfática al señalar el conflicto de intereses en estas acciones.
Las organizaciones como Red Muqui, Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y GRUFIDES…
Fueron las encargadas de la presentación del informe al 169° periodo de sesiones de la CIDH sobre el uso irregular de las fuerzas policiales en el Perú, quienes protegen intereses de empresas privadas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales.
Foto: Red Muqui.
En el documento de solicitud presentado en audiencia se afirma que “dicho patrón viene consolidándose en desmedro de los derechos fundamentales de personas y comunidades ubicadas en la zona de influencia de los proyectos de inversión”.
Un ejemplo claro de ello, sería el uso de fuerzas policiales para desalojar pobladores en Las Bambas, donde las organizaciones reportaron atropellos y violencia hacia poblaciones vulnerables.
Existen 23 convenios entre la policía y empresas extractivas, así lo reconoció el Procurador del Estado peruano. Afirmó a la CIDH que se establece convenios con empresas mineras dentro de un marco normativo, respetando a los derechos humanos.
También, aseveró que el Ministerio del Interior (MININTER) por resolución aprueba los convenios y que no hay relación de subrogación de los policías a las empresas, el pago se realiza al MININTER. “Esta actividad no limita cumplir con sus funciones a la policía”, aseguró.
Sin embargo, las organizaciones sociales mostraron en su informe que la realidad es otra.
Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras, declaró que en el Sur del Perú, en la zona del Corredor minero entre Cusco y Apurímac existe uso de la fuerza indebida.
Así, hasta el día de hoy esta zona de encuentra en Estado de Emergencia, anulando derechos fundamentales como la libertad de reunión. También afirmó que existe una persecución sistemática hacia líderes sociales, dirigentes y organizaciones de derechos humanos en la zona.
Por su parte, el Comisionado de la CIDH, Joel Hernández, aseveró que “no queda claro el contenido del convenio. En que consiste la obligación a cargo de la policía nacional, cuál es la retribución que recibe la policía nacional por brindar ese servicio”.
Fue enfático al señalar que “en otros países hay asociaciones de derecho privado y no se entra en conflicto de tener que distraer a la policía nacional de sus tareas”. Aseguró que en la práctica, quien dirige es la empresa privada.
El representante del Estado peruano respondió que el objetivo del convenio es mejorar los servicios en la zona de influencia del proyecto minero, para preservar el orden interno, orden público y seguridad ciudadana y pidió disculpas por los fallecidos durante los conflictos sociales.
A pesar de ello, ratificó que el uso de la fuerza se hace dentro del marco constitucional.
En el informe presentado ante la CIDH, las organizaciones sustentaron la desnaturalización de la función constitucional y de la actuación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y el pago irregular de dinero por parte de empresas mineras a la Policía Nacional por servicios de seguridad privada.
De igual manera, sustentaron la ausencia de fiscalización y control, por parte del Ministerio Público, de los convenios firmados entre tales empresas y el Ministerio del Interior.
El caso del sur andino peruano (Regiones del Cusco y Apurímac), el informe presentando ante la CIDH, demuestra el patrón en torno a los pagos irregulares que empresas mineras realizaron a la Policía Nacional del Perú.
Así entre los años 2010 al 2014 la retribución económica de las que fueron beneficiarias las fuerzas policiales por parte de las empresas mineras Quechua, Las Bambas, Hudbay y Tintaya fluctúa entre montos muy semejantes.
Además se debe precisar que en el caso de la minera las Bambas y Hudbay la retribución económica se extendía a los oficiales superiores que se encontraban a cargo del convenio.
Entiéndase a éstos como los que firmaban el convenio o se les designaba alguna labor respecto al convenio sin que se encuentre en el destacamento minero.
Los montos que los convenios contemplan pueden verse en el siguiente cuadro:

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de de Red Muqui, afirma que estos convenios y pagos irregulares que se dan entre la Policía y las empresas vulneran la Convención interamericana de Derechos Humanos, más allá de que en el Perú sean legales.
Así nada garantiza la protección de los derechos de las personas en zonas de conflictos sociales.
Comisionado de CIDH, Joel Hernández, finalmente, hizo mención que a pesar de que la policía actué en tiempo libre, como señaló el procurador se trata de agentes del estado que representan al país, y se sujetan a normas del país e internacionales.
Acceda al informe completo presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) haciendo clic en el siguiente enlace.
- Informe temático sobre “Militarización y uso indebido de las fuerzas de seguridad del Estado en favor de empresas extractivas en Perú”
Ver vídeo de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=qQistNwmdzY
<>Fuente: Información alcanzada por Gloria Alvitrez Aliaga del área de prensa y comunicaciones de Red Muqui.
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/02/10/2018/corte-interamericana-cuestiona-convenios-entre-la-policia-y-empresas <>

 

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