(Por Eliana Gilet)

Recibido de El Zenzontle, 15 de octubre de 2018.- Este 19 de Setiembre volvieron a desplomarse las viviendas de la comunidad otomí que desde hace casi dos décadas ocupa el antiguo edificio que fue la sede de la Segunda República española en el exilio, a fines de la década de 1940.
Esta vez no fue un sismo el que derrumbó sus casas precarias, hechas con los materiales que tenían a mano y que armaron en las áreas no construidas del predio – que tiene dos entradas en la Colonia Juárez: una hacia Londres #7 y otra hacia Roma #19.
Esta vez el derrumbe lo ocasionaron las patadas de los granaderos y cargadores que entraron a sacarlos por la fuerza.
En las calles, decenas de personas cuidan los pocos muebles y pertenencias que lograron sacar de sus hogares antes que un grupo de entre 200 y 400 granaderos entraran al predio para desalojar a 70 familias, que mayormente viven del comercio ambulante en el centro de la Ciudad.
Cada entrada al predio tiene sus propias formas de organización pero juntas pelean para que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal les habilite una solución digna y definitiva.
Desde el sismo del año pasado, el edificio tiene riesgo severo de colapso, por lo que el buena parte del grupo de la calle Roma está instalado en un campamento en la banqueta desde entonces
«Estamos resguardando el inmueble, que fue registrado ante el INVI como de alto riesgo para que siga la ruta de la expropiación por utilidad pública.
Hoy denunciamos que el desalojo fue muy arbitrario, no presentaron la orden y aunque los más de 300 o 400 granaderos se retiraron, mientras tanto hubo saqueos, golpes y más de 15 heridos», explicó Diego García
Uno de los representantes de la UPREZ Benito Juárez, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y que jaló la atención de un rango mayor de gente del que logra un desalojo cotidiano en la ciudad.
Los poseedores son otomíes, hablantes de la lengua, originarios de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
«En veces anteriores hemos exigimos a representantes del gobierno de la Ciudad que los predios de las comunidades indígenas tienen que tener un tratamiento especial, como lo mandata el derecho internacional», agregó García.
Igual resistieron; pero la fuerza pública golpeó, robó y desalojó con equipo y poder. Personas de la tercera edad y bebés salieron a puro macanazo del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México.
Mientras que elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) entraban para ocupar el predio e impedir el acceso a las familias desalojadas. Los cargadores sacaban todo a la calle. Una de las mujeres desalojadas relató que los cargadores les tiraban piedras ante la mirada de los policías.
Luego de que los indígenas fueran expulsados y los uniformados ocuparan el predio, el oficial Ruiz de la PBI dijo que la orden de desalojo fue emitida en un fallo a favor de «Videlmar Iván Pérez».
Es extraño que una causa de desalojo esté en un juzgado penal y no civil. Entre 12 y 15 elementos custodian el predio y dos de ellos tienen armas de asalto para vigilar un montón de escombros en que quedaron convertidas las casas.
«Entraron por los dos lados, el lugar estaba rodeado, nadie presentó una orden de desalojo. Los de Roma ni estaban en el predio desde el sismo, los sacaron con el pretexto del alto riesgo desde entonces.
Pero los muchachos que trajeron (200 cargadores) no tienen madre, destruyeron todo con pico y mazo, tiraron todas nuestras casitas y las dejaron como basura» explicó uno de los vecinos desalojados».
Antes de demoler todas las viviendas las personas sacaron sus cosas más valiosas e importantes y el tiempo era poco, menor fue la paciencia de los granaderos.
«Todos somos trabajadores, el lugar tenía más de 30 años abandonado, yo tengo 12 años viviendo aquí. Le pusimos luz, ahí están los medidores. Soy artesano y no gano mucho, pero toda la familia salimos a trabajar y hoy ni eso pudimos hacer».
Los vecinos piden una mesa de diálogo, que para instalarse, se debe retirar a los uniformados de la PBI que custodian el predio.
Las familias desalojadas se han mantenido en plantón afuera del predio desde entonces y organizados reclaman que el INVI facilite su reubicación en otro predio o bien, que se llegue al acuerdo de expropiación con quienes dicen ser dueños del lugar y las familias de la comunidad Otomí puedan comprar en cuotas para reconstruir y mantenerse viviendo en el corazón de la Ciudad.
(Extracto de la nota publicada en SubVersiones)
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