Foto: CNDDHH.
Servindi, 11 de setiembre, 2018.- Este 17 de setiembre la Corte Suprema de Justicia decidirá si anula o no la injusta sentencia en contra de Walter Aduviri, condenado a 7 años de cárcel por supuestos delitos cometidos durante el “Aymarazo” el 2011.
Más de 130 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales exhortan a la Corte Suprema de Justicia, anular la sentencia mediante un manifiesto público internacional ¡Alto a la criminalización de la protesta socual y a la impunidad corporativa den el Perú!
El martes 11 de setiembre a las 11:00 de la mañana (hora Perú) se realizará una conferencia de prensa para presentar el Manifiesto en la ciudad de Puno, Hotel Puno Terra Jr. Cajamarca Nº 247.
El acto contará con la presencia de los portavoces de las comunidades Aymaras afectadas por la Minería y la Criminalización de la Protesta en el sur del Perú.
Además de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA, RED MUQUI SUR, The Democracy Center y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas - Ideca Perú.
La conferencia será transmitida en vivo por la página de Facebook de DHUMA https://bit.ly/2oXmnZU
<>El manifiesto.
En el manifiesto solidario con las comunidades del Sur del Perú, indican que los aymaras se organizaron en defensa de sus bienes naturales, su territorio, su agua y la salud de su población, frente a diferentes proyectos mineros asentados en su región.
En el manifiesto exigen lo siguiente:
1. Exhortamos a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia del Perú a resolver el caso de Walter Aduviri teniendo en cuenta los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en tratados internacionales vinculantes para el Estado peruano.
Como es el Convenio 169 de la OIT, al igual que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Con ese sustento legal y legítimo consideramos que en definitiva debe anularse la sentencia en contra de Walter Aduviri, quien no hizo más que exigir la protección de de los derechos del pueblo Aymara.
2. Repudiamos con firmeza el uso arbitrario de figuras penales como el de “autoría mediata” (usadas en contra del ex presidente Alberto Fujimori y del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán por violaciones a los DDHH) para judicializar la defensa del territorio y perseguir a miembros de organizaciones sociales y comunidades.
Consideramos que es de vital importancia que el Estado respete la decisión del pueblo de rechazar cualquier proyecto minero en su territorio, en legítima defensa de sus derechos, sin que por ello sean sujetos de persecución y estigmatización.
3. Exigimos a la empresa Bear Creek Mining Corporation y a las empresas mineras que se encuentran principalmente en el Sur del Perú a respetar los derechos y decisiones de las comunidades, en relación al proyecto Santa Ana y a cualquier otro proyecto minero en todo el país.
La sociedad civil internacional organizada estará vigilando estos casos, siempre en compromiso con los pueblos afectados y sus derechos.
Acceda al documento completo haciendo clic en en el siguiente enlace: Manifiesto Público
<>Nota de prensa
Organizaciones nacionales e internacionales respaldan el manifiesto público internacional denominado: “Alto a la criminalización de la protesta social en el Perú”.
Tras la acusación a líderes y lideresas sociales sobre el caso “Aymarazo”, se generó un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional en el que solicitan un “Alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”.
Las organizaciones que apoyan al manifiesto son un promedio de 130 organizaciones entre nacionales e internacionales, entre ellas de América Latina, África, Oceanía, Canadá, Estados Unidos y Europa, además autoridades comunales de la región de Puno.
En el caso conocido como el “Aymarazo” se tuvo un promedio de 31 líderes sociales en la investigación preparatoria, en el marco de ese conflicto, a la fecha existe sentencia de un líder originario, condenado como autor mediato.
Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social de los defensores de los recursos naturales.

El manifiesto público denuncia la persecución y transgresión a los derechos humanos, como el derecho a la defensa legítima de su tierra y territorio, en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, pretende exhortar al Estado peruano a que se respeten los derechos, a través de las diversas instituciones, además de la urgencia de generar un marco legal internacional vinculante para que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones alrededor del mundo y se termine la impunidad que las protege.
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/10/09/2018/presentan-manifiesto-publico-en-rechazo-la-criminalizacion-de-la <>