Foto: Facebook de Aidesep.
Servindi, 25 de agosto, 2018.- “La no titulación de las comunidades es corrupción” fue una de las declaraciones del vicepresidente de la Aidesep, Richard Rubio. Esta idea fue reforzada por el asesor Roberto Espinoza, señalando que “la ordenanza 010 del Gobierno Regional de Ucayali nace de un "complot para favorecer la invasión de tierras y perjudicar los derechos de los pueblos indígenas”.
Una de las principales demandas de los pobladores indígenas que iniciaron un paro indefinido en la provincia Atalaya, ubicada en Ucayali, es la titulación de 51 comunidades nativas de la región.
Parte del consejo directivo y del equipo técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) reiteró en conferencia de prensa que los Bosques de Producción Permanente (BPP) obstaculizan el proceso de titulación de los territorios indígenas.
AIDESEP demandó al Estado destrabar el proceso de ampliación y titulación de comunidades iniciado en 2014, pero que fue detenido en 2017 al otorgarse concesiones forestales mediante la simplificación del procedimiento de concesión.
Frente a ello AIDESEP ha venido articulando a través de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPAR) un procedimiento rector para efectuar una Anotación Preventiva aplicable a los procesos de titulación comunal que debe ser aprobado mediante una resolución ministerial.
<>Denuncian favoritismo.
La lideresa asháninka Ruth Buendía Mestoquiari, secretaria nacional de la AIDESEP, dijo que el Estado niega el derecho a los pueblos indígenas favoreciendo el otorgamiento de concesiones forestales.
“Hay una irresponsabilidad del Gobierno al no garantizar el derecho territorial legítimo de nuestros hermanos indígenas de la Amazonía. Se está priorizando las concesiones forestales, la actividad minera y petrolera”, alertó Buendía.
La misma opinión expresó el asesor técnico de la Aidesep, Roberto Espinoza, quien —además— dio pormenores sobre la cuestionada ordenanza regional que “favorece la invasión de tierras indígenas”.
En primera instancia, mencionó que el Gobierno Regional de Ucayali carece de facultad legal para promover dicha norma. Asimismo, alertó que a través de esta se promovería actividades como el cultivo de palma aceitera y el tráfico de tierras.
“Esta ordenanza lo que hace es reabrir los límites de los BPP, las concesiones de conservación, madereras y de turismo (…) Esta apertura es para facilitar la legalización de predios individuales de migrantes y colonos”, sostuvo.
<>Corrupción y titulación.
Otro punto que se hizo referencia fue sobre la relación entre la corrupción y la titulación de las comunidades. Los/as líderes/as indígenas y el equipo técnico concluyeron que las trabas en el proceso forman parte de este abuso de poder.
“La no titulación de las comunidades es corrupción” fue una de las declaraciones del vicepresidente de la Aidesep, Richard Rubio.
Esta idea fue reforzada por el asesor Roberto Espinoza, señalando que “la ordenanza nace de un complot para favorecer la invasión de tierras y perjudicar los derechos de los pueblos indígenas”.
Ejemplificó esta situación con el caso de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya —zona devastada por el cultivo de palma aceitera y tráfico de tierras—. Como se recuerda, el jefe de esta comunidad, Carlos Hoyos, fue amenazado hace más de un mes.
En este sentido, Espinoza señaló que los hostigamientos vienen por parte de personas que han sido beneficiadas por modalidades como la Ordenanza Regional 010-2018.
<>Conoce las principales demandas de Atalaya en el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KaRgB5q_2Gg
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/25/08/2018/hay-irresponsabilidad-del-estado-al-no-garantizar-el-derecho <>