Servindi, 24 de agosto, 2018.- En los últimos días, el gobierno boliviano se encargó de descalificar el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, una instancia que impulsó en el 2010 con el fin de debatir y encontrar alternativas al calentamiento global y acciones que atentan contra la naturaleza.
Dicha instancia, de acuerdo con un reciente informe del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, surgió durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en el 2010 en el pueblo de Tiquipaya del departamento boliviano de Cochabamba.
En aquella conferencia participaron organizaciones sociales, plataformas, intelectuales y activistas. A partir de la urgencia y el agotamiento del planeta, se instalaron 17 mesas temáticas con trabajos en varios aspectos que concluyó en la creación del Tribunal en el marco de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Esta instancia debía estar integrada por personas con amplio reconocimiento en el ámbito de los estudios y la defensa de la naturaleza, los territorios indígenas y la vida.
Para ello, se destacaron a Vandana Shiva, Boaventura de Souza Santos, Horacio Machado, Esperanza Martínez, entre otros miembros, de los 5 continentes.
Sin embargo, según detalla el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, durante la primera conferencia, algunas organizaciones indígenas de Bolivia instalaron la mesa 18 para recoger temas que no habían sido tocadas en las otras mesas, aunque esta fue desconocida por el presidente Evo Morales.
Dicha exclusión, se debía en buena cuenta, a las tensiones existentes entre los sectores indígenas y el sector campesino que representaba Morales. La exclusión volvió a ocurrir durante la II Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, que se realizó en Tiquipaya en el 2015.
En aquel entonces, el distanciamiento fue mayor debido a la agresión militar al territorio guaraní Takovo Mora, el desalojo de la sede urbana del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu (CONAMAQ) y la imposición de una dirigencia paralela.
Sin embargo, uno de los motivos mayores del alejamiento de los sectores indígenas del gobierno central fueron las dos marchas que protagonizó la población del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en resistencia a una carretera que atravesaría el corazón de su territorio.
En este sentido, en noviembre del 2017, la dirigencia del TIPNIS asistió a la cuarta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, en simultáneo con la 23 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), en Bonn, Alemania y logró que el Tribunal envíe una misión para recoger información desde el territorio en conflicto.
La delegación internacional que llegó a Bolivia para realizar dicho trabajo estaba conformada por Alberto Acosta de Ecuador, Shannon Biggs de Estados Unidos y Enrique Viale de Argentina.
Ya en el campo, la delegación pudo constatar las diferencias en el trato que recibieron por parte de las organizaciones indígenas en resistencia y las organizaciones campesinas e indígenas que tienen el apoyo del gobierno boliviano.
Según informa el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, las autoridades de la Subcentral Indígena del TIPNIS Fabián Gil, Cecilia Moyoviri y Marqueza Teco, recibieron a la misión “con mucho entusiasmo y facilitaron su encuentro y diálogo con centenares de personas, familias y dirigentes”.
“En cambio, el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) habitantes del polígono 7 del territorio, pese a haber enviado una invitación al Tribunal a visitarlos, impidieron su paso y les restringieron su libre movilidad durante 6 horas”, reporta el movimiento.
El informe de la misión será presentado al pleno del Tribunal para que dicho órgano adopte una postura, a pesar de que el fallo emitido se trate de un “mandato ético” y no una decisión vinculante aunque busca la interpelación a quienes permiten y promueven las agresiones a la naturaleza y los pueblos indígenas.
Asimismo, a través del fallo se buscará detener la construcción de la carretera que atravesará el TIPNIS, lo que facilitará el paso de más colonizadores campesinos quienes imponen la plantación de la hoja de coca intensivamente.
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