Servindi, 16 de marzo, 2018.- La Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) rechazó “la injusta persecución arbitraria” en contra de César Estrada Chuquilín, comunicador indígena y rondero cajamarquino, quien viene sufriendo ataques que afectan su vida e integridad, así como su derecho a la libertad.
“Exigimos que la Corte Superior de Cajamarca deje de postergar y vea la causa de Hábeas Corpus (Exp. 474-2018) interpuesta a su favor”, expresó la REDCIP a través de un pronunciamiento suscrito el 15 de agosto.
Por su parte, el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) informó que, luego de haberse postergado hasta en dos oportunidades, el 13 de agosto, la Corte Superior de Cajamarca realizó la audiencia de vista de causa del proceso de Hábeas Corpus a favor de Estrada Chuquilín.
Asimismo, denunció que, pese a que el Hábeas Corpus es un proceso constitucional urgente, la Sala indicó que no era la vía correcta para dicho proceso ya que no se había emitido una resolución judicial firme.
En este sentido, de acuerdo con IIDS, la defensa del comunicador social señaló que el Hábeas Corpus fue presentado en contra de todo el proceso penal, incluso desde la denuncia penal que consideran arbitrario pues persigue a las autoridades indígenas por ejercer sus funciones jurisdiccionales.
“La persecución arbitraria a César Estrada está atentando contra su vida e integridad y, además, vulnerando su derecho a la libertad, que hasta la fecha no puede salir por temor a ser aprehendido y llevado a la cárcel”, argumentó la defensa.
Durante la audiencia, según el reporte de IIDS, la esposa del comunicador indígena sostuvo que el estado de salud de Estrada es grave, producto de los maltratos policiales cuando él, junto a otros ronderos de Valle Laguna Azul, se opuso al proyecto minero Conga.
Estrada Chuquilín fue condenado a diez años de prisión efectiva y al pago de ocho mil soles de reparación civil por el Juzgado Supraprovincial el 25 de julio del 2017.
En este contexto, tanto la defensa como la esposa del comunicador social esperan que el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca que aún está pendiente, sea de acuerdo con el marco constitucional e internacional de los derechos humanos de los pueblo indígenas.
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