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Argentina: La Campaña Migrar no es Delito

(Por Alejandro Volkind para lavaca.org)

Latinoamérica Exuberante, 26 de agosto de 2018.- Rechazó la app del gobierno para expulsar inmigrantes y aunció un paro. Más de 50 organizaciones realizaron ayer una Audiencia Pública en el Congreso de la Nación para exigir la anulación definitiva del DNU 70/2017, que busca sistematizar la expulsión de migrantes, y denunciar que la aplicación para celulares que anunció hace unos días el gobierno es una herramienta ilegal de control social que no existe ni en los países con peores políticas migratorias.
El 4 de septiembre, Día del inmigrante, realizarán un paro y movilización a Tribunales como parte del plan de lucha diseñado para anular el DNU.
Durante poco más de dos horas, en la sala 1 del piso 2 del anexo del Congreso los migrantes tuvieron la palabra. El hecho, poco mediático, tuvo categoría de inédito.
Desde que en enero de 2017 Mauricio Macri publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que modificó aspectos sustanciales de la ley de Migraciones 25.871 y consolidó un discurso xenófobo en la sociedad, la problemática migrante no había tenido lugar en el recinto ni se habían escuchado las voces de sus protagonistas.
Por ello, esta Audiencia Pública convocada por la Campaña Migrar No es Delito y posibilitada por la diputada Romina Del Plá fue celebrada por los más de 15 oradores que a través de argumentos documentados y contundentes denunciaron con detalle el ataque sistemático tanto material como simbólico que viene realizando este gobierno sobre los casi 2 millones de inmigrantes que hoy en día residen en el país.

Representantes de la campaña Migrar no es delito junto a diputadas y diputados de la Nación.
No más pasos atrás
Para dimensionar el enorme retroceso en materia de Derechos Humanos que significó el DNU 70/2017 es importante conocer qué ley vino a neutralizar.
La ley de Migraciones 25.871, vigente desde finales de 2003, permitió la mayor regularización de inmigrantes de la historia argentina y fue considerada un “ejemplo mundial” por la Organización Internacional para las Migraciones.
Esta normativa, que dio de baja una ley impuesta durante la última dictadura cívico militar, fue consensuada durante meses con organizaciones de derechos humanos y aprobada por unanimidad en ambas cámaras.
El decreto, por el contrario, fue publicado sorpresivamente en el Boletín Oficial, sin debate previo y sin pasar por el Congreso y habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial.
Para ello, el gobierno tergiversó datos oficiales que le permitieron vincular directamente migración y criminalidad.
Ahora una persona migrante que subsiste de la venta callejera podría ser denunciada penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello ya lo clasificaría como “expulsable”.
“El decreto generó la sensación de que el Estado está saliendo a perseguir la migración y que la delincuencia está directamente asociada a la migración”, aseguró en la Audiencia Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes – CAREF.
Esta sensación se volvió concreta en los últimos días, cuando se conoció que el gobierno nacional implementará desde septiembre una “app para detectar inmigrantes ilegales o con antecedentes penales”.
Esta aplicación, elaborada por la Dirección Nacional de Migraciones, estará en los teléfonos celulares de policías provinciales y nacionales y de médicos de hospitales públicos, quienes podrán saber la situación migratoria y últimos tránsitos de quienes consideren sospechoso, o mejor dicho, inmigrante.
“La aplicación lo que busca es un control social total, como en la época de la ley Videla: toda la administración pública puesta al servicio del control de una parte de la población a la cual se le atribuyen toda una serie de males”.
Denunció Pablo Ceriani Cernadas, director del Programa de Migración y Asilo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Las consecuencias de esta medida –advirtió- ya se conocen porque se vivieron en la década del ´80 y del´90:
Miedo de ir al hospital, miedo a estar cerca de una fuerza de seguridad, miedo de ir a la justicia a denunciar un delito, miedo a enviar a los chicos a la escuela.
“Es una aberración en términos de políticas sociales, de salud pública, en materia laboral, educativa y de seguridad ciudadana”, señaló Cernadas.
https://latinoamericaexuberante.org/la-campana-migrar-no-es-delito-rechazo-la-app-del-gobierno-para-expulsar-inmigrantes-y-auncio-un-paro/ <>

 

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