Nicaragua: “La información que hemos solicitado al Gobierno, no la hemos recibido”

(Por Douglas Carcache)

Guillermo Fernández-Maldonado. Foto: Orlando Valenzuela.
Recibido de El Zenzontle, 6 de agosto de 2018.- Guillermo Fernández-Maldonado. Al mundo le ha sorprendido cómo una protesta social pudo haber generado tanta violencia y muertes en Nicaragua, dice el coordinador de la misión de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Las protestas ciudadanas iniciadas el 18 de abril, extendidas por tres meses y medio, han dejado más de 300 muertes producto de la violencia iniciada por la represión gubernamental.
En ese contexto, la misión de la ONU llegó al país con el mandato de que “la prioridad siempre deben ser las víctimas y la atención de sus derechos, sin importar quién es la víctima o quién es el perpetrador”, explica Guillermo Fernández-Maldonado, quien está al frente de este equipo.
<>ANPDH cierra por considerarse amenazada.
“Los derechos humanos pertenecen a todas las personas, en todo momento y en todo lugar; y el Estado es el garante de los derechos de todas las personas”, enfatiza Fernández-Maldonado en esta conversación con El Nuevo Diario.
¿En qué consiste su misión?
El Alto Comisionado, que es parte de las Naciones Unidas, tiene un mandato universal, en todo el mundo, de promoción y protección en el marco de los derechos humanos. En América Central, esto se hace desde la oficina regional de Panamá.
En nuestro caso concreto, es el Gobierno de Nicaragua el que nos ha invitado al país, por eso la presencia de la misión, para acompañar a la Comisión de Seguimiento y Seguridad como parte de la mesa del diálogo, en ejercicio de nuestro mandato global...
De promoción y protección de todos los derechos humanos que, entre otros, incluye cooperación técnica hacia los estados para cumplir sus obligaciones internacionales, el monitoreo y la promoción del uso de los mecanismos de protección de derechos humanos.
Es importante destacar que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos es solo una parte de Naciones Unidas.
El secretario general ha ofrecido esta asistencia técnica para el diálogo, con la mediación de la Iglesia. Entonces, hay que ver todas las posibilidades de acción que ofrece Naciones Unidas.
¿Cuánta facilidad han tenido para desarrollar su trabajo en el terreno, aquí en Nicaragua?
Inicialmente había muchas restricciones por el tema de seguridad, pero el ejercicio de nuestro trabajo está muy vinculado con el acceso a la información.
Nosotros recibimos mucha información, muchas denuncias desde la sociedad civil; también recibimos la información sobre las denuncias y perspectivas que tiene el Gobierno.
Nuestro valor agregado es la verificación, la constatación de los hechos y su coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos, y para eso necesitamos acceso a información y acceso a los lugares donde ocurren los hechos.
¿Qué han querido constatar y no han podido?
Por todos es reconocido que en los últimos meses han ocurrido una serie de hechos de violencia muy graves, gravísimos, que concitaron la atención internacional, y esto normalmente se dan en un ámbito de mucha polarización.
De dificultades de acceso a información, de discernir quién está diciendo la verdad, si las cifras que se manejan son ciertas, saber quiénes son los perpetradores y quiénes son las víctimas.
Verificar los hechos es parte central de nuestro trabajo y no lo hemos podido lograr a cabalidad hasta ahora.
En la mayoría de los casos, la información que hemos solicitado al Gobierno no la hemos recibido; todavía no hemos podido acceder a los principales lugares donde ocurrieron los hechos, como son centros de detención y lugares específicos donde tuvieron lugar protestas y tranques.
Hemos solicitado esto verbalmente y por escrito, sin éxito. Entiendo que las otras entidades que tienen mandatos complementarios, como la Comisión Interamericana (CIDH), también lo han hecho.
Hay dos casos que a la gente le preocupan mucho; qué pasó en Masaya después de la última incursión de parapoliciales o paramilitares y policías, y qué pasó en Lóvago.
Hay rumores de que hubo más muertos de los que se conocen oficialmente, que hubo desaparecidos o gente que anda huyendo. ¿Qué información han obtenido ustedes?
Hoy ha dado una nueva cifra la Comisión Interamericana, que tiene un mandato específico en su ámbito, que supera las 300 personas fallecidas, pero el acceso a la información y los lugares no lo hemos logrado todavía.
Por supuesto, tenemos diversas versiones y testimonios. Hay un trabajo fantástico que están haciendo organizaciones no gubernamentales nacionales, recopilando información y también testimonios.
Pero en realidad, lo único que podemos constatar es, por supuesto, un elevadísimo número de víctimas y no solo el uso de armas letales por la policía y de grupos que no tienen ninguna identificación.
<>Padres denuncian: un hijo desaparecido y otro preso.
A estos grupos se les puede llamar de diferentes maneras, pero son grupos armados, encapuchados, que han actuado al lado o conjuntamente con efectivos de la policía, a los cuales se les atribuyen una serie de actos de violencia.
Pero, en todo caso, esto tuvo una repercusión internacional que generó declaraciones, tanto del Alto Comisionado de Derechos Humanos como del propio secretario general de la ONU, con indicaciones también de la OEA, exigiendo la inmediata desarticulación de estos grupos.
Aunque es difícil darles una denominación, definitivamente conforme a estándares internacionales, el ejercicio del uso de la fuerza está absolutamente regulado, y en caso de protestas sociales debe ser el último recurso.
Y solo puede ser ejercido de manera excepcional por los agentes del orden entrenados e identificados, pues es monopolio del Estado. Esto no ha sucedido en el caso de Nicaragua.
Ustedes han denunciado el uso extremo de la violencia. ¿Cómo se puede resolver esta situación a estas alturas?
Estamos en otra etapa. El Estado, a través de la administración de justicia, que tiene que ser independiente e imparcial, es el que tiene que identificar a los autores y sancionarlos conforme a ley.
Nosotros no hemos recibido información de investigaciones o procesos judiciales en contra de agentes policiales o de miembros de estos grupos ilegales.
Solo hemos tenido información de procesamiento de personas que participaron en las protestas que son acusadas de terrorismo, de asesinatos, mediante procesos judiciales donde no se están respetando las garantías mínimas del debido proceso.
Lo que hemos observado en esta etapa es estigmatización, es decir, todos son terroristas, todos son golpistas, cuando esto hay que fundamentarlo.
La atribución del delito de terrorismo es muy grave y nosotros alertamos del riesgo de aprobar una ley en esta materia en este momento, porque ha sido muy desnaturalizada en el mundo y en la región, y tiene que estar apegada a los estándares internacionales.
Tenemos información de detenciones sin orden de un juez; de las audiencias judiciales preliminares que se realizan de forma privada por naturaleza deberían ser públicas, sin el abogado defensor elegido y en las que las familias no podían entrar.
Luego de una situación tan tensa todo se puede volver sospechoso. Lo más que uno quiere es información clara y objetiva y transparencia para clarificar, si no, va a ser muy difícil construir un diálogo.
Dice que estamos en una nueva etapa. En uno de los informes, el Alto Comisionado afirmó que la población está muy afectada, que hay frustración y mucho temor. ¿Cómo ha cambiado eso?
Lo que nosotros estamos recibiendo es información de gente que sí tiene temor, teme ser víctima de represalias por haber participado; tiene temor a ser detenida de manera arbitraria.
Que pueda ser acusada de terrorismo, con altas penas, y no siente que vaya a ser juzgada por un juez imparcial de manera pública; siente temor de ser víctima de diferente tipos de represalias, inclusive económicas.
<>Ángel González propuesto para Ley Magnitsky.
Sabemos de gente que ha denunciado que sus casas han sido saqueadas o quemadas. Todavía hay polarización y temor. Una expresión de eso es la gente que está saliendo del país o escondiéndose todavía.
El temor se mantiene porque siguen habiendo este tipo de presiones y este tipo de procesos. Es una nueva etapa, pero no consideramos que se haya vuelto por completo a la normalidad, conforme a la información que estamos recibiendo de la gente.
Cuando ustedes llegaron, se pusieron al servicio del Diálogo Nacional, de los obispos que estaban mediando. ¿Qué posibilidades existen de que esa instancia pueda todavía hacer algo positivo a favor de la población, de la justicia?
El secretario general y el Alto Comisionado también, y entiendo que es el mismo sentido desde la OEA, todos señalan el diálogo como única salida para esta crisis.
Es cierto que hay que crear las condiciones para retomarlo, pero incluso personas que han sido muy afectadas personalmente en el marco de estas protestas y que están muy dolidas, siguen dispuestas al diálogo.
Como ha dicho el secretario general, definitivamente estamos a favor del diálogo. Reconocemos que hay un liderazgo del ámbito regional, ratificado hoy con esta resolución (de la OEA), que nosotros queremos interpretar como una muestra más del interés regional genuino de apoyar una salida para esta crisis.
El secretario general ha mencionado en varias formas la disposición de Naciones Unidas para apoyar técnicamente este diálogo, con la Iglesia Católica como mediadora, testigo, facilitadora.
Esto es un apoyo técnico y acompañamiento de la ONU, dada su experiencia en el ámbito del diálogo, pero esto tiene que ser liderado por los actores nacionales.
Cada cuatro años, Naciones Unidas hace una revisión periódica de países en cuanto a derechos humanos. ¿Cuándo le toca a Nicaragua y qué trascendencia puede tener esto que ha pasado aquí?
Ese es el famoso Examen Periódico Universal, también conocido como EPU. Ese es tal vez el examen de derechos humanos más importante en el mundo...
Porque consiste en la presentación de un informe por cada Estado frente al resto de Estados de Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos que es el órgano más importante de derechos humanos.
Nicaragua volverá a someterse al EPU en abril o mayo del 2019, pero este es un proceso que se inicia ahora y si bien el debate se lleva a cabo en Ginebra entre representantes de Estados, quienes envían la información no solo es el Gobierno, sino todos los actores interesados de la sociedad civil y de los organismos internacionales, y esto es muy importante.
<>Atentado contra Maduro es también contra Nicaragua, dice canciller.
Hemos hablado con el Gobierno, pues tradicionalmente ofrecemos cooperación técnica para este examen, pero también la ofrecemos a la sociedad civil, la que da sus visiones, propone recomendaciones y realiza acciones de incidencia.
Guillermo Fernández-Maldonado y Douglas Carcache.
Es obvio que lo ocurrido en los últimos meses va a afectar el diálogo que va a ocurrir en Ginebra en el 2019. Es bueno que todo el mundo conozca el proceso, es bueno que den sus puntos de vista en este otro ámbito de diálogo y, sobre todo, recomendaciones de cómo avanzar.
Aquí hay que hablar de sociedad civil en sentido amplio, no solo la sociedad civil que se veía tradicionalmente, de oenegé, derechos humanos, sino también movimientos de mujeres, pueblos indígenas, el sector académico, el sector empresarial, etc.
La labor de los periodistas es fundamental y son también considerados defensores de derechos humanos y tienen visiones sobre sus propios derechos y sobre la situación de los países, que también pueden ser actores.
El EPU de Nicaragua es una oportunidad muy importante, para la reflexión y superación de lo que ha venido pasando en Nicaragua.
Usted tiene mucha experiencia en situaciones de conflictos, ha trabajado en muchos países, en El Salvador, Guatemala, Afganistán… ¿Qué le sorprende de lo que ha pasado en Nicaragua?
En Nicaragua no hay un conflicto armado. He participado en misiones de Naciones Unidas, sobre todo en países en conflicto armado o saliendo de ellos, como en El Salvador, Guatemala o Afganistán.
Pero, lo que sorprende al mundo, en realidad, es cómo una protesta social puede haber generado este nivel de violencia y este número de víctimas. Esto sí es realmente inusitado.
Llama la atención que hayan fallecido alrededor de 30 policías, pero, sobre todo, ha llamado la atención de la comunidad internacional que el 90% de las personas que han fallecido son civiles.
Normalmente, se trata de cifras que se dan en el marco de conflictos armados, no en el marco de una democracia y de una protesta social. Por eso es que se ha generado esta alarma ¿Qué está pasando en Nicaragua?
¿Por qué, de ser uno de los países que se veían a la avanzada en términos de seguridad, conforme los indicadores, de repente en unas pocas semanas o meses se pasó a este grado de violencia entre nicaragüenses?
En este contexto, la primera prioridad debería ser detener de inmediato lo que todavía hay de violencia, de criminalización, pero inmediatamente después reflexionar qué nos pasó para que haya ocurrido este cambio tan grande que la comunidad internacional ha visto en los últimos meses, cómo atendemos los derechos de todas las víctimas y cómo evitamos su repetición.
Viene la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Este tema de Nicaragua, podría tener un eco allí?
Yo le adelanto que viene también la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Ginebra. Estoy casi seguro que este tema va a salir allí.
Esto es algo que, si bien ha bajado un poco la atención mediática, que estaba en su clímax cuando estaba la violencia en las calles y se veían las solicitudes de adelantar ele- cciones, de cambios políticos, pero la visión de la comunidad internacional se ha mantenido.
Hay muchísimo interés y sobre todo ganas de apoyar una salida dialogada y también de recuperar parte de los acuerdos y las demandas planteadas.
No hay que perder de vista que ya habían acuerdos para revisar todo el andamiaje electoral para lograr efectivamente la democratización, para que no haya ningún cuestionamiento respecto de un futuro Gobierno, para que todo el mundo entienda que está participando en elecciones que son conforme a los estándares internacionales.
Ya está el acuerdo firmado, incluso está parcialmente financiado y tiene el liderazgo de la OEA. Se necesita avanzar en esos cambios, construir un nuevo acuerdo sobre esa base.
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471470-onu-crisis-nicaragua-derechos-humanos/ <>

 

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