Servindi, 13 de julio, 2018.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que las acciones que buscan que los periodistas revelen sus fuentes amenazan el derecho a mantener la confidencialidad de sus fuentes.
Ello en relación a las presiones que ejercen la fiscalía y el Congreso del Perú contra los periodistas que en el contexto de investigaciones revelarían hechos de corrupción en el ámbito del Poder Judicial y el Consejo Nacional de Magistratura.
Joel Hernández, Comisionado y Relator de la CIDH para Perú, dijo que “las investigaciones sobre hechos de corrupción no deben afectar a los periodistas que, en el ejercicio de su profesión, coadyuvaron a que la sociedad conociera los hechos que ameritaron esas mismas indagatorias”.
Del mismo modo, Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, recordó que “la confidencialidad de la fuente es un elemento esencial de la labor del periodista y del papel que la sociedad ha conferido a los periodistas de informar sobre cuestiones de interés público”.
<>El derecho a la confidencialidad.
La Relatoría Especial recuerda que la importancia del derecho a la confidencialidad de las fuentes reside en que, a fin de proveer al público de información necesaria para satisfacer su derecho a recibir información, los periodistas realizan un importante servicio al público cuando recaban y difunden información que no sería divulgada si la reserva de las fuentes no estuviera protegida.
La confidencialidad, por lo tanto, es esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que cumplen en la sociedad de informar sobre asuntos de interés público.
Asimismo, la CIDH recuerda que en la Resolución CIDH 1/18 del 2 de marzo de 2018, sobre “Corrupción y Derechos Humanos”, reconoce el importante papel del control ciudadano que los periodistas y los medios de comunicación en la investigación y denuncia de corrupción.
<>La Resolución CIDH 1/18 recomienda:
“Promover un ambiente con garantías para la libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a corrupción.
Esto incluye garantizar la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas que investigan y denuncian corrupción, derogar leyes de desacato y difamación criminal y garantizar la proporcionalidad de sanciones civiles, asegurar la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas; y establecer sistemas de protección de denunciantes de corrupción”.
<>Amenaza en el Perú.
Según la información recibida por la CIDH, los periodistas Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen, director del Instituto de Defensa Legal (IDL-Reporteros), y Rossana Cueva Mejía, directora del Programa Periodístico “Panorama”, fueron citados para el día 12 de julio a una Sesión Extraordinaria en el Congreso de la República de Perú, convocada por la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
El objeto de la citación a los periodistas es para “[i]nformar la forma y circunstancias por el cual obtuvo los audios y/o documentación en relación a las interceptaciones telefónicas realizada[s]”.
Además, en el documento, se le requiere “[e]ntregue a esta comisión los audios y/o documentación original que sustentaron el mencionado reportaje”.
<>También la Fiscalía.
A su vez, el lunes 10, la fiscalía anticorrupción habría iniciado investigaciones sobre las presuntas irregularidades denunciadas por IDL-Reporteros y Panorama.
Según se informó, esa fiscalía habría dispuesto una orden de exhibición de documentos a la redacción de IDL Reporteros para acceder al material y el trabajo periodístico realizado. La diligencia habría comenzado a ejecutarse, pero la misma fue suspendida.
Luego de una alerta, emitida por organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio Público en la misma fecha emitió un Comunicado de Prensa asegurando que “El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Verlarde, reitera su respeto a la libertad de prensa y afirma que durante toda su trayectoria fiscal y personal ha sido un firme defensor de los valores democráticos de nuestra sociedad”.
La Relatoría Especial expresa su preocupación por la situación creada en torno a estos periodistas, y recuerda que cualquier medida tendiente a incautar material periodístico, que requiera relevar fuentes o citar a periodistas en calidad de testigos, tiene un efecto restrictivo sobre la libertad de expresión.
Conforme el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
<>Datos:
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
https://www.servindi.org/actualidad/12/07/2018/relatoria-especial-manifiesta-preocupacion-por-acciones-para-que-periodistas <>