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México: Gobierno de Colima hostiga a padres por denunciar la “desaparición forzada” de su hija

 

(Por Pedro Zamora Briseño)

José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima. Foto: Miguel Dimayuga.
Proceso, 23.-Colima, Col., 23 de marzo (apro).- El Observatorio Ciudadano de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género denunció que el gobierno estatal ha realizado actos de hostigamiento y acoso policial contra los padres de la menor Cristina, luego de que denunciaron su “desaparición forzada” en la comunidad La Floreña, en el municipio de Manzanillo.
El pasado 13 de marzo, acompañados por la organización, José Luis Abarca Landa y Yarely Gaytán Padilla denunciaron públicamente que un mes antes, su hija de 16 años de edad, no regresó del bachillerato al que acudía y que, después de buscarla en diversos lugares del estado, se enteraron de que personal del DIF se la llevó de su escuela.
Con el apoyo de la abogada Adriana Ruiz Visfocri y la activista Griselda Martínez, exigieron que les fuera entregada la menor. Al no obtener respuesta, denunciaron formalmente a algunos servidores públicos por el delito de desaparición forzada.
Tras la difusión pública del asunto, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que aseguró que era falso que la menor estuviese desaparecida, pues “en atención al principio de máxima protección a que están obligadas todas las autoridades, la adolescente de referencia se encuentra en resguardo protegido.
A disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo una medida dictada por la Procuraduría General de Justicia, y de ello tiene conocimiento la familia y la denunciante”.
La autoridad señaló que, a través de denuncias ciudadanas, fue alertada “sobre la situación de violencia que estaba viviendo la menor, y por ello, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, se procedió a su resguardo y protección conforme a los protocolos y privilegiando en todo momento la atención a la violencia de género y el interés superior de la niñez”.
En rueda de prensa, Griselda Martínez narró que, sin haber permitido a los padres ver a su hija, el pasado sábado 17 a las 21:00 horas, personal de la PGJE acudió a su domicilio en la comunidad La Floreña a entregarles un citatorio para que se presentaran ante el Ministerio Público en la capital del estado de manera inmediata, en calidad de imputados.
No obstante, no les notificaron su derecho de acudir acompañados de su abogada y, en cambio, los apercibieron al decirles que, de no hacerlo, se usaría la fuerza pública para hacerlos comparecer.
“Los señores padres de la menor desaparecida no asistieron porque se les imposibilitaba trasladarse a deshoras de la noche para llegar a la ciudad de Colima a medianoche del sábado o primeras horas del domingo, por cuestión económica y por no dejar solos a sus otros dos menores hijos”, narró Martínez.
Como consecuencia, añadió, el lunes 19 por la mañana se presentaron en su domicilio alrededor de siete camionetas con aproximadamente 16 personas con cámaras de video y demás que exigían hablar con los padres de la menor.
Al ver el operativo, éstos se resguardaron en su casa temiendo lo peor. Durante todo el lunes, camionetas con agentes policiacos acosaron el domicilio y con ello, evitaron que la familia se pusiera a trabajar, provocándoles un problema económico.
La activista consideró “preocupante ver cómo la Procuraduría de Justicia no se apega a los procedimientos legales para dar seguimiento y resolver este caso y, al contrario, utiliza métodos intimidatorios e ilegales”.
La abogada Adriana Ruiz Visfocri calificó como “ridículas” y “absurdas” las declaraciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Sabino Hermilo Flores Arias, en el sentido de que en el caso se descarta que exista desaparición forzada.
Según su interpretación, la menor continúa desaparecida, pues desde hace más de cinco semanas no ha sido presentada ante sus padres.
“A pesar de que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos debería saber que las únicas personas facultadas para determinar si hay un delito o no son los jueces y juezas de lo penal, el señor se permite decir que se descarta que sea una desaparición forzada”, comentó.
De acuerdo con Ruiz Visfocri, la menor fue recogida sin que existiera ningún procedimiento, sin denuncia previa y sin carpeta de investigación iniciada.
Por ello, dijo que “no existía ningún respaldo que justificara que hubiera ido el personal del Instituto Colimense de las Mujeres hasta la comunidad de la Floreña y sustraer a una menor de edad para traerla hasta la capital del estado, sin el conocimiento, y mucho menos, la autorización de los padres de la niña que ejercen la patria potestad”.
La litigante consideró que, con sus declaraciones, el titular de la CDHEC también “criminalizó a los padres de la menor al decir que, si las decisiones de los padres vulneran los derechos de los hijos, fue por eso que se trajeron a la niña de su escuela”.
En ese sentido, Adriana Ruiz consideró que no tiene caso atender la invitación que hizo a los padres a ir a presentar una queja, porque “si ya descartó que haya delito y los está criminalizando, ¿para qué quiere que vayan?
¿Para que les diga que no hay delito? ¿Para que se constituya en juez penal y defensor del gobierno del estado y criminalice de nueva cuenta a los padres? Es muy irresponsable el actuar del presidente de la Comisión de Derechos Humanos”.
http://www.proceso.com.mx/527322/gobierno-de-colima-hostiga-a-padres-por-denunciar-la-desaparicion-forzada-de-su-hija-acusa-observatorio <>

 

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