(Escribe Marcos Mayer)

Fotos: Gustavo Zaninelli.
So-compa.com 4 de marzo.- El asesinato de Rafael Nahuel. Las características del operativo de represión en el que mataron al joven mapuche hablan de una impunidad y una xenofobia que están cada vez más amparadas e incluso impulsadas por el propio gobierno. Las palabras y las armas se prestan el método.
Fueron 114 disparos. Todos de un solo lado de la vereda social. Rafael Nahuel murió de un disparo por la espalda mientras escapaba de los ataques de la Gendarmería. No hay la menor señal de enfrentamiento, lo que prueba que Nahuel no atacaba, huía al igual que el resto de los mapuches.
Al no haber una situación de choque lo único que correspondía, en todo caso, era un operativo de disuasión. Entonces, si de lo que se trataba era de disuadir a los mapuches, no hacían falta tantas balas y menos aún que fueran letales. Para decirlo pronto, la Prefectura salió a matar. Alevosamente.
La pregunta es ¿Por qué lo hicieron? Y hay varias respuestas posibles. Una es la protección explicita y casi maternal de Patricia Bullrich, quien incluso ascendió al gendarme sospechado en la muerte de Santiago Maldonado.
Un aval que, a diferencia de otros casos de garantía de impunidad, se hace público. No se utilizan recovecos legales, no se arman pactos de silencio y de protección mutua, ni siquiera se amenaza a testigos.
Cambiemos propagandiza la impunidad a cielo abierto, como demuestra claramente el hecho de que Macri no solo haya respaldado sino recibido a Chocobar en la Casa Rosada, además de la nueva “doctrina” que publicita la ministra de Seguridad.
La impunidad también se reparte de manera desigual, mientras se insiste en medidas represivas, en endurecimiento de las penas, en reducción de la edad de imputabilidad, mientras se suceden las declaraciones contra el garantismo, se aprueban públicamente las conductas ilegales, o sospechosamente ilegales, de las fuerzas de seguridad.
La explicación no es menor pero no termina de responder a porqué lo hicieron. Lo que cabe suponer es que, ante la garantía explícita de protección, los prefectos dieron rienda suelta a odios largamente amasados, esos que se dan cuando de lo que se trata es de marcar fronteras.
Como si los mapuches fueran extranjeros, como si vivieran en otro país, como si usurparan tierras que son nuestras, aunque sea para que se las vendamos –o regalemos- a Benetton.
Las fuerzas de seguridad sureñas parecen confundir nacionalidad con derecho a la propiedad, algo que entra en sintonía con Cambiemos para quien la propiedad define la nacionalidad.
Investigando un poco, se encuentra que en junio de 2016, una delegación del INADI se juntó con la Gendarmería de la frontera entre Jujuy y Bolivia para aleccionarla sobre cómo tratar bien a quienes ingresaban al país. Lo cual hace suponer que antes no lo hacían.
En noviembre del año pasado, la Gendarmería implementó una injustificada requisa para evitar que inmigrantes bolivianos celebraran el Día de los Muertos en el cementerio porteño de Flores.
Fue una escalada de xenofobia, hasta 2017 se reducía el horario del cementerio pero no se impedía el cumplimiento de los ritos. Tampoco se permitió la participación de una comparsa boliviana en la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza.
Como sea, por razones que vienen de largo pero que están azuzadas por la acción de un gobierno que cree en el valor estratégico y político de la xenofobia (por ejemplo, instalando la cuestión del arancelamiento de los hospitales para ciudadanos bolivianos) se puede reprimir a mansalva en una manifestación o disparar por la espalda a un grupo de manifestantes.

En un caso es odio de clase –que las fuerzas represivas ejercen, muchas veces con gran beneplácito- en el otro, un brutal desprecio por la vida de aquel que no es “de los nuestros” –como sucedió en el Sur.
Esta vez la Prefectura le puso número a su odio: 114. Balazos que llevan el mensaje de que los mapuches para seguir vivos deben dejar de ser quienes son. De una manera u otra, la represión se juega en el terreno de la identidad.
Y hace rato que gendarmería viene decidiendo sobre identidades aceptadas e identidades sin derechos. Y para eso cuenta con un aliado incondicional que habita la Casa Rosada.
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