(Por José Díaz)

Fuente: desdeelexilio.com
Servindi, 30 de octubre.- En medio de la guerra fría instalada entre Cataluña y Madrid por la amenazante invocación de un artículo constitucional que daría control al Gobierno de España sobre la aún comunidad autónoma, la población catalana se sumerge en el divisionismo.
Contra las expresiones independentistas el pasado fin de semana tuvo lugar una multitudinaria marcha de “unionistas” en Barcelona.
Desde hace un mes la aún comunidad autónoma de España, Cataluña, se encuentra en el ojo de la tormenta. Especialmente luego de que hace un mes un intento de referéndum propiciara una de las jornadas de mayor represión policial vividas en la Península Ibérica en varios años.
La situación actualmente en Cataluña es de incertidumbre absoluta. Y es que en la última semana el presidente catalán Carlos Puigdemont ha mostrado una relativa marcha atrás en su discurso.
Esto debido a que luego de anunciar la proclamación de Cataluña como una república independiente durante el referéndum del primero de octubre, ahora ha decidido “suspender los efectos de la declaración de la independencia”.
El argumento ofrecido por el político catalán es el de abrir un proceso de diálogo con el Gobierno de España, el mismo que desde Madrid no se ha mostrado muy flexible. A todo esto, la población catalana parece estar más dividido que nunca.
Pese a las múltiples manifestaciones a favor del independentismo enarboladas durante los últimos años, ayer domingo tuvo lugar Barcelona una multitudinaria manifestación de cerca de un millón de habitantes catalanes a favor del mantenimiento de Cataluña bajo soberanía de España.
<>La famosa 155.
En medio de este lío ha surgido un entrampamiento político entre Madrid y Cataluña que se remonta a la Constitución de España redactada en 1978.
Resulta que la administración encabezada por Mariano Rajoy ha amenazado con la activación del artículo °155 de la carta magna española con el fin de que su gobierno tome control político de todas las instituciones catalanas.
Puntualmente lo que este artículo permitiría al Gobierno de España sería “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella –Comunidad Autónoma que atente contra los intereses españoles– al cumplimiento forzoso de sus obligaciones –constitucionales”.
Desde que se creó la Constitución de 1978 –tras varias décadas de dictadura militar franquista–, nunca España se vio en la obligación de invocarla.

A propósito, para su activación y aplicación unilateral solo haría falta la aprobación de la mayoría absoluta del Senado español, cuya mayoría de integrantes es del Partido Popular.
En medio de todo esto, de una tira y afloja político entre Barcelona y Madrid, la población catalana vivo uno de los periodos políticos, sociales y económicos más críticos de su historia.
Tras un referéndum envuelto en represión y con un conteo de votos cuestionable, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos apenas si ha formado parte del debate.
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/10/2017/cataluna-dividida-y-amenazada <>