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España: Veinte meses sin Berta Cáceres

(Por Javier Arjona, corresponsal de Prensa Indígena)

Pola de Siero, 1 de noviembre.- A 20 meses del asesinato de Berta Cáceres. Informe del GAIPE-Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas. "Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres", se intitula el Informe. Altas autoridades de Honduras involucradas en asesinato de Berta Cáceres, demuestra el documento.
El informe revela que el plan para asesinar a la lideresa se inició en noviembre del 2015. Incluso, la información obtenida a través de los registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016.
El documento contiene información acerca de la utilización, por parte de la empresa DESA, de todas sus influencias políticas dentro de gobiernos para lograr la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Y muestra como la empresa, ya en operación, organizaba y lanzaba campañas de desprestigio y criminalización hacia la compañera Berta y hacia el COPINH.
Una de las cosas que se ve claramente a través de las pruebas que contiene el informe es el plan de persecución que se orquesta desde DESA hacia Berta y el COPINH, mediante pagos a informantes, contratación de sicarios para la intimidación hacia el COPINH.
Especialmente a la comunidad de Río Blanco y hacia la coordinación general, el sabotaje hacia la radio comunitaria La Voz del Gualcarque, la cooptación de funcionarios públicos para la protección de sus empleados y la persecución a integrantes de COPINH.
A través de las páginas del informe se evidencia el doble papel de los aparatos de seguridad del estado, por un lado desprotegiendo al COPINH y a Berta, pero por el otro brindando total protección y cobertura a la empresa DESA.
Una de las conclusiones más impactantes y claras del informe, que reafirma lo denunciado por el COPINH y la familia, es que el asesinato de Berta fue concebido por altos funcionarios de la empresa DESA, en contubernio con entes estatales, quienes no solamente la desprotegieron sino que informaban a la empresa de sus movimientos y se encargaban de criminalizarla.
En un apartado se habla de la banca internacional, que no queda exenta; en el informe se expone cómo el FMO, FINNFUND y el BCIE no podrían haber ignorado la violación de derechos humanos por parte de la empresa hacia el COPINH.
Y cómo su financiamiento es fundamental para la continuación de violaciones a la comunidad y la permanencia de la empresa en el territorio Lenca. Quedan grandes preguntas dirigidas al Estado de Honduras, en especial hacia el ministerio público.
Cuestionamientos en torno a la investigación, la intencionalidad y funcionalidad de la secretividad en torno a la investigación, la violación del derecho a las víctimas a la participación integral en la investigación.
La falta de imputaciones a individuos con clara responsabilidad en el asesinato, y la falta de investigación de otros delitos alrededor del asesinato de nuestra compañera, delitos como la asociación ilícita, corrupción, entre otros.
Es totalmente estremecedora la estructura criminal que se monta para frenar al COPINH, y que hasta el día de hoy no ha habido ninguna acción por parte de estado para desmontarla.
Queda la gran pregunta: a pesar de las pruebas, de los distintos esfuerzos del COPINH, de la familia de Berta, de los Abogados, las diversas organizaciones de Honduras y del Mundo, ¿veremos, juicio y castigo a los autores intelectuales del asesinato de Berta o las negligencias en la investigación, el poder político, mediático y económico de la empresa DESA llevará este crimen a la impunidad?
El asesinato de Berta Cáceres ha sido considerado "emblemático" de la persecución a activistas indígenas y ambientalistas en un momento en que este tipo de crímenes se han incrementado en todo el mundo.
En contraposición a las retóricas de los gobiernos que hablan de la sostenibilidad y aprobaron dos años atrás los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, que todavía no se ven por ningún lado en cuanto a aplicación para detener el deterioro del planeta y el colapso climático…

Si se sigue asesinando a quienes defienden los bienes comunes... en vez de ser los primeros en recibir protección integral... ¿cómo hacer creíbles los ODS?
El Informe del GAIPE que ha tenido amplia repercusión en verdad no hace sino corroborar informaciones que ya se sabían o que el COPINH (premio DDHH del ayto de Siero de este año), y la familia de Berta Cáceres habían evidenciado: la defensa de los ríos, la defensa de los derechos indígenas, cuesta la Vida.
Pero este informe independiente vuelve a poner de manifiesto que lo aprobado por la ONU hace diez años en su Declaración de derechos de los pueblos indígenas, y más antes en 1989 con el Convenio 169 de la OIT, tiene que cumplirse.
Y que cuando la empresa DESA con financiamiento europeo vulneró uno de esos derechos, la consulta previa, libre e informada, para llevar adelante su negocio, no sólo estaba violentando esos Derechos de la ONU, sino que estaba en confabulación con autoridades de gobierno y militares atentando a las integridades físicas, espirituales, culturales de las comunidades lencas de la zona.
No es una temática distinta a la que el gobierno español daba respuesta proteccionista de las empresas en el decreto del 28 de julio en su Plan de Acción sobre empresas y ddhh…
Que ha sido considerado por la Coordinadora de ONGDe, por Amnistía y por otras muchas instancias como un brindis al sol, al dejar en manos de las empresas su "autorregulación" a la hora de llegar a territorios ajenos a sacar tajada.
Dicho plan de acción se publicaba sin consulta a las organizaciones en el momento diplomático en que nuestro país aspiraba a integrar un sillón del Consejo de DDHH de la ONU.
Pero su contenido se limita a "informar" a las empresas de sus obligaciones, en vez de exigir su cumplimiento y sancionar en su caso las vulneraciones.
No es un asunto diferente, sino el mismo, que se debate en Ginebra estos días, tratando de edificar una herramienta jurídica vinculante para la acción de empresas transnacionales, con mecanismos que eviten la actual impunidad de sus acciones negativas o criminales.
El Informe GAIPE para el caso de la persecución sistemática al COPINH y el asesinato de varios de sus dirigentes, entre los cuales el de su coordinadora Berta Cáceres, muestra y recomienda la imperiosa necesidad de que se quiebren dinámicas perversas como...
"La política de explotación de recursos naturales en Honduras, impulsada por el gobierno en alianza con el sistema financiero y empresas nacionales e internacionales, ha generado violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y la ruptura del tejido social de numerosas comunidades.
Se han visto particularmente afectados los derechos del pueblo Lenca y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)".
"Las agresiones en contra de Berta Isabel Cáceres Flores son consecuencia de haber sido considerada como "enemiga" por su liderazgo como mujer, indígena, ambientalista, lideresa política y social, comprometida con las demandas sociales frente a la violación de los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y del medio ambiente.
Según la evidencia que a la fecha ha entregado el Ministerio Público, Berta Isabel Cáceres Flores, personas integrantes del COPINH y familiares fueron sometidos a un sistema de control, vigilancia, y seguimiento que incluía una red de informantes establecida por agentes de DESA en coordinación con miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Esa red le permitió a agentes de DESA y del Estado llegar a tener información detallada no solamente de la vida pública, sino aspectos de la vida personal y familiar de Berta Isabel Cáceres Flores y de personas integrantes del COPINH, la cual ha sido empleada, incluso, luego del ataque efectuado el 2 de marzo del 2016."
"El otorgamiento de concesiones en territorios de los pueblos indígenas, sin haber efectuado la consulta previa, informada y de buena fe es violatorio de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, dado el carácter imperativo de lo dispuesto en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT."
<>El GAIPE recomienda: A la comunidad internacional:
"Apoyar y fortalecer los procesos de monitoreo y auditoria social en torno a las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas en el contexto de violencia que vive la sociedad hondureña, así como, en la promoción y defensa de los derechos humanos ante los proyectos de explotación de recursos naturales y bienes del Estado.

Acompañar las demandas de verdad, justicia y reparación como mecanismo para garantizar la construcción y consolidación de sociedades menos violentas en las que, el respeto a los derechos humanos, sea incorporada como una práctica cotidiana por agentes estatales, empresas y sistema financiero.
Acompañar las demandas de verdad, justicia y reparación de la familia de Berta Isabel Cáceres Flores, personas del COPINH, y de todos aquellos actores que reclaman la superación de la impunidad y arbitrariedad en el ejercicio de las funciones estatales respecto de la explotación de recursos naturales y bienes del Estado".
http://mas.lne.es/cartasdeloslectores/carta/28899/veinte-meses-berta-caceres.html
http://pachakuti.org/spip.php?article748<>

 

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