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México: Oaxaca: una década de impunidad

(Por La Redacción)

2006. Policías golpean a un integrante de la APPO en Oaxaca. Foto: Miguel Dimayuga.
Ciudad de México, 28 de septiembre (Proceso).- Hace 10 años el pueblo del estado de Oaxaca y ciudadanos de otras entidades del país, extranjeros inclusive, fueron víctimas de una oleada represiva perpetrada por el gobierno del priista Ulises Ruiz y que hasta hoy sigue impune.
En febrero de 2016, la Comisión de la Verdad que se creó para investigar esos hechos elaboró un informe, cuya versión sin censura y bajo el título Cuando el Estado aplasta, a cargo del periodista Diego Enrique Osorno, acaba de ser puesta en circulación por Ediciones Proceso.
El reporte documenta 27 muertes con visos de haber sido producto de ejecuciones extrajudiciales, así como numerosas desapariciones y cientos de casos de tortura. Aquí, un adelanto del volumen.
El profesionista, padre de familia, esposo y noveno de 12 hijos de la familia Sampablo Cervantes fue Lorenzo. Junto a los suyos tenía proyectos para hacer valer sus derechos a la educación y al trabajo.
Nacido en una comunidad del estado de Oaxaca, con serias limitaciones económicas logró terminar sus estudios básicos para luego continuar con su formación profesional en la Ciudad de México. Volvió a su tierra graduado como ingeniero-arquitecto politécnico.
Pudo ejercer su profesión trabajando para el gobierno del estado de Oaxaca, en donde el profesionalismo y el compromiso con la sociedad no son lo importante para obtener una seguridad laboral y una vida digna, sino las lealtades a los jefes priistas.
No obstante, aseguran sus familiares, Sampablo Cervantes se rebeló contra esa corrupción y defendió sus derechos laborales junto con otros compañeros hasta lograr su base después de 17 años de servicio.
Gracias a este esfuerzo de toda una vida, pudo costearles la formación profesional a sus hijas e hijos mayores Adriana, Alejandra y David. Como muchos oaxaqueños, Lorenzo tenía familiares que ejercían la profesión de maestro y participaban en el movimiento magisterial.
Este antecedente de lucha y las carencias que observaba en las comunidades al realizar sus servicios como empleado de gobierno en la Secretaría de Obras Públicas (SOP) fueron el referente de su historia personal, que desembocó en el año 2006 al involucrarse en el movimiento social que irrumpió en Oaxaca.
Lorenzo acudía a marchas, llevaba víveres al plantón y mantenía una idea firme en contra de los abusos cometidos por el gobierno. En medio de este proceso social nació su último hijo, Andrés, que con tan sólo cuatro meses de vida quedó huérfano de padre.
Una bala que le dispararon por la espalda miembros de la caravana de la muerte le atravesó el pulmón el 22 de agosto.
La ejecución extrajudicial ocurrió cuando Lorenzo corría para salvar su vida en medio de un ataque contra la multitud que resguardaba una radiodifusora tomada. A 10 años de distancia, sus familiares no han obtenido justicia ni se han reparado los daños ocasionados por este asesinato.
Para estudiar el caso deben considerarse los hechos conflictivos en los que se enmarca la ejecución extrajudicial de Lorenzo, así como el carácter de su participación en el movimiento social.
Tales hechos correspondientes a esa etapa fueron la creación de ingobernabilidad como táctica de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que seguía dos vías: la legal y la política.
También es importante tomar en consideración los ataques que se dieron en diversos puntos de la ciudad la madrugada en que fue ejecutado Lorenzo.
La Sección XXII de la CNTE se encontraba en plena consulta a la base magisterial para definir si se continuaba el paro de labores de dicho gremio y por tanto la mayoría de los maestros se encontraban ausentes de los plantones.
Por esos días se esperaba la visita de la Comisión del Senado que valoraría la situación imperante en el estado para determinar la existencia o no de ingobernabilidad: el paso previo a la posible desaparición de poderes solicitada por la APPO.
Un hecho importante que antecedió a la ejecución de Lorenzo fue la toma masiva de radiodifusoras hecha por el movimiento el 21 de agosto, en respuesta al ataque armado contra las antenas de Canal 9.
En el que fueron desalojadas las mujeres que resguardaban las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CorTv) desde donde se transmitían las ideas de la APPO.
Dicho ataque fue parte del Operativo Limpieza de Vialidades que implementó ese día el gobierno del estado y en el que participaron las caravanas de la muerte.
Un grupo de al menos 60 hombres, presuntamente policías vestidos de civil, atacó por la madrugada las antenas y el transmisor de CorTv, ubicada en el Cerro del Fortín, que estaban en poder de miembros del movimiento magisterial y popular, cortando las transmisiones del Canal 9 de televisión y de la estación de radio 96.9 de frecuencia modulada.
Los agresores arribaron al lugar alrededor de las 3:30 horas, unos a bordo de camionetas y otros caminando por el monte, para disparar en varias ocasiones contra quienes hacían las guardias de vigilancia de las instalaciones, con el fin de dispersarlos y después ingresar a destruir los aparatos.
En el tiroteo resultó herido de un balazo en la pierna izquierda el maestro Sergio Vale Jiménez, de 58 años.
El secretario de Prensa y Propaganda de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Daniel Rosas, reportó además la desaparición de tres maestros, conocidos como José Adelfo, Daniel y Eloy, quienes también se encontraban en el lugar.
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El Estado mexicano se caracteriza por tener una estructura política y jurídica que permite la violación constante de los derechos fundamentales de su población.
Esto responde a que el sistema político se ha desarrollado con un sinnúmero de elementos particulares alrededor del Poder Ejecutivo, poniéndolo como centro del sistema.
Ello ha generado corrupción, impunidad, privilegios, uso patrimonial de los cargos públicos, corporativismo y clientelismo durante más de 70 años. Si bien es cierto que en el año 2000 hubo cambio de partido en el poder, ello no significó una transición ni un cambio de cultura política.
Lo que sucedió fue que esa cultura y los beneficios que de ella se derivan dejaron de concentrarse en un solo partido y se repartieron entre varios.
Es decir, un sistema político que se ha negado el desarrollo basado en la afirmación de los derechos y, por tanto, tiene un deficiente sistema de justicia.
Dicha deficiencia se puede palpar en la falta de independencia del Poder Judicial, en el desconocimiento e incluso el desprecio a las normas internacionales de derechos humanos por parte de los jueces y ministerios públicos.
Ello sin mencionar la existencia de un poder discrecional conferido a las autoridades encargadas de realizar la investigación y persecución de los delitos y las violaciones graves a derechos.
Bajo este marco de deficiencias del sistema político-jurídico mexicano, Oaxaca, uno de los estados con los peores indicadores de desarrollo humano, vivió en 2006 la irrupción de un movimiento social que se inició con las demandas de la Sección 22 del SNTE,
Para luego convertirse en catalizador de la inconformidad de amplios sectores de la población en contra de un gobernador perteneciente al régimen político que en ese entonces acumulaba 78 años consecutivos de hegemonía en la entidad.
Cuando el PRI dejó la Presidencia de la República, en el año 2000, se supuso que entre las reglas del sistema político que habían dejado de operar estaba la destrucción violenta de los movimientos sociales.
El triunfo de la resistencia de comuneros de San Salvador Atenco a la expropiación de sus tierras y la marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la Ciudad de México en los inicios del nuevo gobierno presidido por el PAN…
Parecieron confirmar que, efectivamente, el cambio político en México incluía la aceptación del pluralismo, no sólo en el campo de los partidos, sino también en el de los movimientos sociales.
Sin embargo, lo acontecido en Oaxaca mostró que las antiguas reglas del juego político no sólo estaban lejos de desaparecer, sino que, por el contrario, el federalismo proclamado por el nuevo presidente había derivado en el fortalecimiento del autoritarismo en algunos estados del país.
A la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca –el nombre que tuvo el movimiento social surgido en 2006 luego de la represión ocurrida el 14 de junio de ese año en contra del plantón magisterial–, las autoridades estatales y federales y los poderes fácticos le toleraron sus actividades.
Por un tiempo demasiado largo para los estándares del pasado, aunque desde el inicio emplearon en su contra muchos de los instrumentos ilegales ya conocidos y al final la reprimieron a la antigua usanza: con ferocidad e impunidad.
Para preservar el poder, el aparato gubernamental recurrió a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves a los derechos humanos.
Esta represión generalizada respondió a una serie de planes estratégicos en los cuales participaron grupos armados ilegales creados por los propios cuerpos de seguridad pública estatal, así como también, en momentos clave del conflicto, el Ejército y la Marina.
En septiembre de 2014 fue conformada una Comisión de la Verdad con el fin de dar cuenta de las causas, motivos, modos y circunstancias que rodearon las violaciones a los derechos humanos y/o probables delitos en contra de personas vinculadas al movimiento social ocurrido en el estado de Oaxaca durante los años 2006 y 2007.
La propia existencia de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), presidida por el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra, fue fruto de la lucha que han dado las víctimas y las organizaciones civiles...
Sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos contra la impunidad, y por la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, buscando la no repetición de los hechos agraviantes.
Las Comisiones de la Verdad son organismos oficiales instituidos para investigar e informar de la pauta de las violaciones a los derechos humanos en el pasado. Por lo regular, las expectativas que provocan son casi siempre desproporcionadas con lo que se puede esperar de ellas.
Sin embargo, las Comisiones de la Verdad buscan recordar y reivindicar la dignidad de las víctimas, plantear programas de reparación integral, promover la justicia, así como fortalecer el estado de derecho y la futura protección de los derechos humanos.
Asimismo, pueden resultar herramientas eficientes y eficaces de contraste cuando el Estado busca tergiversar la “verdad histórica” con la finalidad de encubrir o exagerar la realidad, no sólo ante acontecimientos graves, como en el conflicto de Oaxaca en 2006.
O en la ejecución y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, sino también en la cotidianidad, a través de un aparato de comunicación social que tiene como misión generar todos los días propaganda en lugar de información.
Basta identificar que el presupuesto total ejercido por la CVO durante su periodo legal de existencia, entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, equivale al gasto que el gobierno federal hizo para publicitarse en medios de comunicación en tan sólo tres días.
El 29 de febrero de 2016, la Comisión de la Verdad de Oaxaca entregó al Poder Legislativo del Estado, así como al Ejecutivo y Judicial, un informe de más de mil páginas resultado de una investigación hecha durante 18 meses por un equipo multidisciplinario.
Durante su periodo de existencia, aunque no obtuvo el apoyo decidido de los poderes estatales en turno e incluso recibió diversos obstáculos de algunos de sus principales funcionarios...
Sí logró recibir cuantiosos testimonios y evidencias de los hechos ocurridos 10 años atrás en la entidad, los cuales también fueron entregados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como resultado de su trabajo, la CVO contabilizó 27 muertes que pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales, o bien, como responsabilidad del Estado.
En los años del conflicto se reportaron oficialmente 28 desapariciones de personas, de las cuales por lo menos en dos participaron agentes del Estado, mientras que las demás requieren de una investigación judicial para deslindar la responsabilidad oficial.
En el caso de la tortura, ésta se convirtió en una práctica sistemática y generalizada, calculándose en más de 300 el número de víctimas.
Debido a estos hallazgos, que ponen en evidencia la impunidad prevaleciente en Oaxaca, la difusión del contenido del informe Ya sabemos fue bloqueada por diversas instancias gubernamentales:
El Congreso del Estado recortó el presupuesto que estaba destinado para dicha tarea; luego, la administración estatal financió una muy limitada edición del informe, en la cual se omitieron apartados esclarecedores.
Esta edición sin censura que publica Ediciones Proceso se centra en los apartados de Ejecuciones extrajudiciales, Desapariciones forzadas y Tortura.
El contenido de este libro representa apenas una mínima parte del grueso del informe en su conjunto, pero las Conclusiones y Recomendaciones aquí incluidas evidencian de manera general los hallazgos del trabajo hecho por la CVO.
El conocimiento de los sucesos ocurridos una década atrás es importante en múltiples sentidos y sobre todo a la luz del conflicto actual, porque hasta que Oaxaca no atienda las secuelas del conflicto iniciado en 2006 no parece sencillo que puedan solucionarse sus problemas de hoy ni los de los años que sigan.
Ya que mientras que las víctimas de hace 10 años han sido olvidadas, estigmatizadas e incluso criminalizadas, los perpetradores de violaciones a los derechos humanos gozan de impunidad, gracias a lo que fue una amnistía de facto.
Este adelanto del libro se publicó el 24 de septiembre de 2017 en la edición 2134 de la revista Proceso.
http://www.proceso.com.mx/505308/oaxaca-una-decada-impunidad <>

 

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