(Por Rossana A. Cedeño)

Imagen de CORAPE.
Pressenza, Quito, 18 de septiembre.- Gissela Dávila, directora de CORAPE (Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador), conversó con nosotros sobre la importancia del desarrollo del Diálogo Nacional sobre la LOC (Ley Orgánica de Comunicación).
Propuesto por la SECOM (Secretaría Nacional de Comunicación), promoviendo un trabajo plural entre varios sectores de la comunicación a través de convocatorias abiertas, lo que representa un avance en comparación a otros procesos antes realizados.
Para ella, estos esfuerzos deben ser respaldados siempre que exista una sistematización adecuada de los temas tratados en dichas mesas, que han contado con la presencia de representantes de los medios privados y comunitarios, creando un equilibrio positivo donde se han recogido, desde los involucrados, lo que se desea de las reformas en la Ley de Comunicación.
Para CORAPE, los grandes ausentes fueron los usuarios de los productos de los medios: falta saber qué es lo que piensan los colectivos, organizaciones sociales y ciudadanía sobre su papel en el desarrollo de dichas reformas.
El sector comunitario de la comunicación, exige la protección a la Ley de Comunicación, que fue producto de un largo debate entre diversos sectores sociales y gubernamentales antes de su aprobación.
La LOC abre la opción a una pluralidad de voces a través del reparto del espectro radioeléctrico: 33% medios públicos, 33% medios privados y 34% medios comunitarios.
Sin embargo, desde este sector se proponen algunas modificaciones que mejoren la ley con la que contamos.
Por ejemplo, para asegurar que la redistribución del espectro se concrete, es necesario establecer procesos diferenciados, que tomen en cuenta la naturaleza de los medios comunitarios y su sostenibilidad, permitiendo el trabajo voluntario y la no obligatoriedad del título profesional.
Ya que en las zonas rurales e incluso algunas urbanas, no existe gratuidad para acceder a la carrera de Comunicación Social, pero sus habitantes son elegidos y capacitados para desarrollarse en las diferentes áreas de la comunicación, según sus habilidades y motivación.
A pesar de que hay un incremento de casi el 2% en el registro de radios comunitarias, este se debe especialmente a que muchas de ellas, que existían antes con licencias privadas, han gestionado su licencia como comunitarias, como corresponde.
La asignación de frecuencias comunitarias que se esperaba lograr con el concurso, al que ingresaron solicitudes de 300 organizaciones, sigue todavía pendiente. Más de 130 organizaciones están a la espera de la resolución de la CORDICOM.
A pesar de esto, Gissela Dávila considera que, tanto a la ley como al concurso de frecuencias, se les debe dar la oportunidad de desarrollarse como una experiencia piloto en Ecuador, en la que se demuestre que es posible establecer un mecanismo que no responda a las conexiones y favores políticos, que eran los mecanismos anteriores a la LOC.
Por ahora a la CORDICOM le falta apresurar la publicación de los resultados del concurso y revisar los planes de comunicación propuestos por cada organización para que sea designado como medio comunitario.
Por otro lado, está pendiente la auditoría de concesión de frecuencias que ampliaría la disponibilidad del espectro reservado para medios comunitarios, dándoles la opción de visibilizarse; en cuanto a la ley, a pesar de que la mayoría de sectores reconoce que es necesaria su existencia, consideran que no debe ser sancionadora ya que su fin es garantizar los derechos y proteger a la ciudadanía.
Desde su perspectiva, ha resultado positiva la generación de diálogo y debate entre los medios comunitarios y los medios privados, reconociendo las debilidades y fortalezas de cada sector.
Considera fundamental involucrar a la gente, “que la comunidad sea parte del medio y el medio parte de la comunidad”, creando una comunicación participativa y alternativa desde la cual se defiendan y se vivan los derechos.
En las mesas de diálogo se ha solicitado al Estado que apoye a los grupos organizados con la estructura mínima que necesitan para empezar, garantizando el derecho a la comunicación y que, tanto los medios como el gobierno, respondan a la sociedad con responsabilidad.
También se ha propuesto que el 10% del gasto estatal en publicidad, se destine al fortalecimiento de los medios comunitarios.
Gissela Dávila afirma que la Ley Orgánica de Comunicación es una buena ley, que requiere ciertas modificaciones, particularmente en los aspectos de garantía y fortalecimiento de los medios comunitarios y en el tema de sanciones, buscando mejor generar espacios aptos para el debate y audiencias públicas en las que la ciudadanía pueda participar activamente.
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