(Por Leopoldo Ramos. Corresponsal)

Periódico La Jornada, Saltillo, Coah., 30 de agosto.- Decepción de parientes ante falta de resultados de procuradurías. "¿Sospechan de alguien?", se le pregunta a Francisco Javier Arjón Villegas sobre la desaparición de su hermano Carlos Manuel, la mañana del 20 de diciembre de 2011 en Francisco I. Madero, en la región de la Comarca Lagunera de Coahuila.
"No, pues dijeron que eran los de la última letra. Así se identificaron", responde al referirse al cártel de Los Zetas, que asoló la región entre 2005 y 2012.
Carlos Manuel García Villegas tenía entonces 36 años, estaba por casarse y trabajaba de mecánico de autos para una empacadora de carne de Gómez Palacio, Durango, al otro lado del río Nazas, cuyo lecho divide a los dos estados.
Dos compañeros de trabajo salieron temprano a repartir y cobrar los pedidos y horas después uno de ellos llamó para avisar que el vehículo se había averiado. Carlos Manuel y un ayudante los encontraron, pero se trataba de una trampa.
A los cuatro los secuestraron y sus plagiarios pidieron a la empresa un millón de pesos. El pago se hizo, pero los delincuentes no cumplieron y desde entonces se desconoce el paradero de los empleados.
Francisco Javier sigue pistas: "Vamos recabando información con lo que oímos o vemos; caminamos, buscamos". Recuerda las horas que siguieron al secuestro, la llamada de rescate que nunca se concretó y los días posteriores, la Navidad y el Fin de Año más tristes en la historia familiar.
Los representantes del negocio se reunieron con las familias de los secuestrados, les explicaron lo ocurrido y las demandas de los secuestradores.
"La empresa entregó el dinero. Nos dijeron que los iban a regresar y no hemos sabido de ninguno de ellos desde el 20 de diciembre de 2011", recordó Francisco Javier, bibliotecario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de Saltillo.
El vehículo que conducía su hermano y el que se usó para entregar el dinero a los secuestradores fueron encontrados el 2 de febrero de 2012 en un paraje del municipio de San Pedro.
Es la única novedad que las familias de las víctimas tienen sobre el caso, pues ni la Procuraduría General de la República ni la Subprocuraduría para la búsqueda de personas no localizadas de Coahuila les han dado respuestas.
“Les hacemos sugerencias, les decimos ‘necesitamos que investiguen esto o aquello’, todo por escrito, pero no hacen nada, o muy poco”.
Francisco Javier forma parte del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), asociación civil apoyada por la diócesis de Saltillo que agrupa a familiares de víctimas de desaparición.
–¿Qué les ha dejado la lucha por los derechos de las personas desaparecidas?
–Tristeza y decepción del gobierno, porque no ha hecho lo que debe hacer y eso se refleja en la situación del país: está de cabeza. Lo que se está haciendo es por medio de Fuundec.
Estamos en la etapa de recuperación de restos. Se están haciendo estudios completos; hay genetistas, antropólogos forenses.
"Hay que ver la información que ha recabado el gobierno en su banco de datos de ADN y estudiar los restos que se han encontrado. Ojalá que no sea nuestro caso. El lema de nosotros es buscarlos vivos, es lo primero.
No quisiéramos encontrarlos en el otro caso, pero sólo Dios sabe. Se trata de mi hermano menor. Se estaba preparando para casarse."
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/30/estados/027n2est <>