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(Por Stella Calloni, corresponsal)

Protesta por la desaparición de Santiago Maldonado en Buenos Aires el pasado 24 de agosto de 2017. Foto Ap.
La Jornada, Buenos Aires, 24 de agosto.- La fiscalía de la jueza Silvia Ávila cambió el nombre de la causa por la desaparición del joven Santiago Maldonado en Esquel, Chubut, que hasta ahora se investigaba como “NN sobre averiguación de delito” por el de “Desaparición Forzada”.
Coincidiendo con el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que pidió al gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, la adopción de las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del joven.
Solicitó además la CIDH información sobre “las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos” que se produjeron durante la brutal represión de la Gendarmería contra la comunidad mapuche del Pu Lof de Resistencia Cushamen, el pasado 01 de agosto, cuando los testimonios dan cuenta de que Maldonado fue detenido por fuerzas de ese organismos de seguridad nacional.
Esto sucede cuando se están conociendo los verdaderos resultados de las pasadas elecciones primarias, que demuestran un gran intento de fraude ya que el propio gobierno está reconociendo que Unidad Ciudadana, que lidera la candidata a senadora y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ganó en la provincia de Buenos Aires y se advierte que el final del recuento de votos será un nuevo escándalo para el gobierno.
El tema de la desaparición de Maldonado enfrentó duramente en las últimas horas al gobierno con los más importantes organismos de derechos humanos, que habían solicitado una reunión con las autoridades para expresar su preocupación.
Fueron finalmente atendidos por los ministros de Seguridad Patricia Bullrich, de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, respectivamente y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.
A las preguntas de los organismos las respuestas fueron todas vagas, sin argumentos. Bullrich defendiendo a Gendarmería, y por estas horas se conoció un video en el que se advierte la tensión y cómo la reunión termina duramente cuando los representantes del gobierno deciden retirarse.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto aclaró que la reunión del martes pasado con los funcionarios fue “lastimosa y áspera” y manifestó su desagrado por la filtración de la reunión.
“Habíamos pensando que al ofrecernos trabajar en conjunto con el gobierno para la búsqueda tendrían buenos modos pero fue una negativa tremenda y totalmente invulnerable”, dijo en un programa radial calificando como “crueles y casi una burla” las respuestas de los funcionarios.
La actuación de Patricia Bullrich en la reunión fue la misma puesta en escena que realizó cuando debió presentarse ante el Senado, dijo por su parte Lita Boitano, de Madres de Plaza de Mayo a una radio local.
Agregó que "en un momento me salió del alma y les dije: 'ustedes saben dónde está y qué pasó con Santiago Maldonado y no lo quieren o no pueden decirlo', y Bullrich me contestó 'eso no se lo permito', y Garavano también reaccionó, se levantaron todos y se fueron como diciendo que así no se puede.
“Quieren que trabajemos en conjunto. ¿En conjunto con quién? ¿Con Patricia Bullrich? Fue violento, muy violento. Realmente nos dejó muy mal. También Estela en un momento les dijo 'no nos mientan más'. Fue el único tema que tocamos, ni nos atrevimos a nombrar a Milagro Sala”, agregó Boitano.
Garvano al dar la versión oficial de la interrupción abrupta de la reunión dijo que los organismos de derechos humanos “cruzaron un límite”.
La mañana de este jueves, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini denunció que amenazan con desalojar la Universidad de las Madres, llamando a la solidaridad, mientras se van conociendo diversos tipos de amenazas en algunas provincias donde se desarrollan juicios por delitos de lesa humanidad y se atrasan otros, que ya deberían estar resueltos.
Por su parte, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció agravios y amenazas de muerte contra su secretario general, José Schulman, sobreviviente de la pasada dictadura (1976-1983), quien estuvo detenido en Santa Fe y fue testigo y querellante en causas por crímenes de lesa humanidad en esa provincia.
En este caso, la Fiscalía Federal de esa provincia, pidió al juez Reinaldo Rodríguez investigar al comisario retirado Orlando Agustín Gauna y a otras tres personas identificadas como Marcelo Michelli Ramos, Ricardo Salomé y Horacio Ramella.
Gauna comenzó los agravios y las amenazas contra Schulman el pasado 3 de agosto en la red social Facebook, donde lo llamó “mentiroso” y “dirigente del Partido Comunista” que “se paseaba en la década del 70 con una 38 en la cintura… ahora con total hipocresía, se dedica a hacer falsas imputaciones contra uniformados, por supuestos delitos hoy llamados de lesa humanidad”, señala el ex policía.
En el intercambio Michelli Ramos comenta: “Un paseíto en avión por el Río de la Plata y listo” a lo que añadió el otro involucrado Salomé, asegurando que “a todos estos…. asesinos hay que escracharlos (señalarlos)…” y Ramella propuso “…colgarlo en la vía pública”.
Gauna integra la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), que reivindica a los represores de la dictadura, de la que participó activamente y estuvo a cargo de la Comisaría Segunda de la capital santafesina, que formó parte del plan de exterminio del Segundo Cuerpo del Ejército que trabajó con la Policía Provincial y otras fuerzas de seguridad.
También en lo político se han producido en poco tiempo una serie de amenazas, como disparos contra sedes de la organización la Cámpora,
De la misma manera y en otro ámbito varios sindicalistas denunciaron como una grave violación al derecho de la protesta de los trabajadores, la evidente “venganza” del presidente Mauricio Macri.
Quien al día siguiente de la multitudinaria manifestación de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos, dispuso el despido de dos funcionarios del Ministerio de Trabajo cercanos al sindicalismo.
Se trata de Ezequiel Sabor, viceministro de Trabajo, y Luis Scervino, superintendente de Servicios de Salud, organismo que se encarga de la distribución de los millonarios fondos de las obras sociales.
Sabor es considerado un histórico macrista que surge de la Fundación Pensar del presidente pero era cuestionadoen su entorno por su amistad con los dirigentes Hugo Motyano y Luis Barrionuevo.
Mientras que Scervino es un sanitarista muy reconocido por los gremios. Fue director médico de la obra social del Sindicato de Obras Sanitarias y uno de los principales expertos de la CGT en materia de seguridad social y tiene buenas relaciones con sindicalistas.
Este fue un mensaje de Macri, que en lugar de intimidar ha actuado como alguien que tira dinamita a una fogata que está encendida por la grave situación del país, el desempleo masivo y las amenazas de nuevos aumentos que serían “imposibles de tolerar”, como señalan los dirigentes.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/24/desaparicion-forzada-la-de-santiago-maldonado-fiscalia <>