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(Por Itzel Grajales. VÍA LIBRE)

Recibido de María Victoria Eraso, corresponsal de Prensa Indígena.org - Tuxtla Gutiérrez, 6 de abril.- Más de 84 mil hectáreas de Chiapas y Tabasco están en riesgo de despojo y contaminación ambiental, por las concesiones que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía (Sener) podría autorizar a empresas nacionales y extranjeras, denunció Juan Guerrero Hernández, integrante del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia.
 
Este jueves en una rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de Eliseo Trinidad Hernández, secretario académico del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad (Cecocise) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), detalló que la Sener informó sobre estos procesos de licitación para el concesionamiento de pozos de extracción de hidrocarburos, en agosto de 2016.
Explicó que las hectáreas en riesgo están clasificadas en dos bloques que integran los municipios de Tecpatán, Francisco León, Ostuacán, donde prevén extraer aceite superligero y gas húmero; además de Chapultenango, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (en Tabasco), de donde obtendrían aceite ligero y superligero.
Estas actividades, enfatizó, afectarían el desarrollo de los pueblos indígenas y el equilibrio ambiental de la zona; sin embargo, la Sener no ha llegado a todos los municipios involucrados, para celebrar asambleas y realizar consultas a sus habitantes.
"Esto violenta el protocolo de consulta que se debe establecer para proyectos de estas características, lo cual está asentado en la Ley de Hidrocarburos, e incluso en las normas internacionales", pero además, se observó que previo al proceso de licitación, no se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental.
Esto es necesario, advirtió, porque este tipo de proyectos, para que sean viables, requieren del cambio de uso de suelo del territorio, "en tanto, las 84 mil 500 hectáreas dejarían de estar destinadas a las actividades agropecuarias que sustentan la vida de los pueblos zoques, para beneficiar a las empresas extractivas, "que dejarían tras de sí, un paisaje desolador".
Guerrero Hernández subrayó que las comunidades afectadas se organizaron para hacer frente al despojo de su territorio y defender su derecho a la autodeterminación, con movilizaciones mítines, foros, conferencias de prensa y asambleas comunitarias y municipales.
"Porque son más las afectaciones, entre ellas los desplazamientos migratorios, la contaminación del suelo, el agua y el aire; la pérdida de la biodiversidad, el desequilibrio ambiental, la disminución de producción alimentaria, y el daño patrimonial y de la salud pública".
Sólo en el municipio de Chapultenango, apuntó, se ha reunido unas dos mil firmas en 22 actas de asambleas comunitarias, de ciudadanos que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio, "así como lo ha hecho Francisco León, Tecpatán e Ixtacomitán".
«»Silvia  está libre, pero no del todo.
El movimiento denominado "Defensa del Territorio Zoque" ha recibido respuestas intimidatorias del gobierno federal y el gobierno del estado; la más clara, enfatizó, fue la detención de la activista Silvia Juárez, el 21 de febrero.
Después de 35 días de estar recluida en el penal "El Amate" por delitos "fabricados" de secuestro, daños y motín, Juárez obtuvo su libertad el pasado 28 de marzo porque hubo un desistimiento de la acción penal, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
No obstante, "sus derechos humanos como defensora del territorio siguen siendo violentados", por las restricciones jurídicas y políticas que le impusieron.
Porque no le permiten regresar a su lugar de residencia, y el juez de control, César Rodríguez Flores, consideró que debe estar sujeta a proceso, puesto que existen elementos para acreditar el delito de daños.
Además, Guerrero Hernández denunció que el presidente municipal de Tecpatán, Armando Pastrana Jiménez, inició una campaña de desprestigio en su contra, al exigir que sea reaprehendida.
Juárez –lamentó- "no puede regresar a su hogar con su familia, y quienes cuentan con orden de aprehensión no pueden desenvolver su vida plena y en calma".
En nombre del Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia exigió la libertad incondicional de Silvia Juárez Juárez; y la cancelación de las órdenes de aprehensión que hay en contra de otros activistas que defienden el territorio Zoque•