(Por Yasmary Troconis)

Recibido de María Victoria Eraso, corresponsal de Prensa Indígena.org – 2DOenfoque, 2 de enero.- Un juez especialista en tierras ordenó que se instale un puesto de control de la Policía Estadal y que  el Ejército aumente su pie de fuerza en La Cordillera. 
 
 
Dentro de Colombia ya no se habla mucho de grupos paramilitares; sin embargo, al estudiar las medidas de protección que solicitó una comunidad nativa en noviembre pasado, un juzgado de Tierras de Pereira dio el paso y lo dijo claramente:
"El conflicto armado en Colombia ha sido reorientado a actividades relacionadas con el narcotráfico y por consiguiente es un factor de riesgo para la existencia de los pueblos originarios".
En este caso, se refería en especifico al pueblo Embera Chamí del resguardo La Albania, ubicado en Caldas, cuyos 286 integrantes se encuentran en peligro inminente por cuenta de carteles de droga que se conformaron tras la desmovilización del Bloque Central Bolívar (BCB).
Buscando las maneras de disminuir los riesgos que corren solo por vivir en esa zona, los Embera  Chamí de La Albania recurrieron al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira.
El cual le acaba de ordenar a la Unidad Nacional de Protección que haga todo lo necesario para proteger al exgobernador del resguardo Arnoldo Arcila "y demás miembros y líderes del comité de gobierno del resguardo La Albania, amenazados por parte de los grupos delincuenciales organizados".
Los nativos hicieron la denuncia ante la justicia, donde señalaron que, especialmente en La Cordillera, controlan el territorio con el propósito de controlar "el tránsito de drogas y expendio dentro de territorio nativo".
Lo más grave, según aseguraron, es que están obligándolos a todos al consumo: "Las acciones de los grupos delincuenciales consisten en forzar a los pobladores a expender drogas, distribuir dosis a menores de edad.
Para estimular el consumo e intimidar y amenazar a los integrantes del resguardo, especialmente líderes y guardianes nativos, quienes se encuentran en un grave estado de indefensión y temor de que las amenazas se materialicen en hechos fatales".
El hecho de forzar a nativos, campesinos o pobladores de zonas rurales a consumir drogas es un fenómeno que desde hace poco ha venido detectando el Ministerio de Justicia.
Por ende, todos los peligros que acechan al resguardo nativo La Albania, consideró el juez, son un asunto de interés para todo el Estado•