Recibido de Javier Arjona, corresponsal de Prensa Indígena.org – 12 de noviembre.- Acabamos de recibir respuesta administrativa  del Procurador  67 Judicial  II Penal- CALI, Colombia..  en relación a una petición de Justicia del que nos habíamos hecho eco en Soldepaz.Pachakuti en septiembre: La nota del Sr Procurador es positiva y el militar señalado de muy graves atrocidades está detenido.
 
El caso está  en trámite de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  ¿por qué? ¿por qué fuera de Colombia?
Porque los hechos ocurrieron en octubre de 2004 y la justicia colombiana…no resolvía nada, hasta ahora, en que la Corporación Justicia y Dignidad lanzó de nuevo campaña mundial.
La Fiscalía informó ahora en octubre  que el  sargento del Ejército  Juan Pablo Sierra Daza fue enviado a la cárcel al ser señalado por los delitos de tortura, acto sexual abusivo y acceso carnal violento contra cuatro mujeres.
Los hechos se registraron en la última semana de octubre de 2004 cuando el suboficial era el comandante del pelotón Austria del batallón de Infantería N° 25, que operaba en las veredas Arizona y La Independencia, del municipio de Puerto Caicedo, en Putumayo.
Según la fiscalía cuatro mujeres que se desplazaban desde dichas veredas hacia Puerto Caicedo para comprar víveres fueron retenidas por varios soldados y algunos miembros del Frente Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), y el jefe militar ordenó amarrarlas, las torturó y abusó sexualmente de ellas durante dos días.
Posteriormente, las amenazó de muerte si confesaban lo ocurrido.
La Fiscalía indica que el sargento segundo Juan Pablo Sierra Daza se encuentra recluido en las instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, donde además cumple dos condenas de 23 y 24 años por cuatro homicidios perpetrados en Puerto Caicedo.
Es decir... no en una cárcel, sino en las instalaciones militares.
La Corporación Justicia y Dignidad había indicado que el Estado ha desatendido sus obligaciones , y por el contrario, a través de la Fiscalía, ha incumplido sus compromisos constitucionales de establecer verdad, justicia y reparación para estas campesinas que fueron agredidas por agentes estatales.
Los militares y paramilitares privaron de la libertad a siete indefensas mujeres campesinas y las sometieron a torturas e indecibles vejámenes contra su dignidad, mediante actos de violencia sexual, violencia física, psicológica.
Amenazas, disparos con arma de fuego, amenazas y lesiones con arma corta punzante; amarres, tratos injuriosos, privación del alimento, todo con el fin de obtener confesiones de delitos no cometidos por las campesinas.
A Rosalía Benavides Franco, luego de someterla a múltiples afrentas la ejecutaron extrajudicialmente con arma corta contundente y bajo el amparo que les concedía el terror, lanzaron el cadáver desmembrado al aljibe del que tomaba el agua la comunidad.
Las seis mujeres campesinas sobrevivientes fueron violentadas carnalmente en los días sucesivos por sus captores.
A tres de ellas las privaron de la libertad en la residencia del poblado durante tres días, tiempo durante las sometieron a torturas, amenazas y violencia sexual con el uso de armas blancas y tiros de fusil.
No obstante la gravedad de los crímenes y la existencia de abundante material probatorio en manos de la fiscalía, solo por solicitud de la Corporación Justicia y Dignidad, el 8 de octubre de 2010, 6 años después de los hechos, la fiscalía segunda especializada de Mocoa Putumayo dispuso la indagación preliminar.
Posteriormente el caso fue asignado a la fiscalía 70 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos de Cali (UNDH-DIH), con radicación 9044-70, delegada que pese a tener en sus manos sendas declaraciones de las afectadas…
Y existir las minutas de guardia militares que acreditan los hechos así como múltiples declaraciones de los soldados que fueron testigos de los hechos y que corroboraron los documentos escritos que incriminan a los implicados…
Pese al reconocimiento expreso de los hechos del sargento Sierra Daza, en ampliación de indagatoria en octubre de 2015, la fiscalía 70 ni siquiera resolvía la situación jurídica a este implicado luego de doce años de ocurridos los hechos.
Pese a la valoración psicológica a las afectadas de mayo de 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la que se destaca la correspondencia entre los hallazgos psicológicos, la información histórica aportada y los hechos victimizantes, el ente acusador permanece impávido contribuyendo a la impunidad.
Pese a que los contundentes informes periciales fueron realizados minuciosamente conforme al protocolo de Estambul, manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En los que se encontraron graves afectaciones psicológicas permanentes en el tiempo, para la fiscalía es letra muerta, no es un elemento suficiente para resolver siquiera la situación jurídica.
Para la fiscal 70 de la UNDH-DIH, pese a que la valoración de medicina legal dispone la atención psicoterapéutica de estas mujeres abandonadas por el Estado por un crimen cometido por sus agentes, su inactividad resultaba reflejo del irrespeto por la dignidad humana.
Pese a la gravedad de los hechos y a que el proceso penal debe ser un medio para el reconocimiento de los derechos de estas humildes mujeres, el Estado a través de la fiscalía incumplía sus obligaciones constitucionales y convencionales de establecer la verdad, la justicia y la reparación, instaurando en el caso la más repugnante impunidad.
Por ello, en la Carta de la que nos hicimos eco en Asturias, se  Solicitaba al Fiscal General de la nación, doctor Néstor Humberto Martínez, la reasignación inmediata del presente proceso a una fiscalía destacada en género que garantizara de manera efectiva y pronta los derechos de las mujeres víctimas de tan graves crímenes y se garantice a la sociedad el derecho a la no repetición de los mismos.
El 10 de octubre de 2016, la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dispuso TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administracion de justicia para estas mujeres víctimas.
Encontró la Sala que está demostrada la dilación injustificada de la investigación penal, 12 años después, y ordenó prisión preventiva para el militar.
Un mes después nos notifica esa decisión el Sr Procurador.
La Corporación Justicia y Dignidad ha solicitado a la Delegada de Género y Mujer de la Defensoría del Pueblo, efectuar el seguimiento al cumplimiento del acceso a la justicia y al debido proceso  de las víctimas y garantizar el cumplimiento efectivo de la ruta en salud y en la Ley de Victimas como lo dispone el  fallo de tutela Tribunal de Cali.
Hemos respondido al Procurador agradeciendo la respuesta e indicando que seguimos pendientes de que el proceso prospere y se cumpla con Justicia.

La delegación asturiana de verificación a los ddhh visitó el Putumayo en 2010:
“La Delegación Asturiana denuncia la actitud intimidatoria, hostil y amenazante de las Fuerzas Armadas colombianas con esta misión internacional. El 2 de febrero en Piñuñanegro, Departamento de Putumayo, un helicóptero militar aterrizó junto a la escuela de la localidad.
Los Generales Cabrera y Colón, al mando de varios oficiales y numerosa tropa que portaba armas de guerra, junto a civiles armados que los acompañaban y que fotografiaron a los miembros de la misión, interceptaron a la Delegación Asturiana.
Con el objetivo evidente de amedrentarla e impedir que sobre el terreno constatara las violaciones y transgresiones del Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública:
barcos militares con armamento de guerra atracados dentro de la localidad, requisas y registros por parte de militares a población civil, soldados sin identificaciones ni uniformes reglamentarios, helicópteros militares aterrizando junto a la escuela, militares acampados dentro de las casas del pueblo, poniendo además en peligro la vida de la población civil en caso de combates.
La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias expresa su voluntad política y su compromiso permanente para apoyar todos los esfuerzos que se hagan para encontrar la paz con justicia social en Colombia.
Y contribuirá a crear espacios de diálogo y debate para encontrar una salida negociada al largo conflicto político, económico, social y armado que vive el pueblo colombiano.”  
http://revista-amauta.org/2010/04/vi-delegacion-asturiana-de-verificacion-de-derechos-humanos-en-colombia-presenta-informe-documental-y-audiovisual-2010/
www.pachakuti.org