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México: En riesgo integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan


(Por Atziri Ávila / Desinformémonos)

Tomado de Kanto Libre, Ciudad de México. Desinformémonos. 12 de septiembre.- “El incremento de agresiones en mi contra y contra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en el Municipio de Cómala, Colima, se dio luego de la destitución de María Elena Díaz, delegada de la Procuraduría Agraria.
 
El hostigamiento y persecución fue a tal grado que tuve que desplazarme de manera definitiva del estado” afirma Esperanza Salazar, Coordinadora de la organización ambientalista Bios Iguana.
Desde su creación en 2013, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan ha recibido amenazas, hostigamiento y persecución por su labor en defensa de la tierra y territorio.
Agresiones físicas, desplazamientos, campañas de difamación y la división de la comunidad, son algunas de los impactos derivados del intento de imponer el proyecto minero encabezado por la empresa mexicana Gabfer S.A. de C.V. vinculada a empresas transnacionales canadienses.
“Actualmente el proyecto culminó su fase de exploración y la empresa, en colusión con el gobierno del estado de Colima, busca iniciar el proceso de explotación de oro, plata, cobre y manganeso pero la comunidad nahua ha manifestado su desacuerdo con el proyecto.
Que afectaría al menos 100 hectáreas a las faldas de la reserva de la biosfera, el agua y los recursos naturales de la población”, asegura la defensora ambientalista, quien es también integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA – México).
Ante el proyecto minero a cielo abierto, la complicidad del entonces presidente de bienes comunales Carlos Guzmán, la empresa y las propias autoridades, la comunidad declaró en Asamblea a su territorio como libre de minería, lo cual fue además avalado por el Tribunal Unitario Agrario Número 38, en mayo de 2015.
En una asamblea posterior, la comunidad nombró a Taurino Rincón como nuevo presidente de los bienes comunales, quien desde antes de su elección fue amenazado, y desconocido por la propia Procuraduría Agraria.
Pese a la intimidación, el propio Consejo Indígena se manifestó de diversas maneras pacíficamente hasta lograr el reconocimiento del nuevo comisariado que, contrario al anterior, vela por la decisión de la comunidad.
Este reconocimiento ha valido también de actos de intimidación aunque la sentencia 434/15 del Tribunal Unitario Agrario respalda la decisión de la comunidad y desconoce la asamblea amañada realizada por la ex delegada de la procuraría Agraria, quien en nueve minutos intentó avalar el paso de la minería al territorio nahua.
Ante el incremento exponencial de las agresiones y el desplazamiento de Esperanza Salazar, una de las acompañantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales se pronunció contra “las campañas de difamación y amenazas de muerte, que han derivado en el desplazamiento de algunas de sus integrantes y el desmenbramiento de su organización”.
La Red aseguró que defender y acompañar a quienes defienden su territorio, “la ha hecho vulnerable a una serie de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos” por lo que manifestaron su “total indignación ante el hostigamiento sufrido durante el proceso de desplazamiento, lo que agudiza y vulnera aún más su integridad”.
El hostigamiento reciente al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y a integrantes de la organización Bios Iguana forma parte de la intimidación constante que han tenido por su oposición al megaproyecto desde 2013.
La defensora Esperanza Salazar recuerda que “desde ese momento hubo amenazas de muerte contra Jesús Santos, integrante del Consejo indígena, violencia verbal contra Dilva Peña, también del consejo y en ese mismo año Gabriel Martínez Campos, integrante de Bios Iguana fue detenido momentáneamente por la policía estatal.
A pesar de que hay sentencias a favor de la comunidad y de que está frenado el trabajo “no podemos decir que hemos ganado, pues acciones como las de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elene Díaz Rivera, quien abiertamente colaboró con la empresa minera e intentó cambiar el régimen de tierra de comunal a ejidal para que fuera más fácil negociar con empresarios que con la comunidad indígena” son latentes.
Además las afectaciones a la comunidad en general pero principalmente hacia las mujeres indígenas siguen siendo de mucha preocupación pues las y los habitantes del lugar que están en contra de la mina han decidido permanecer en el lugar.
Organizaciones como Acción Ecológica de Ecuador; el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales,  Colectivo CASA de Bolivia; el Programa Democracia y Transformación Global,  PDGT de Perú; Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides de Perú.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA de Chile; la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES de El Salvador; Ceiba,  Amigos de la Tierra de Guatemala; Mujeres del Valle de Siria de Honduras; el Centro Latino Americano de Ecología Social de CLAES de Uruguay.
La Asociación Censat Agua Viva de Colombia y la Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA de México además de manifestar su respaldo hacen un llamado urgente a la solidaridad Internacional para “estar atentas y atentos a este caso, el cual ratifica la situación de criminalización.
A la que están expuestas las defensoras por parte del gobierno estatal en contubernio con las empresas transnacionales, quienes buscan implementar una estrategia perversa del modelo extractivista, patriarcal y criminal en los territorios indígenas”, afirmaron las organizaciones.
https://desinformemonos.org/en-riesgo-integrantes-del-consejo-indigena-por-la-defensa-del-territorio-de-zacualpan-esperanza-salazar/
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