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(Columnistas El Siglo)

Recibido de Luisa Toro Cofre, 6 de julio.- La decisión de la Presidenta en orden a querellarse por las graves injurias, es enteramente justa y debe ser analizada en ese contexto. Eduardo Contreras, Abogado.
La justa querella presentada por la Presidenta de la República en contra de una de las publicaciones del grupo Copesa, la revista Qué pasa, generó declaraciones de variado tono. Abundaron las críticas que hablan del “respeto a la libertad de información”, muchas  provenientes de quienes fueron partidarios del golpe de Estado de 1973 que implicó censura total a la prensa y cárcel y muerte a periodistas.
 
Más allá de la buena o mala fe de tales personeros, ocultan lo esencial del episodio si nos atenemos a la realidad política chilena y su contexto regional.
Porque una cosa es la defensa de la libertad y el derecho a la información que son patrimonio histórico de las fuerzas de izquierda de este país, y otra muy distinta es hacer la vista gorda con lo que realmente es el fondo de la situación.
En los hechos, los críticos de la acción judicial terminan colaborando con la permanente campaña contra el proceso de cambios del gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría, como otros hacen contra los gobiernos progresistas de la región.
A propósito del episodio recordemos la trayectoria de algunos de los que hoy rasgan vestiduras por “el respeto a los derechos de la prensa” y que fueron inductores al alzamiento armado contra el gobierno constitucional del presidente Allende de 1973; entre ellos hay algunos propietarios de medios de comunicación de la época.
En el caso de El Mercurio, por ejemplo, don Agustín Edwards ha reconocido judicialmente su encuentro con el director de la CIA norteamericana en septiembre de 1970, días después del triunfo electoral de la izquierda.
Otro crítico ha sido el ex presidente Piñera, el mismo que durante su mandato cerró el periódico La Nación. Otra publicación consentida por Pinochet fue La Tercera y nadie debe olvidar jamás que mientras pasó lo que sabemos con la prensa y los periodistas, La Tercera y El Mercurio siguieron circulando y fueron funcionales incluso en operativos como los casos de los “119”,  Marta Ugarte, o “Fuenteovejuna”, etc. La revista Qué pasa, si bien no existía en esa época, es parte del grupo empresarial de  La Tercera.
La nueva ofensiva contra la Presidenta no es un hecho aislado. Los medios de comunicación vinculados a los sectores más conservadores de la sociedad han sido y siguen siendo históricos aliados de la intervención norteamericana en nuestro continente.
En el pasado, en el marco de la llamada “guerra fría”. Hoy, en contra de los gobiernos progresistas que han intentado revertir el modelo impuesto por las transnacionales.
Cualquiera sea su desenlace, la decisión de la Presidenta en orden a querellarse por las graves injurias de que ha sido víctima por un medio vinculado a otro que fuera funcional a la dictadura, es enteramente justa y debe ser analizada en ese contexto.
Porque además estimamos que el actual gobierno, más allá y por encima de errores o de contradicciones, es, objetivamente, el primer gobierno post dictadura que da comienzo, por fin, al proceso de transición democrática.
Por más que los apologistas del fracaso sostengan que este gobierno “será recordado sólo por el caso Caval”, en realidad lo será porque puso fin al sistema electoral binominal, porque inició la reforma tributaria, la recuperación del derecho a la educación, al trabajo, a la salud y, sobre todo, por iniciar el proceso por una Nueva  Constitución.
Por lo que merece respeto y reconocimiento. No intrigas ni golpes arteros•