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(Por Armando Guzmán)
Villahermosa, Tab., 30 de diciembre. (apro).- Pobladores de 75 comunidades indígenas chontales de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez amenazaron con cerrar nuevamente pozos petroleros de Pemex ante el incumplimiento del pago de indemnizaciones y obras sociales.
En agosto pasado, luego de 44 días de bloqueos a pozos petroleros en seis municipios y la pirámide de Petróleos Mexicanos (Pemex) en esta capital, donde se encuentran las oficinas de Pemex Exploración Producción de la Región Sur, la empresa y afectados firmaron una minuta para acabar con el conflicto.
Pemex se comprometió a pagar los daños a propiedades de más de 30 mil campesinos de 75 comunidades de Nacajuca y Jalpa de Méndez por la explosión del pozo Terra 123, ocurrido en octubre de 2013.
Se acordó que a partir del 25 de agosto iniciarían las inspecciones para evaluar los daños y luego de los dictámenes, la empresa tendría hasta el mes de diciembre para pagar las afectaciones, adicionalmente a la realización de 95 obras sociales  en ambos municipios.
Además, Pemex se desistiría de las denuncias penales que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de líderes comunitarios y delegados municipales que encabezaron los bloqueos, liderados por la diputada local perredista Verónica Pérez Rojas.
El acuerdo se firmó el 20 de agosto, después de ocho horas de tensas negociaciones. A partir de ese día se liberaron los  accesos a los pozos petroleros en seis municipios y la Pirámide de Pemex que los inconformes mantenían bloqueados.
Ayer, los pobladores afectados y la diputada Pérez Rojas se reunieron con el gerente de Desarrollo Social de Pemex, Bernardo Bosch Hernández, para reclamar el incumplimiento de la minuta firmada.
La legisladora informó que la empresa pidió prórroga hasta febrero próximo para tener los resultados de las inspecciones, pero los afectados solo dan de plazo hasta el 30 de enero. En caso que la empresa no acepte, volverán a bloquear pozos petroleros y la pirámide de Pemex.
Pérez Rojas denunció que el atraso se debe a que otros grupos se “montaron” en la lucha que ella encabeza para que Pemex pague daños, entre ellos los abanderados por los alcaldes perredistas de Nacajuca y Jalpa de Méndez, Pedro Landero y Domingo García, así como diputados del PRD de esos distritos.
Por su lado, Bosch Hernández reconoció que hay retrasos para cumplir los compromisos pactados, pero justificó que obedecen a problemas internos de las comunidades y no es imputable a Pemex.
Dijo que cuando personal de la empresa llega con maquinaria para realizar trabajos, por problemas internos los habitantes no los dejan entrar.
El gerente de Desarrollo Social de Pemex detalló que de las 95 obras pactadas, en las que se tiene proyectado invertir 195 millones de pesos, hay cuatro terminadas, 60 están en proceso de ejecución y 27 están por comenzar, mientras que otras no serán posibles porque los ayuntamientos de Nacajuca y Jalpa de Méndez están haciendo algo similar.
Mencionó que la supervisión de campo para la evaluación de daños en Nacajuca está concluida y en Jalpa de Méndez va al 70%, y que el atrasó se debió a que tuvieron más solicitudes a las planteadas en un inicio.
Los campesinos e indígenas afectados por las actividades de Pemex reclaman el resarcimiento de daños a sus viviendas, cultivos y animales de traspatio, así como la rehabilitación de carreteras.
http://www.proceso.com.mx/?p=391861